Seguritech Privada, SA de CV, señalada reiteradamente por dotar de equipo obsoleto y a sobreprecio a los gobiernos estatales para la construcción de un C5i, fue ampliamente cuestionada durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, debido a sospechas e indicios de corrupción. Pese a ello, la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda revivió el proyecto para ampliar los beneficios -por más de mil 170 millones de pesos- para esta empresa que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se enriqueció mediante el mismo esquema opaco y plagado de tráfico de influencias para la adquisición de contratos multimillonarios en diversas entidades del país
Cámaras de videovigilancia obsoletas con resolución de 2 megapixeles en 2018, sistemas operativos viejos y un sobreprecio de hasta 300 por ciento en varios de los productos que se ofertaron, fueron algunas de las irregularidades que ofreció la empresa Seguritech Privada, SA de CV para la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, según diversos estudios realizados en comparativos de compra de equipo y un análisis del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del mismo año.
El proyecto que el panista impulsó desde 2016, pero que las acusaciones de corrupción lo obligaron a rescindir contratos y reestructurarlos para beneficiar nuevamente a Seguritech dos años después, fue vendido como la herramienta necesaria para solucionar la crisis de inseguridad que se vivía en ese momento, puesto que distribuiría una red de videovigilancia en todos los municipios de Baja California, los cuales tendrían la capacidad -supuestamente- de leer placas robadas o identificarlas en caso de una persecución, además de resguardar gran cantidad de información en video para la reacción e investigación de delitos.
Sin embargo, el proyecto volvió a pasar por señalamientos de corrupción y precios inflados, provocando que algunos funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid fueran denunciados por representantes empresariales y otros sectores sociales, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Contraloría, pero ambos casos fueron archivados un mes antes de concluir la gestión panista; aunado a una serie de amparos que complicaron el proceso.
Pese al antecedente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda decidió plantear lo que a todas luces es una ampliación del proyecto C5i, para dotar de una red de cámaras a la misma empresa, Seguritech Privada, SA de CV, mediante un contrato plurianual que concluiría al término de la administración morenista, y por lo que se erogaría un monto superior a mil 174 millones de pesos, es decir, un costo superior al proyecto inicial de “Kiko” Vega.
Seguritech Privada, SA de CV sostiene una demanda de incumplimiento de contrato con el Estado por el impago del proyecto, según comentó Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por lo que -a su juicio- no debería participar en el proceso planteado por el Poder Ejecutivo.
Publicidad
__
Así, uno de los proyectos con más señalamientos de corrupción por parte de Vega de Lamadrid y la empresa más favorecida en el ramo de tecnología y seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, reciben la venia de la administración morenista de Ávila Olmeda, quien -coincidentemente- cuenta en su equipo profesional o personal a cinco diputados que votaron por el endeudamiento en favor de Seguritech en octubre de 2017: Alejandro Arregui, actual secretario del Trabajo y Previsión Social; su esposo, Carlos Torres; Mónica Hernández; actual empleada de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario; Rocío López Gorosave, oficial mayor; y Blanca Patricia Ríos, actual directora en la STPS.
Curiosamente, en la sesión en la cual se aprobó el proyecto C5i en 2017, el hoy secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, era diputado local, lo rechazó, afirmando lo siguiente: “El propio Consejo Ciudadano de Seguridad Pública hizo un estudio donde el costo que aquí se nos plantea en el estudio que hace el CCSP es 300 millones menos”.
Sus comentarios se dieron durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado, rodeada por representantes del colectivo Mexicali Resiste, los cuales respaldaron sus declaraciones y rechazaron la intención de endeudar por 10 años al Estado mediante este polémico proyecto.
Ahora, Zavala Márquez firmó el oficio de viabilidad financiera realizado por el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, para comprometer las arcas estatales por cinco años, en beneficio de la misma empresa que criticó hace casi un lustro.
