Hace tres años las familias ingresaron a un predio con una promesa de venta que nunca se concretó. Ahora se han registrado atentados, homicidios e incendios. La investigación no avanza porque pocos han aceptado declarar
La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene pocos elementos para avanzar en la investigación del conflicto por la propiedad de la tierra en Lomas del Aguajito, en Ensenada, porque pocos involucrados se han presentado a declarar.
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En tres años de que las familias entraron a los predios con la supuesta promesa de venta, se han reportado hechos violentos, como homicidios, atentados armados e incendios de viviendas dentro de la colonia, según consta en comunicados emitidos por la FGE y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Para contener las agresiones, las autoridades de seguridad acordaron mantener una guardia en la zona donde participan elementos municipales, fiscalía, Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó el fiscal regional, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez.
Durante un recorrido hecho se encontró solo a un agente municipal a bordo de una motocicleta vigilando el área, en espera de refuerzos, pues el área se considera como de alto riesgo.
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El último hecho violento relacionado con el conflicto ocurrió el lunes 23 de mayo en la calle Miramar, entre Octava y Novena, de la Zona Centro, donde un sujeto quebró el cristal de un vehículo propiedad de un familiar del ex diputado Abraham Correa Acevedo e incendió la unidad.
Al político Abraham Correa, quien fue líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desde el 2021 se mudó al Partido Encuentro Solidario (PES), se le relaciona como gestor de predios dentro de Lomas del Aguajito.
Por ese asunto, se inició una carpeta de investigación por el delito de Daño en Propiedad Ajena, al igual que por el incendio del vehículo.
Aunque los agentes localizaron vía telefónica al ex funcionario Abraham Correa, para llevarlo a declarar a fin de que interpusiera una denuncia formal, hasta el martes 24 de mayo no había comparecido ante la Unidad de Trámites Masivos de Causa (UTMC).
“Lo que sí hemos podido establecer en la investigación es que el automóvil estaba a nombre de un tercero y no al del ex diputado”, aclaró el fiscal regional.
Dos días antes, se registró otro incendio en las oficinas del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) en calle Sexta de la colonia Obrera, en la Zona Centro.
Por el incendio en el Indivi se inició otra carpeta de investigación y se están recabando videos alrededor.
Hasta el momento la FGE no tiene ubicados a los responsables del atentado con las oficinas del Indivi, informó el fiscal regional.
“Se está investigando y se están recabando videos de cámara en los alrededores, por si tuvieran alguna imagen propia del presunto responsable”, indicó.
En específico, el fiscal habló de una cámara de videovigilancia, la cual apunta directamente a la entrada del edificio público, y con esas imágenes aseguró que podrán obtener un perfil de los responsables
Lomas del Aguajito
Hasta el momento no hay personas detenidas, tampoco órdenes de aprehensión activas por las denuncias existentes, ya sea por el delito de Despojo o Fraude, como tampoco por los recientes hechos violentos registrados.
El fiscal regional, Rubén Alfredo Maximiliano, explicó que el 28 de mayo del 2019, Javier Beltrán Gudiño y su esposa María del Rosario Balverde, presentaron una denuncia por Despojo.
Conforme a la denuncia, ellos manifiestan que fueron afectados en una superficie de 68 hectáreas de su propiedad en Lomas del Aguajito y dicho proceso está dirigido a 60 personas a quienes acusan de invasión.
En contraparte, al menos 12 colonos hicieron una contrademanda por el delito de Fraude, donde mencionan al representante legal de los Beltrán Gudiño y Balverde, de ventas irregulares de terrenos.
Ellos hacen alusión de que el abogado carecía de un poder para llevar a cabo las ventas de terrenos dentro del rancho, aunque en la carpeta de investigación sí existe un poder firmado.
El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, prometió el 23 de noviembre del 2020 que se aplicaría un programa para regular esos terrenos, pero concluyó el mandato sin un resultado favorable para los colonos.
“Tenemos que crecernos ante la adversidad para resolver las necesidades que los gobiernos del pasado no atendieron”, dijo en ese momento el ex mandatario estatal.
Los quejosos se han hecho presentes con cartas y mensajes de exigencia en las actividades que la gobernadora Marina del Pilar Olmeda realiza en Ensenada, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de San Quintín.
Despojos aumentan 5%
Las carpetas de investigación por el delito de Despojo en Ensenada se acumulan, de acuerdo con casos documentados por el Semanario ZETA con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección de Ecología del ayuntamiento.
El ayuntamiento de Ensenada, en el 2020, a través de la Dirección Ecología, informó que tan solo en el vaso de la presa Emilio López Zamora, tenían dos expedientes abiertos, donde se detectaron 16 invasiones; algunas de las viviendas estaban desocupadas.
Mientras tanto, la FGE calculó que del 1 de enero del 2021 al 24 de mayo de ese año se presentaron 82 denuncias por el delito de Despojo y en ese mismo periodo; pero del 2022 se presentaron 86 denuncias.
Se trata de una diferencia de cuatro querellas, lo que equivale a un aumento del 5 por ciento respecto al año anterior. En todo el 2021 se presentaron 233 denuncias.
Datos proporcionados por la extinta Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Zona Ensenada que comprende San Quintín, señalan que durante 2018 se abrieron 332 carpetas de investigación por ese delito, en tanto, de enero a mayo de 2019, se tenían 99 carpetas más.
La estadística refiere que alrededor del 72 por ciento de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público corresponden a invasiones en la zona urbana. Sin embargo, los predios de mayor calado se encuentran en la rural.
Por zonas, el Ministerios Públicos de la zona sur como la delegación Maneadero y municipio de San Quintín, concentran el 20 por ciento de las denuncias, mientras el Valle de Guadalupe (Ruta del Vino) aproxima el 12 por ciento.
