En materia de alimentación, se cambió de compañía proveedora del servicio; en el rubro de salud, no existen boletas de atención rezagadas, aseguró María Elena Andrade
La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California, María Elena Andrade Ramírez, afirmó que las Recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigió a autoridades vinculadas con esa instancia en enero de 2022, así como una más emitida desde el ámbito nacional, se han cumplido en un 75 por ciento.
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Aclaró que tales Recomendaciones tienen que ver con “hechos” suscitados en administraciones pasadas.
“Tanto las tres Recomendaciones estatales como la nacional convergían casi en el mismo tema: atención, salud, alimentación, hacinamiento; inclusive generó algunos motines también en administraciones pasadas o disturbios al interior de los centros penitenciarios”, recordó.
Sobre la Recomendación referente a la alimentación en los centros de reclusión, sostuvo que desde el 17 de diciembre el Sistema ya había sustituido la empresa proveedora.
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“No obstante que había un contrato plurianual firmado por el gobierno pasado (encabezado por Jaime Bonilla Valdez), quitamos a la compañía de alimentación que estaba proveyendo esos servicios y empezamos con una nueva compañía”, dijo la comisionada en entrevista con ZETA.
Aseguró que en el caso de la misma Recomendación el sistema ha puesto empeño en el rubro de salud. “Teníamos muchas boletas rezagadas de personas privadas que estaban solicitando una atención médica, ahorita estamos al corriente, con las jornadas que hemos hecho en el tema”, aseveró.
Previo a que proporcionara ese dato, en la conferencia denominada Impunidad Cero, la cual se llevó a cabo el domingo 15 de mayo, María Elena Andrade dio cuenta de que se han decomisado “42 mil 770 dosis de diversas drogas”, que se pretendía ingresaran “a los centros” de reclusión en BC o que fueron “aseguradas ahí mismo”.
En el mismo evento mencionó que en cuanto a sobrepoblación o hacinamiento se ha procedido con mil 169 desplazamientos, equivalentes a “102 de Tijuana y Mexicali a Hongo I y 67 traslados federales”.
Asimismo, ponderó que han sido decomisados 18 teléfonos celulares. “Un celular al interior de un centro penitenciario es un arma letal, por todo lo que puede surgir de ahí”, observó a este Semanario.
Finalmente recalcó que en razón de que “había pocas actividades para las personas privadas de su libertad”, se van a activar 12 naves industriales, las cuales se encontraron en estado de abandono.
“Era una lástima encontrarlas convertidas en bodega donde se guardaba de todo, partes de algunos aditamentos que se descomponían y ahí iban a ser abandonados. Las vamos a reactivar próximamente”, remató.
