BCS, último contra la corrupción

Foto: Antonio de Jesús Cervantres.- Comision de seleccion para emitir tema del fiscal anticorrupcioin de BCS
Edición Impresa martes, 7 junio, 2022 12:00 PM

La llegada del fiscal Anticorrupción

podría generar el inicio de castigos

a malos funcionarios o la herramienta

para sanciones políticas. “Somos los

}últimos en designar al fiscal

Anticorrupción, pero seremos los

primeros en designarlo bajo una

modalidad abierta”: Guillermo Lara

Morales, presidente del Sistema

Estatal Anticorrupción

Baja California Sur sigue atrasado en la lucha contra la corrupción, actualmente se cuenta con seis candidatos a ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción, pero apenas serán sometidos a las rigurosas pruebas para determinar si son o no aptos para ocupar el cargo.

Desde 2019 se debió buscar un fiscal, pero ni el gobernador en turno ni el Congreso del Estado le prestaron cuidado; este año deberá concretarse entre los meses de agosto y septiembre, siendo la entidad la última que alcanzó a constituir un fiscal en el combate a la corrupción.

“A diferencia de todos los estados de la República, evidentemente Baja California Sur va a ser el último  que tenga su fiscal Anticorrupción. A qué obedece: primero, a que apenas en 2017 se publica la Ley Estatal Anticorrupción; para 2019 apenas se constituye el Comité de Participación Ciudadana y arrancó con un presupuesto de 2 millones de pesos. Sin embargo, en esa creación en la Ley había un transitorio para que el gobernador creara una terna, y nunca la diseñó la anterior administración; ahora nos toca al propio sistema dar cumplimiento”, aclaró Guillermo Lara Morales, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.

Su función será la fiscalización del actuar gubernamental, ya que en cada administración surgen señalamientos ciudadanos o en medios de comunicación, pero realmente nunca hay un seguimiento por oficio.

Lo que siempre se utiliza como bandera política, son los señalamientos por peculado, desvío de recursos, abuso de autoridad y demás, los cuales deben sancionarse de manera ejemplar.

“Cohecho, peculado, desviación de fondos, tráfico de influencias, vinculación con el narcotráfico o crimen organizado en general, este tipo de sanciones que son de tipo pernales, son las que atendería el fiscal y sancionaría, abriría inmediatamente las carpetas de investigación para iniciar los procesos judiciales y plantear las penas punitivas a aplicarse a servidores públicos, tanto operativos y el gobernador, y vinculante a la sociedad civil, a empresarios coludidos en actos de corrupción”, lanzó Guillermo Lara.

La designación del nuevo fiscal Anticorrupción tendría lugar en septiembre, para encargarse de los resultados que se obtendrán de la auditoría que practica el Gobierno de Víctor Castro Cosío al de su antecesor, Carlos Mendoza Davis.

De 2018 a 2020, 17 servidores públicos fueron llamados a declarar por faltas administrativas, mientras que sólo un funcionario en 2021 ha sido por el mismo motivo. Las sanciones interpuestas por Contraloría General del Estado fueron por omisión de información, faltas administrativas y de declaración patrimonial.

En lo que refiere a delitos graves y que podría haber responsabilidades penales, es mínima la acción institucional, por ello es vital la llegada del fiscal.

Sin Ley de Archivos que proteja documentación, servidores públicos destruyen la evidencia de malos manejos

“La omisión grave por parte del Gobierno del Estado de no haber presentado las cuentas públicas de los dos últimos años de su gobierno, no las presentó, la venta excesiva de boletos de avión, a través de la empresa de Viajes Perla, que el titular de la Secretaría de Finanzas, la esposa era propietaria de la empresa, ahí hay un conflicto; siendo servidor público no le podía otorgar las compras a un familiar directo, tres meses antes de concluir la administración se quemó Viajes Perla. Se espera que en estos meses haya resultados de las auditorías realizadas al gobierno anterior”, dijo el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

A finales de 2021 se lanzó la convocatoria para el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana, pero se declaró desierta; de nuevo se lanzó la convocatoria el 19 de abril de este año y ya hay seis candidatos, tres hombres y tres mujeres.

En el comité de selección se encuentra un especialista de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la Judicatura del Estado, del Colegio de Abogados y el propio presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

La etapa final para ser apto a la elección, considera Exámenes de Control y Confianza que se realizan en los Centros de Evaluación de Confianza a nivel nacional.

“El Comité de Selección elige la terna dependiendo del número de candidatos que pasen los exámenes y la pasan al Congreso, en el peor de los casos, el Congreso puede definir que no esté de acuerdo con la terna y reinicia el proceso, con una nueva terna y, si hay negativa, será el gobernador quien presente en un tercer tiempo la terna a fiscal Anticorrupción”, adelantó Lara Morales.

Desde luego eso sería lo último en pensarse, pues sería perjudicial para los ciudadanos que el propio mandatario elija los prospectos que vigilarán su actuar como servidor público.

