Un letrero advirtió a cientos de personas que usan dicha playa para embarcar y desembarcar, sobre el cierre de actividades, debido a que autoridades concesionaron el espacio
Pescadores y prestadores de servicio de la colonia El Manglito denuncian ser víctimas de despojo por parte del Gobierno del Estado y de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), debido a que concesionaron el área por donde acceden al mar que ha servido para embarque y desembarque para las y los habitantes de La Paz.
En el cruce de 5 de Febrero y Calle Rangel, aparece un letrero en la zona de embarque donde los pescadores y prestadores de servicio inician sus actividades todas las mañanas. Se les advierte que desde el 7 de junio de este año, sólo se permite la salida de bienes muebles, ya que el área ha sido concesionada por APIBCS.
“API cuenta con una superficie de 11, 189 M2 concesionada en esta zona. Dicha superficie fue materia de un contrato de cesión parcial de derecho celebrado por APIBCS con un particular el día 21 de marzo de 2021. Por lo anterior procede a restringir el acceso y únicamente se permitirá la salida de bienes muebles a partir del 7 de junio de 2022”, se lee en el aviso.
La incertidumbre corrió entre las personas que requieren de esa zona para entrar y salir de la bahía en sus embarcaciones, por lo que el reclamo fue inmediato.
Aquellos que se dedican a extraer especies marinas para venta y consumo llevan ya un recorrido en la lucha para evitar ser totalmente despojados de Playa El Manglito, ahora se suman más de 150 prestadores de servicios turísticos que se verán afectados por el cierre del paso a embarcaciones.
Expusieron que cientos de familias que quedan en estado de vulnerabilidad por el despojo, ya que, para entrar al mar, se verán obligados a pagar en marinas, lo que encarecerá precios de productos y servicios.
LLAMAN A LA RESISTENCIA
La movilización de personas afectadas desembocó en una reunión para determinar cuáles serán las acciones para que el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, los escuche y les regrese el espacio que siempre ha pertenecido a la comunidad.
Cientos de pescadores y prestadores de servicios turísticos dejaron en claro que la resistencia contra desarrollos inmobiliarios es la única salida, al no encontrar opciones viables por parte de las autoridades portuarias de Baja California Sur.
En dicha reunión acordaron que interpondrán un oficio de inconformidad contra el despojo “orquestado” por APIBCS desde la administración de Carlos Mendoza Davis (2015-2021) y, de no detener el avance de desarrollos sin pensar en la población, se dañará la cadena económica y de producción en la ciudad. Precios de productos básicos, como el pescado, también incrementarán, por lo que la afectación no sólo será para las familias que dependen de estas actividades.
La única opción que dará certeza a las y los afectados, es la revocación de la concesión, ya que la alternativa que recibieron por parte de APIBCS es otra ubicación para desembarque y embarque, lo cual, aseguraron, no es viable.
Subrayan que la distancia y las maniobras que se requieren para entrar al mar en esos nuevos accesos propuestos por autoridades portuarias, simplemente no permitirían un desarrollo adecuado de las actividades marítimas.
En las conversaciones que se mencionaron en la reunión, comentaron que a pesar de que los quisieron amedrentar diciéndoles que en Playa El Manglito habrá una inversión millonaria, se irán a la defensa del espacio y continuarán usándolo, lo permita la autoridad o no.
Jorge Tamez Osuna, representante de las y los inconformes, recalcó que el moverse a otra zona no está a discusión y no cambiarán de lugar de trabajo.
“No venimos a pelear, simplemente venimos a explicarle al gobierno que esta playa no se puede entregar porque está en uso. Si un político la entregó, malamente. No estaba sola la playa, no estaba en desuso”, manifestó, para posteriormente revelar que más de 450 familias viven de las actividades que se generan en la playa El Manglito.
REVOCACIÓN, ÚLTIMA OPCIÓN; BUSCAREMOS ACUERDOS: APIBCS
En entrevista para ZETA, Narciso Agúndez Gómez, titular de Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, refirió que revocar la concesión sería la última opción, por lo que buscan acuerdos entre el nuevo propietario de la zona, pescadores y prestadores de servicio.
