El robo de identidad representa más que un quebranto patrimonial, pues afecta a la imagen y reputación de la víctima. Aunque el delito va en aumento, no existen estadísticas confiables por la diversidad del tipo penal en los estados. Algunas entidades no cuentan con el delito tipificado en su legislación, y aún no está en el Código Penal Federal. El sector bancario es el que palpa lo que sucede con el apoderamiento de datos personales al atender 155 mil 959 reclamaciones durante 2021 por hechos no reconocidos por clientes y no clientes. “Penas bajas son estimulantes para el delincuente, ya que se ríen de las autoridades, las leyes y de las víctimas”, señala el abogado Jorge Huerta Partida
Arturo Rodríguez se salvó de quedarse sin casa. Un notario público ante el que realizaba una transacción relacionada con la compra-venta de una finca se dio cuenta de irregularidades en la documentación y puso el caso en conocimiento de la Fiscalía. La investigación aclaró que quienes se ostentaban como vendedores de una residencia habían usurpado la identidad del propietario, que ni cuenta se había dado de lo que estaba sucediendo.
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Las autoridades detuvieron a cuatro sujetos que intentaban cometer este fraude con documentos falsos a espaldas del dueño. Estaban vendiendo su inmueble en cinco millones de pesos a otro tercero, que tampoco estaba enterado del engaño. Arturo fue avisado por el Ministerio Público y de esa forma se percató de que lo habían suplantado. La Fiscalía había analizado los documentos puestos a su disposición y con la denuncia de la víctima procedieron a judicializar el asunto.
Muchas otras personas no tuvieron la suerte de Arturo Rodríguez, pues cuando se dieron cuenta de que habían usurpado su identidad ya les habían vulnerado patrimonialmente. Compra-venta de inmuebles, adquisición de bienes y servicios, créditos de toda índole y ahora hasta para solicitar empleo, es robada la identidad de las personas, en un delito que crece disparadamente por el uso de instrumentos bancarios y de dispositivos electrónicos en los que se comparte información confidencial.
Este tipo de delitos aún permanece en el limbo estadístico, pues no existe un tipo penal único para su descripción legal en los códigos penales e, incluso, en algunas entidades y a nivel federal el delito no está tipificado en la legislación. Por ello no se cuenta con indicadores nítidos del fenómeno, que en algunas entidades se denomina suplantación de identidad; en otras, usurpación de identidad o robo de identidad. Y en las que no existe el delito como tal, se investiga simplemente como fraude.
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El sector bancario es quizá quien más indicadores tiene del accionar de sujetos que obtienen beneficios con la identidad de otros, pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recibe las reclamaciones de los usuarios de la banca, que durante el año próximo pasado fueron 155 mil 959. Las principales causas de reclamación se debieron a consumos no reconocidos con un 21 por ciento, transferencia electrónica no reconocida con 14 por ciento, y cargos no reconocidos en la cuenta con ocho por ciento. Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito con 27 por ciento de participación, tarjeta de débito con 20 por ciento y crédito personal con ocho por ciento.
Otro indicador relevante es el obtenido por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre los fraudes cometidos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a través de la gestión de créditos ilícitos, que de 2010 a julio del 2021, reporta 2 mil 88 casos de personas a las que les usurparon su identidad y a su nombre sacaron créditos o retiraron su ahorro para vivienda, por un monto que superó los 340.7 millones de pesos.
Recientemente, en otro tipo de engañifa, el alcalde de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, fue víctima de un intento de suplantación de identidad mediante una cuenta de WhatsApp que supuestamente era de él, y que estuvo solicitando datos a su nombre. El edil morenista advirtió en sus redes sociales: “¡Cuenta falsa! Con el presente número de teléfono (número de la CDMX), han pretendido usurpar mi identidad para solicitar información. Si usted lo contactan, haga caso omiso”. Enseguida denunció los hechos ante las autoridades.
LIMBO LEGAL
El abogado Jorge Huerta Partida, maestro en derecho penal, destaca que apenas el 50 por ciento de los estados han tipificado con alguno de los diversos nombres la usurpación de identidad. “Esas entidades son Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. A nivel federal se sigue discutiendo el asunto en el Congreso de la Unión, mientras el fenómeno criminal avanza”, señaló.