“Somos los últimos en designar al fiscal Anticorrupción, pero seremos los primeros en designarlo bajo una modalidad abierta, democrática, con base a un concurso de oposición, a convocatoria, donde deben cumplirse los requisitos que están en la Ley en la Constitución del Estado, incluyendo otros elementos o parámetros para poder evaluar a los y las aspirantes al cargo de fiscal; únicamente tienen que ser abogados y de sexo indistinto”, celebró el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

 

FISCAL CARNAL

Para el Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur, se pudiera dar el caso de un fiscal carnal, sin autonomía y que seguiría órdenes desde la PGJE, y por ende, del propio gobernador, lo que podría comprometer la lucha contra la corrupción.

Arturo Rubio Ruiz,  representante del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur, detalló que la ciudadanía está ávida de justicia, de castigo de todo funcionario público que abusa de las arcas gubernamentales y que se deje de exhibir sin sancionar.

“Tendremos un fiscal Anticorrupción en el Estado y escucharemos discursos encendidos, hasta enarbolarán simbólicos pañuelos blancos, porque dirán, ‘seguramente se está cumpliendo con el compromiso de combatir la corrupción’, pero lo cierto es que ese fiscal, si llega a ser nombrado, sólo será un empleado más en la abultada nómina del Estado, un fiscal carnal que quizá venga a proteger los grandes fraudes”, expuso.

Rubio ofreció una visión distinta, la que debe dirigir el nuevo fiscal Anticorrupción: encauzar el mayor esfuerzo en la prevención de conductas punibles, pues en lo que se investigan los hechos de corrupción, los ciudadanos pierden.

Explicó que el fiscal tampoco debe ser utilizado por los funcionarios como ataque político, por ello se requiere autonomía en su actuar.

“Luchar contra la corrupción es una farsa, si tomamos en cuenta que se centra el esfuerzo en castigar los actos de corrupción, cuando no estamos haciendo nada por evitarla, por prevenirla y que en el Estado tiene ese enfoque equivocado, la corrupción es como una enfermedad, y como tal, hay que enfatizar la lucha en prevenir, además de que es un delito, y como todos ellos, es preferible prevenirlos, evitar su comisión, que tratar de sancionarlos, porque así nunca vamos a terminar”, aclaró Rubio Ruiz.

Los ciudadanos ya se cansaron de que ex gobernadores sean encarcelados por peculado y liberados por fallas en procedimientos, de abuso en la compra de boletos de avión, gasto excesivo en gasolina, compras amañadas y simulación.

“Debemos empezar por exigir a nuestros diputados locales que lleven a cabo una reforma integral de nuestra legislación vigente, mediante la cual se prohíban en el marco constitucional local y en sus leyes reglamentarias, todo aquel acto de autoridad que se quiera desarrollar en secreto o privado. Como bien dicen y poco se aplica, se debe gobernar de cara al pueblo, con absoluta transparencia, porque si no se previene la corrupción, por más fiscalías que inventemos, seguirá reinando la impunidad y la corrupción”, finalizó el representante del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS.

 

LEY DE ARCHIVOS VS CORRUPCIÓN

Para Elizabeth Acosta Mendía, miembro honorario del Colegio Mexicano de Archivología, la base de archivos de Sudcalifornia tiene un gran vacío y se incurre en una irresponsabilidad en el manejo de documentos oficiales históricos.

Al no haber una Ley de Archivos, los funcionarios públicos desatienden el cuidado de la documentación, incluso ha pasado en diversas administraciones que justo cuando se anuncian auditorías en el gasto público, el espacio donde se encuentra el Archivo sufre de incendios, inundaciones y hasta robo.

“Tenemos un vacío en Baja California Sur del año 1969 a la fecha, han pasado muchas administraciones, que dijeras tú,  ‘es que lo generado el gobernador en turno, no ha sido importante’, no señor. A los 20 años ya tiene un valor histórico, hay documentos que nacen siendo históricos, las licitaciones, los nombramientos de funcionarios, los presupuestos aprobados, las patentes notariales; hay información que nace siendo histórica, y lo más importante, cuando un sujeto obligado de una dependencia dice ‘esto es histórico’, por ejemplo 50 licitaciones, lo mando al Archivo Histórico. Al momento que llega al Archivo, ya se abre al público aunque lo haya reservado”, apuntó Acosta Mendía.

Cuando se cuente con una Ley de Archivos, los gobiernos se verán obligados a transparentar aquella documentación que de origen aporta a la historia de BCS, por lo que incluso documentos colocados bajo reserva estarán al alcance del ciudadano.

El caso más reciente de haber reservado información relevante a la ciudadanía, es el del propio gobernador Víctor Castro Cosío, que reservó el informe detallado sobre nombre de la empresa, fecha de contratación y forma de contratación para realizar auditoría externa a la administración de Carlos Mendoza Davis.

Pese a que pudiera tomarse como un “acierto” de la administración morenista, sospechosamente Castro reservó todo dato al respecto.

“Todas las administraciones de gobierno, todos los sujetos obligados, funcionarios que han participado en lo largo de la historia de Baja California Sur, han realizado el acto jurídico descrito en un documento en la función que desempeña, y es tan sencillo que el rendimiento de cuentas solamente se puede realizar a partir de los documentos. Es inimaginable, impensable que puedas realizar un acto de auditoría o llevar a cabo la verificación de un gasto sin contar con documentos o archivos electrónicos”, reiteró la especialista Elizabeth Acosta Mendía.