CONFIRMA MARCO MORENO AMPLIACIÓN A SEGURITECH
El jueves 5 de mayo se llevó a cabo -vía Zoom- la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, presidida por la diputada morenista Julia Andrea González, donde se planteó el Dictamen 85, en el que el Poder Ejecutivo solicita permiso para signar un contrato plurianual para el proyecto “Servicio integral de equipamiento, instalación, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema estatal de videovigilancia en el Estado de Baja California”.
Durante esa sesión, la panista Alejandrina Corral Quintero cuestionó sí el proyecto iba a licitarse, puesto que le llamaba la atención que se tuviera una cifra definida como tope máximo, sin establecer mayores detalles en la información proporcionada al Congreso del Estado.
La respuesta de los funcionarios estatales que participaron, fue que aún se estaba analizando, y aseguraron no contar con información sobre la empresa que en específico realizaría el proyecto.
Pese a los cuestionamientos y la falta de información que reconocieron tener, los diputados Juan Manuel Molina, Manuel Guerrero Luna, Julia Andrea González, Michel Sánchez Allende, Alejandra Ang y Sergio Moctezuma Martínez, de Morena; además de Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, sufragaron a favor del dictamen. Alejandrina Corral, se abstuvo.
No pasó ni una semana cuando Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California, confirmó en una entrevista realizada en el puerto de San Felipe que se trataba de la misma empresa que ya ofrecía el servicio desde la administración de Francisco Vega de Lamadrid, es decir, Seguritech Privada, SA de CV.
“Es un contrato que la empresa tiene vigente con el Estado, a largo plazo y aprobado por el Congreso en tiempo y forma, que está vigente y en funcionamiento; si mal no recuerdo, de casi 800 millones de pesos. Está en funcionamiento, tiene diversos mecanismos de inversión, infraestructura tecnológica para atender temas de seguridad, lo que se quiere hacer es un contrato adicional para la empresa, pero cuidando y teniendo varias consideraciones al respecto. Es un contrato que nos cercioramos que tiene viabilidad financiera, sin letras chiquitas, a cinco años”, afirmaría.
Agregó que el proyecto pretende dotar de 4 mil cámaras de vigilancia que se distribuirán en todo el Estado, aunque reconoció, los aspectos técnicos son tema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues Hacienda sólo se enfocó en definir los mejores esquemas de mercado y en determinar si la empresa tenía un historial negativo.
“No es un proyecto opaco, donde se está identificando que se firmarían todas las condiciones obligadas por estas partes, un proceso detallado, la inversión que va a realizar y la contraprestación que estaremos pagando nosotros. Hicimos una investigación a nivel nacional, buscando elementos si la empresa tenía incumplimientos o demandas y temas pendientes jurídicos, situación que no se encontró. La empresa no tiene un reclamo de ninguna parte”, refirió el titular de Hacienda del Estado, quien minimizó las denuncias interpuestas en 2018 en contra del proyecto.
Según el funcionario, todas las quejas se interpusieron en contra de funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, no así contra Seguritech Privada, SA de CV.
Conforme a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), tanto el expediente penal como administrativo fueron archivados por ambas instancias, al no encontrarse responsabilidad de ningún tipo.
El señalamiento directo era hacia Rutilo Pérez Flores, ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor y contra su jefa directa, Loreto Quintero, acusados de no supervisar la elaboración de proyectos de contratos de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado.
Ambos casos fueron cerrados por la vía administrativa el 30 de agosto de 2021 -durante la administración de Jaime Bonilla Valdez-; y se determinó la no responsabilidad el 6 de diciembre del mismo año, cuando Marina Ávila ya había asumido el Poder Ejecutivo del Estado.
Respecto a la denuncia ante la entonces PGJE, el caso se archivó en octubre de 2019 y, pese a las versiones de la ex secretaria de Honestidad, Vicenta Espinosa, la administración de Jaime Bonilla Valdez nunca interpuso una querella al respecto, sólo dejó de pagar por el proyecto, generando una demanda por parte de Seguritech Privada, SA de CV. Sin embargo, Moreno Mexía confirmó que el contrato firmado en 2018 continúa vigente y actualmente se está pagando.
Curiosamente, el contrato firmado por Vega de Lamadrid concluiría en 2028, mientras que el que pretende firmar la gobernadora concluiría el 31 de octubre de 2027, es decir, el último día de su mandato.