Recordó que el proceso de entrega de concesión inició con la administración estatal que terminó en septiembre de 2021 y fue al nuevo gobierno a quien “le tocó la papa caliente”.
En marzo de 2021, mencionó, se registró un contrato ante la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) por un concurso público que se realizó para ceder parcialmente los derechos de esta área a un tercero.
El director de APIBCS confirmó que la concesión de 25 años se entregó a Desarrollos Visión, S de RL de CV, empresa que pretende construir una marina en El Manglito.
De acuerdo con una revisión en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, la de nombre Ana Karina Angulo Esquer aparece como propietaria mayoritaria de Desarrollos Visión. En tanto, en documentación periodística de este Semanario, figura como esposa prestanombres del empresario inmobiliario Luis Cano Hernández.
En columnas y trabajos periodísticos, a Cano se le atribuye la compra de un porcentaje del mogote que se encuentra frente al Malecón de La Paz. En esa zona, en los últimos años, se han construido edificios y otros desarrollos.
Fue en el gobierno de Leonel Cota Montaño (1999-2005) cuando se privatizó una parte del mogote y se entregó a Luis Cano.
En ese contexto, Agúndez Gómez comentó que buscan que los prestadores de servicios y pescadores sean contemplados dentro del proyecto de Desarrollos Visión, “se hizo el concurso, se dio un ganador, el contrato se envió a Ciudad de México, a registrar a la Dirección General de Puertos. Ya nosotros en esta administración, nos llega ese contrato y lo que estábamos procurando era darle el seguimiento administrativo, si caemos en incumplimiento, obviamente podemos ser sujetos a alguna sanción por falta administrativa”.
Por ello, reiteró que lejos de llegar de manera “bélica” a hacer una rescisión de contrato, agotarán las vías de comunicación y posteriormente tomarán decisiones, dependiendo de los acuerdos que se logren.
Por otra parte, aseguró que los pescadores ya estaban en el radar, sin embargo, los reclamos de los más de 150 prestadores de servicios son nuevos, aunque buscarán una forma de que queden integrados en el proyecto.
“Los prestadores de servicios que utilizaban esa área para llegar por las mañanas, botar su embarcación y ya por la tarde se retiraban, no son una sociedad legalmente constituida, son microempresas y prestadores de servicios independientes que utilizan la zona”, mencionó.
“No son agrupación ni sociedad civil, dieron trámite para dar la entrega del área, ya que legalmente es lo que se establece. Así nos compete, independientemente que estemos a favor o en contra de la cesión parcial de derechos, es un trámite legal que tenemos que continuar”, agregó.
A pesar de que las y los afectados ya respondieron que no aceptarán otras áreas para embarque y desembarque, Agúndez Gómez insistió en esta opción:
“En estricto sentido es una propiedad privada, ya ellos (concesionarios) pudieran manifestarse a favor o en contra de esto. La intención de nosotros es convocar a las partes y nos harán saber sus posturas”.
Aclaró que a pesar del letrero que advierte que sólo permitirán salida de bienes muebles en la zona, las personas pueden seguir usando el acceso para embarque y desembarque.
Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío declaró que revisarán todas las concesiones que ha otorgado APIBCS. Detalló que se han encontrado con diversas irregularidades en los precios que se ofrecen a los desarrollos, calificándolos como “injustos” para la ciudadanía.
“Estamos revisando porque esa concesión se dio en el gobierno pasado, así como en la concesión de gas en el recinto portuario. Tenemos que revisar, no hay nada que justifique recibir dinero para una concesión, creo que se utilizó para la ampliación del Malecón, pero ¿a qué costo?”, cuestionó.
Por último, lanzó una advertencia: revisarán todo jurídicamente para saber si es necesario revocar la concesión de Playa El Manglito y si es posible hacerlo dentro del tema legal.