“Las penas por cualquiera de esas denominaciones donde se apoderan de la identidad de las personas para afectarlas patrimonialmente son muy bajas, van de los tres a los ocho años de prisión, cuando mucho. Cómo es posible que después del daño tan grave que sufren las personas por la suplantación de identidad, se apliquen estas penas de prisión tan nimias comparadas con el quebranto causado. Esto resulta ser estimulante para el delincuente, ya que se ríen de las autoridades, las leyes y de las víctimas”, aseveró el jurista.
En el caso de Baja California, el Artículo 175 establece una pena de seis meses a seis años de prisión y multa de 400 a 600 días de multa al que “por cualquier medio usurpe o suplante con fines ilícitos o de lucro, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación o suplantación en su identidad”. Las penas señaladas se aumentarán en una mitad a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz con la víctima.
También se aumentará la penalidad en el supuesto de que el delincuente tenga estudios de licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática, telemática o sus afines. En la iniciativa de ley propuesta a nivel federal se toman algunos elementos que contemplan los códigos estatales y la pretensión del legislador es sancionar el delito que en el Código penal Federal se denominará “robo de identidad”, con pena de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa.
Al respecto, Huerta Partida aclara que “al no ser un delito que se encuentre previsto en el catálogo del Artículo 19 Constitucional, ni en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se trata de una conducta que requiera de la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que solamente en casos excepcionales se concede la prisión preventiva justificada, hecho que ayuda, beneficia y fomenta el actuar de los delincuentes. Aunado a que la autoridad judicial no fija una garantía económica como medida cautelar, argumentado que se vulneraría el principio de presunción de inocencia”.
El entrevistado lamentó que el apoderamiento de datos personales y la suplantación de personas vaya en franco aumento debido a que, mientras los delincuentes se capacitan y se organizan para cometer sus ilícitos, las autoridades permanecen inertes tanto en la parte legal, como en la operativa, ganando terreno los primeros en perjuicio de la sociedad. “Las fiscalías están rebasadas en cuanto a su capacidad de personal para atender a las víctimas de estos delitos, aunado a que los congresos no les proporcionan las herramientas necesarias para ejercitar acción penal en contra de los maleantes”, dijo Jorge Huerta.
SECUELAS
El experto señala que la cifra negra por el robo y usurpación de identidad es gruesa “porque hay personas que deciden mejor no denunciar, porque consideran que con la interposición de sus querellas no van a lograr beneficio alguno y que solamente van a sufrir pérdida de tiempo, para lo cual los especialistas han llegado a considerar que el número de cifra negra llega a ser del más del 100 por ciento de los actos denunciados. También hay que considerar que la víctima muchas de las veces no se han percatado de la comisión del delito hasta que solicitan un crédito o les llega una cobranza”.
De acuerdo a indicadores mundiales, de 194 países, México ocupa el número ocho en el tema de la suplantación de identidad. Este delito no se limita exclusivamente a la comisión de hechos ilícitos en materia económica, que atraen como consecuencia, graves daños patrimoniales a sus víctimas, enfatiza el maestro Huerta: “Los alcances llegan a ser mucho mayores en virtud de que la información y datos personales que fueron robados son aprovechados por el delincuente para suplantar la identidad de la tercera persona y cometer otros delitos de mayor trascendencia, llegando inclusive a la enajenación de bienes inmuebles”.
“Cuando a alguien le roban su identidad también le roban su tranquilidad y su estabilidad emocional, lo que llega a producir severos trastornos en su salud en los que puede abundar un especialista en medicina, psicología o psiquiatría. Pero sí puedo asegurar, por los casos que he conocido, e incluso vivido en carne propia, que los daños que genera la comisión de estos actos ilícitos son elevadísimos y en múltiples aspectos, que van desde el daño a la imagen personal, a la reputación, el daño económico, incluyendo hasta el daño en nuestro patrimonio”, concluyó Huerta Partida.
El proyecto de ley que pretende adherir el Artículo 390 al Código Penal Federal, en el Capítulo III Quáter para denominarse “Robo de identidad”, no garantiza la seguridad jurídica de la sociedad, ya que la premisa de esta norma es sancionar la intención con la que se usurpa la identidad de las personas, y no tanto el quebranto patrimonial, además de que pueden quedar fuera algunas nuevas modalidades delictivas que los criminales van diseñando conforme la legislación va a paso lento.