Esto quiere decir que, además de los mil 174 millones de pesos que se erogarían por parte del Estado a la empresa -en caso de concretarse el tope del permiso-, Seguritech Privada, SA de CV recibiría los 789 millones de pesos previstos en el contrato signado por “Kiko” Vega, toda vez que los compromisos no son vinculantes.
A la fecha, entre la administración de Vega de Lamadrid y Ávila Olmeda, Seguritech ha recibido 157 millones 856 mil 140 de pesos por el proyecto C5i.
DIPUTADOS APRUEBAN SIN CONOCER PROYECTO
El jueves 5 de mayo de 2022, el Congreso del Estado aprobó en Comisiones el Dictamen 85 de la Comisión de Hacienda, aprobándolo de manera casi unánime, debido a la abrumadora mayoría de Morena.
Destaca la celeridad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues apenas el 22 de abril se emitió el dictamen de viabilidad financiera por parte de la Secretaría de Hacienda, donde se establece que se cuenta con suficientes recursos para cubrir con las necesidades del contrato, para pagar un monto de 239 millones 7 54 mil 675 pesos del año 2023 a 2026, y 215 millones 779 mil 208 pesos, estableciendo un monto final contratado de mil 174 millones 797 mil 908.50 pesos, a signarse a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.
El dictamen establece que se otorgará un contrato de 66 meses con un periodo de gracia de hasta 17 meses de no otorgar un solo peso a la empresa hasta que cumpla con el arranque del proyecto, el cual se dividirá en dos etapas. La primera consta de la instalación de todo el equipo de 2022 a 2023, y el resto al mantenimiento, modernización y actualización del mismo, algo que no se hizo en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
El argumento de Moreno Mexía para celebrar el contrato plurianual, es que, de manejarse de esa manera, la empresa otorgaría mejores beneficios económicos y condiciones del contrato.
“Baja California enfrenta grandes retos en materia de delincuencia organizada, toda vez que los delitos vinculados con esa modalidad se incrementaron, con una incidencia mayor en el delito de robo, narcomenudeo y homicidio doloso, donde resaltan los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, posicionando al Estado en el segundo lugar con mayor incidencia de alto impacto, comparándose con los estados de Aguascalientes y Baja California Sur, conforme a las cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, refiere parte de la justificación del proyecto.
Curiosamente, no se hizo el comparativo con las entidades de Guanajuato y Estado de México, consideradas entre las más violentas del país junto con Baja California. Ambas entidades cuentan con el equipo de videovigilancia de Seguritech Privada, SA de CV, cuya inversión en los años 2012 y 2013, superó los 2 mil 500 millones y 6 mil millones de pesos, respectivamente.
En ambos casos, los contratos tuvieron observaciones de la Auditoría Superior de los respectivos estados, por retrasos en la instalación del equipo, omisiones durante la instalación o por un mal procedimiento de adquisición del servicio. Al menos en el caso de Guanajuato, se estableció que los miles de pesos pagados entraban en la modalidad de arrendamiento del equipo, por lo que la empresa se quedaría con la tecnología una vez terminado el contrato.
Otro de los puntos del dictamen establece:
“El objetivo primordial del proyecto, es la adquisición de infraestructura para una mejora evolutiva en el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado de Baja California, derivado de que algunos de los equipos actuales presentan una obsolescencia tecnológica y conforme han evolucionado las tecnologías, es necesario un ajuste en el equipamiento para contar con infraestructura de última generación de los equipos tecnológicos necesarios que garanticen la continuidad operativa del actual proyecto, cuya misión es fortalecer a través de una solución tecnológica, las actividades de atención de emergencias”.
Resulta interesante, porque gran parte del equipo que se utiliza actualmente fue dotado por la propia Seguritech Privada, la cual sigue cobrando por los servicios otorgados.
“Dicha infraestructura incorporará diversas plataformas tecnológicas, destacando el sistema de videovigilancia urbana, que se optimizará con software especializado para la generación automatizada de alertas sobre incidencias y la aplicación de un sistema video-analítico de imágenes, capaz de identificar patrones sobre las imágenes transmitidas”.