Sancionar a funcionarios públicos que causan un daño a los recursos públicos es una cosa, y para aquellos que destruyan información para evitar recibir su merecido, es necesario, y también podrían alcanzar la cárcel. Baja California Sur podría blindarse contra funcionarios corruptos si Congreso del Estado y Gobierno ponen de su parte para encaminar los esfuerzos a proteger a los ciudadanos.

“La Ley tiene apartados muy específicos en los que te dice que si no tienes una Ley de sanciones para los servidores públicos, puede ser supletoria a utilizar la federal, es muy clara, no nada más significa que se te quemen los archivos, significa que tú no les das una estabilización a los archivos ordenadamente, o sea, que los tienes en cajas de huevo, amarrados con mecates, hacinados en un almacén o en los baños, donde pueden sufrir que se destruyen, daños, humedades, también así son las sanciones. Cada sujeto obligado tiene una responsabilidad con base a esta función de esta nueva Ley Federal de Archivos en lo que en su mandato o en su competencia le obliga, hasta nivel jefe de departamento, a que tenga sus archivos ordenados”, puntualizó Acosta.

El llamado es al Congreso del Estado, si no están dispuestos a crearla desde cero, entonces que armonicen con la Ley Federal de Archivos.

“No existe la Ley, tenemos que crearla, tenemos que motivar y promocionar ante el Congreso del Estado para poder formularla y crearla, estamos en pláticas y la idea es impulsar mesas de trabajo para hacer la redacción correspondiente y lograr la armonización de la Ley Federal que ya existe”, explicó Guillermo Lara Morales, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Añadió que, al contar con muy pocos municipios y ser un Estado joven, existe una oportunidad histórica en BCS, de proteger la información pública a través de la Ley de Archivos.

En 2019, la Comisión de Transparencia del Congreso anterior, realizó un borrador de un anteproyecto de Ley Estatal de Archivos, el cual se llevó a la lectura, pero pleitos entre gobierno, Congreso y diputados frenó su desarrollo, es así que se está en pañales aun en la protección de archivos.

 

CONGRESO Y FISCAL

El Sistema Anticorrupción y el Comité de Selección trabajan de la mano para llevar una terna del fiscal Anticorrupción para BCS, pero faltará oficio político de los diputados para que se seleccione.

Se tiene que llegar a un consenso para que salgan beneficiados los ciudadanos y se dé una elección acorde a las necesidades.

“Estamos trabajando los diferentes temas del Sistema de Transparencia y Anticorrupción en todo el Estado, impulsando que ya tuviéramos un fiscal Anticorrupción en el Estado, hoy este proceso está abierto, ya se recibieron seis participantes para este espacio. Están en el proceso calendarizado y estaremos en espera de que se haga la determinación correcta, faltan todavía los Exámenes de Confianza y unas etapas que todavía no se desahogan”, indicó Gabriela Cisneros, diputada estatal y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

De no llenar las expectativas, quizá en los primeros 100 días de labores del fiscal, los ciudadanos lo llamen a cuentas y en su caso destituirlo, en ese caso se reinicia el proceso de llamar a un Comité de Selección, la convocatoria y exámenes.

Para Cisneros, la Ley de Archivos es un punto relevante y va de la mano en la lucha contra la corrupción.

“Dentro de los trabajos que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción estamos colaborando con algunas mesas de trabajo, con instancias también gubernamentales y no gubernamentales, para podernos acercar con los trabajos a la Ley de Archivos, está ya muy avanzado el asunto, en próximos días tendremos trabajo en la mesa, es un paquete completo porque necesitamos la actualización de la Ley de Acceso, que es importante que se lleva a cabo también ya en el Estado. Se ha estado desahogando desde 2019, pero por los contextos políticos que vivimos, no se había dado”, apuntó Cisneros.

Las expectativas en el Congreso estatal son que este año se pueda contar con fiscal Anticorrupción, y por parte de la ciudadanía consideran que hay muchos casos “frescos” que deben ser investigados, considerando las denuncias por corrupción tras la salida de Carlos Mendoza Davis del Poder Ejecutivo del Estado.

Y que supuestamente en estos meses habrán de darse a conocer los primeros resultados de las auditorías a la administración pública, incluso se habla de responsabilidades de actuales funcionarios públicos.

“Ya viene contemplado en el presupuesto de este ejercicio 2022, entonces, es importante que ya contemos con el fiscal, aparte, todo el aparato del Sistema Anticorrupción no se va a poder completar, se deben llevar a cabo las actualizaciones para que tengamos la regla en mano. Estaremos redoblando esfuerzos para que este año ya contemos con el fiscal y se pueda dar seguimiento a la tarea de que todos, como sujetos obligados en el Estado, estemos apegados realmente a la Ley y a Derecho para que se erradiquen estos malos ejercicios de corrupción en Baja California Sur”, finalizó la diputada local.

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