Durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico no aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo
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El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México emitió un pronunciamiento este martes 24 de mayo, sobre la aprobación de las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que forman parte de la Junta de Gobierno para ceder a la Coordinación Nacional del mecanismo la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias.
Según el Consejo Consultivo, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo.
En el pronunciamiento el Consejo Consultivo señala que el Anexo Técnico es un instrumento que recopila un catálogo de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que permiten establecer acciones que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo al defender o promover los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión y el periodismo.
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Cabe señalar que de acuerdo con la Ley vigente, la Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por lo tanto es quien tiene la atribución para “determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación”.
En el pronunciamiento también se explica que durante el año 2019 se había trabajado en una propuesta con miembros de la sociedad civil, periodistas y personas beneficiarias para ampliar el carácter de las medidas individuales, y ampliar la cobertura a medidas de carácter colectivo y comunitarias bajo principios de perspectiva de género, intercultural y derechos humanos para proveer mejores planes de protección.
Sin embargo, el Consejo Consultivo señala en el escrito que “de manera sorpresiva el 29 de abril la Comisión Ejecutiva Nacional informó a la Junta de Gobierno de la firma de un nuevo contrato con RCU y un Anexo Técnico que limita la capacidad de la Junta de Gobierno de brindar mejores medidas de carácter individual y contar con medidas de carácter colectivo y comunitario en los planes de protección, lo cual genera opacidad tanto en los procesos de contratación de medidas como en el otorgamiento de medidas complementarias e integrales”, se lee en el comunicado.
También, los consejeros afirman que hasta la fecha desconocen el estado actual del mecanismo, lo que debilita su funcionamiento, además de que limita la participación de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo.
“Hacemos un llamado a la Coordinación Ejecutiva Nacional y a la Secretaría de Gobernación a respetar y fortalecer la gobernanza y autonomía de esta instancia máxima para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo”, declaró el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
El Consejo Consultivo está integrado por Alberto Xicoténcatl Carrasco, Defensor de Derechos Humanos; Atziri Ávila López, Defensora de Derechos Humanos; Araceli Domínguez Nava, Periodista; Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Defensora de Derechos Humanos; Lucía Lagunes Huerta, Periodista y Defensora de Derechos Humanos; Sara Méndez Morales, Defensora de Derechos Humanos; y Maurilio Santiago Reyes, Defensor de Derechos Humanos.