Todo esto forma parte del dictamen, pero referencia a las condiciones específicas del contrato, si se trata de una compra o arrendamiento, si el equipo que se adquirirá es de primer nivel, además de las cantidades y capacidades del mismo. Información que se desconoce.
Al respecto, la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, cuestionó las formas en que se planteó el proyecto, al desconocerse prácticamente toda la información del mismo, como cantidad de cámaras, tipo de equipo que se adquirirá, especificaciones de software y el costo de las actuaciones de los mismos.
Por ello, solicitó mediante oficio información relativa al proyecto, pero la diputada Julia Andrea González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, no respondió a la petición. En el mismo sentido se encuentra lo requerido por la diputada Alejandrina Corral Quintero, quien el mismo día de la elaboración del dictamen en Comisiones, indicó no contar con información suficiente para sufragar, por lo que pidió detalles del proyecto, lo cual -hasta el miércoles 11 de mayo- no había ocurrido.
“Cómo llegaron a este monto, como por qué sabes tantos detalles para definir el monto exacto, y sí, trae un .50 hasta intereses y está bien pensado, podría ser que ya esté generando anteproyecto para eso, pero la realidad es que dejemos de lado si hay una empresa o alguien ya con nombre y destinatario. Cómo sé si los precios no están inflados, si todo es real, si son eso lo que cuesta, que en algún momento previeron. Seguimos en una pandemia, el tema de la tecnología sigue atorado, de hecho, en los oficios cuestiono todo esto”, refirió la legisladora, para quien no hay elementos para emitir un voto razonado.
“La vigilancia es para atender un hecho ya realizado o darle seguimiento ya realizado, esa información le va a llegar al MP (Ministerio Público), pero la va a administrar la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), pero ellos deben prevenir, entonces la prioridad debería ser que tuvieran gasolina, más patrullas, los municipios tienen parques vehiculares con patrullas olvidadas y, como no existe una partida para el arreglo de los carros, no hay forma para echarlos andar, y si las echamos, no hay policías suficientes. Es prioridad la prevención, el monitoreo de las ciudades inhiban la conducta ilícita, pero primero debemos evitar”, sentenció la diputada del partido naranja.
Montserrat Rodríguez, diputada del Partido Encuentro Solidario, comentó en entrevista que hasta la tarde del miércoles 11, no contaba con elementos para emitir un voto razonado, puesto que no se le había hecho circular la información del proyecto planteado.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina García, prácticamente confirmó que sufragó con fe hacia la actual administración, pues desconocía detalles sobre la empresa, el proyecto y demás.
“El Estado va a dar seguramente transparencia de adjudicación de la empresa, nosotros no nos toca decidir a ellos, nosotros sólo con la Ley de Adquisiciones, y si hay quejas o señalamientos, pues por las cosas como se hicieron en aquel momento, creemos que Hacienda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo harán de manera transparente, y toda la información que se ocupe la tendrán a la mano”, dijo.
Molina agregó que no existe una persona que esté en contra de que se mejore la videovigilancia de la entidad.
SEGURITECH NO DEBE PARTICIPAR EN PROYECTO: COPARMEX
Octavio Sandoval López, titular de la Coparmex, cuestionó el proyecto emprendido por el Poder Ejecutivo, debido a la falta de transparencia y la socialización del tema; considera que debe ofrecerse mediante una licitación pública nacional en la que no debe participar Seguritech Privada, SA de CV, toda vez que interpuso recursos legales contra el Ejecutivo.
“No es invertir nada más por invertir, sino ver la viabilidad de impacto social, qué incidencia va a tener en la incidencia de la inseguridad, el proyecto técnico qué tecnología va a implementar y sobre todo el tema económico, pero de transparencia. Gobierno del Estado no debe cometer el error de ‘Kiko’ Vega, que todavía tiene grandes consecuencias para la seguridad”, refirió el representante empresarial, quien recordó que el organismo que preside, interpuso una demanda contra el proyecto, con la que se confirmó un sobreprecio en los servicios ofertados por Seguritech Privada, además de un equipo con tendencia a la obsolescencia.
