Siete meses y la gobernadora de BC, Marina Ávila Olmeda, no presenta terna para fiscal Anticorrupción, pero sí armó contrato con Seguritech, empresa que vendió al Estado equipo con sobreprecio
Más de siete meses, 215 días como gobernadora, y Marina del Pilar Ávila Olmeda sigue sin presentar la terna para designar al fiscal Anticorrupción en Baja California.
El 28 de octubre de 2021, tres días antes de tomar posesión, Ávila Olmeda y su gabinete en pleno firmaron el Acuerdo por la Transparencia y contra la Corrupción en el Museo del Sitio Campo Alaska en La Rumorosa.
En el acto propagandístico, aseguró que el combate a la corrupción sería uno de los principios rectores de su gobierno: “Hoy instauramos una nueva era. Se espera lo mejor y que se respeten los preceptos ‘No mentir, no robar y no traicionar al pueblo’”, multicitados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un mes después, el 28 de noviembre, en su primera presentación en Playas de Rosarito, en la tercera Jornada con el Corazón por Delante, encarrerada, doña Marina incluso maldijo, en referencia al tema:
“¡No, no, ni madres! Aquí no hay nada de eso, que es mi amiga, mi comadre, que fuimos juntos en la primaria, que fue mi novia, no saben cuántos novios me han sacado ya. No, nada, podrá Marina tener amigos, la gobernadora no, la gobernadora no, y está prohibido completamente cualquier tipo o acto que parezca siquiera de corrupción, nada de moches ni de esas conductas”, afirmaría.
El 12 de marzo de 2022, los marinistas presentaron una iniciativa de reforma para adecuar las Ley local a la resolución judicial del 14 de enero de 2020, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para reducir a cinco -en lugar de 15- los ciudadanos integrados al Sistema SEABC.
Los ciudadanos serán designados por el Congreso, considerando la equidad de género y ostentarán el encargo por uno, dos, tres, cuatro y cinco años.
Pero el gobierno continuó evadiendo la designación del fiscal.
En la edición del 25 marzo, ZETA les recordó que ese puesto lleva más de dos años vacante, tras la “renuncia irrevocable” que presentó Olga Elizabeth Ojeda Mayoral el 28 de enero de 2020, después de 40 días en el cargo de fiscal Anticorrupción, el cual abandonó porque no le asignaron recursos para cumplir con su función.
Ese viernes, la titular del Ejecutivo estatal, declaró a este Semanario: “Se sigue revisando la reforma a la Ley, estamos trabajando todavía en el desarrollo de las propuestas, analizando perfiles”, y agregó, “en próximos días” o “en próximas semanas” estaría “ya enviando más información respecto de los próximos perfiles que se estarán presentando y quién estará al frente de la Fiscalía Anticorrupción”.
Otros dos meses han transcurrido de tales dichos, y continúan evadiendo la responsabilidad de enviar la terna al Congreso.
Mientras, en la gestión marinista, siguen pendientes las investigaciones de los excesos, los abusos de poder y del erario en el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, evidenciados por la Auditoría Superior del a Federación.
También continúa en veremos la investigación simulada y deficiente de los moches, primer acto de corrupción de la administración de Jaime Bonilla Valdez; la denuncia por la entrega que particulares hicieron de millones de pesos al oficial Mayor y secretarios general de Gobierno y de Bienestar, a cambio de contratos con el gobierno. Incluso, el fiscal Ricardo Carpio la calificó como “frágil”.
Tampoco se han revisado ni denunciado a los bonillistas por la entrega de Notarías Públicas a los amigos; los cobros de Fisamex; los desvíos de recursos; contratos que se dejaron sin pagar; obras sin construir; la remodelación de sus oficinas particulares de Bonilla con una empresa proveedora del gobierno y otros etcéteras.
A la fecha, aparentemente el único acto de corrupción investigado por la Fiscalía General del Estado, es la identificación de los responsables del otorgamiento irregular del contrato de la planta fotovoltaica, por el cual Ávila está exigiendo a Banca Afirme el retorno de 123 millones de pesos al erario.
En el presente sexenio, nunca más urgente que ahora la designación de un fiscal Anticorrupción, después que el gobierno de Ávila, decidió revivir y hacer suya una de las transas de “Kiko” Vega al obtener la aprobación del Congreso para otorgar mil 174 millones de pesos en un contrato de servicio integral de equipamiento, instalación, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema estatal de videovigilancia en el Estado de Baja California, el cual será entregado a Seguritech Privada, SA de CV, con quien Baja California tiene ya un contrato leonino, denunciado por 157 millones 856 mil 140 de pesos para el proyecto C5i, en el que la empresa entregó y el Estado aceptó equipo obsoleto y con sobreprecio.
De nuevo esta empresa vino a decirle al Estado, lo que necesitaban y a cuánto se los va a vender. Pero al presentar el proyecto al Congreso, los representantes del Ejecutivo mintieron, señalando que no sabían si se iba a licitar, si había una empresa específica y, como en el sexenio kikista, los diputados aprobaron el gasto sin conocer las características específicas del proyecto, ni la calidad del equipo que se pretende adquirir.
La impunidad es el resultado de la ausencia del Estado, el combate a la corrupción se demuestra sin hechos y las palabras sobran. Para la gobernadora Marina del Pilar, el momento de enviar la terna para el fiscal Anticorrupción es ahora.