Sandoval recordó que el Congreso del Estado tiene facultades para exigir que se respete la Ley de Adquisiciones y se someta a una licitación pública nacional o internacional para lograr mayor transparencia de la que se plantea en el proyecto, a fin de que no se vuelva a cometer el error que se suscitó con la empresa Next Energy y la planta fotovoltaica, donde el Poder Legislativo le dio prácticamente un cheque en blanco al gobierno de Jaime Bonilla Valdez para endeudarse.
Agregó que el proyecto C5i y las plantas desaladoras fueron planes de “Kiko”, plagados de corrupción; por ello, hoy no se cuenta con seguridad ni agua para consumo humano en BC.
“Tener congruencia si se quiere diferenciar de Kiko, creo que por protección de la imagen del nuevo gobierno no se le debe invitar, pero es tarea que le corresponde a ellos, simplemente que se haga una licitación pública nacional y se establezca un testigo social, que lo establezca el sector social y ese testigo debe ser técnico especializado que interprete lo que está sucediendo, y si dice que está bien, se respalda y si no, se lo diremos”, expuso.
En el mismo sentido se posicionó el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Ángel Zaizar Prado, quien reclamó que no fueron consultados para este proyecto:
“Invitamos a que no cometamos el mismo error de cancelar un contrato sin tener la fundamentación y ahorita nos va a costar 50 millones de pesos. Además, tenemos 47 mil millones de deuda, ¿cómo te vas a obligar todavía a una mayor deuda, cuando no sabemos cómo vamos a salir adelante con el nivel de deuda?”, refirió el titular del CCSP, en cuya opinión, el rezago del equipamiento policial es preocupante, por lo que se debe priorizar la inversión en temas de prevención, educación y equipamiento, antes que aventurarse a un contrato de esta naturaleza.
¿QUÉ ES SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV?
Empresa fundada en 1995 por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, radicada Lago Bolsena número 277, primer piso, Colonia Anáhuac, Código Postal 11320 en Ciudad de México.
Inició como un negocio de venta de alarmas vecinales, pero tuvo un crecimiento sustancial durante la administración de Enrique Peña Nieto, al grado que, poco antes de concluir su mandato, compitió en la puesta en marcha del Satélite Morelos III.
Enfocada en el ámbito de la tecnología y seguridad, durante el gobierno priista se apoderó de prácticamente todos los contratos estatales para la modernización de las centrales de emergencia conocidas como C4.
Seguritech Privada cuenta con filiales como Comunicación Segura, SA de CV; Picorp de México, SA de CV; Tres10, SA de CV, entre otras; no todas aparecen en el Registro Público de Comercio (RPC).
Entidades como Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora, Sinaloa -donde incluso compitieron entre sí para ganar un contrato- y Baja California, entre otras, comprometieron grandes cantidades de recurso para cubrir con la modernización de los equipos de videovigilancia, pero prácticamente en todas las entidades se detectaron irregularidades como sobreprecios y/o equipo obsoleto. También denunciaron deficiencias en la operación del proyecto, al grado que los arcos carreteros -en Guanajuato- no leían las matrículas si la unidad cruzaba por el acotamiento.
Entre los representantes legales se encuentran René Bustos Soler, Francisco Javier Zubiate Nava, Emanuel Antonio Cárdenas Rojas, Juan Guerrero Mandujano, Raymundo Arriaga Aragón, Ernesto Valdés Cordero, Alaín Ramos Padilla y Lorena Ángel Zayas.
Varios de ellos forman parte de una agrupación de la Sociedad Civil, llamada Fundación en Movimiento, la cual se ubica en el mismo domicilio de Seguritech Privada y que recibe donaciones de la misma, según su propio director, Eduardo Ricalde Medina, padre de Eduardo Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller peñista Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Ricalde Medina también fue director de Fundación Teletón, de la empresa Televisa.
ZETA buscó una versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tener acceso a los aspectos técnicos del proyecto, pero no respondieron a la petición al momento de cerrar la edición.
