Desinterés y desorden del gobierno permiten despojo de terreno a escuela

Foto: Ernesto Eslava
Ezenario lunes, 23 mayo, 2022 12:00 PM

Desde 2020 se denunciaron las intenciones de un particular que puso a la venta un terreno que pertenece a la escuela del ejido Ojo de Agua. Desde entonces, la apatía de las autoridades pone en ventaja al despojó contra 500 niños de su campo de fútbol

Al regresar a clases presenciales se dieron cuenta que habían perdido una hectárea del terreno de la escuela, la cual comprendía su campo deportivo de fútbol y el estacionamiento para los profesores de la escuela primaria Benito Juárez número 2, en el Ejido Ojo de Agua de la zona Este de la ciudad de Tijuana.

Un muro de concreto y una caseta de seguridad bloquean el acceso de emergencia de la primaria estatal, de acuerdo a Ernesto Prudencio, director del plantel educativo.

El terreno mide ocho mil 854.88 metros cuadrados, casi una hectárea. Supuestos propietarios del predio ofrecen a la venta en 250 dólares el metro cuadrado. Sostienen, con un documento de administración urbana del Ayuntamiento de Tijuana, fechado el 25 de abril de 2022, que Fernando Gómez Chávez es el propietario y que Luis Alberto Marín Magaña es el abogado o apoderado del predio ubicado en la avenida Emiliano Zapata con esquina Limón, en el Ejido Ojo de Agua. Una zona atractiva, por estar a pie de carretera y camino a viviendas ejidales y de interés social.

Los profesores saben que el conflicto data de 2020, cuando se le notificó al Sistema Educativo Estatal (SEE) sobre las intenciones del presunto despojo. Otro reporte fue interpuesto el pasado mes de marzo, tanto a control escolar del Sistema Educativo Estatal y Oficialía Mayor del Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda; pero la venta del terreno se mantiene y eso desespera a los padres de familia y profesores de la escuela Benito Juárez. El despojo es una burla, dicen.

“Nos encontramos en una de las partes que a mí como director y a los padres de familia nos da un poco de pena; sentimos ese abuso. Y como pueden ver, tenemos la puerta que daba acceso a la cancha de fútbol (que es parte de la escuela), pero unas personas durante la pandemia -desconocemos los motivos o las razones por las cuales lo hicieron- nos levantan una barda y nos limitan el acceso a ese terreno que forma parte de la escuela”, explicó Ernesto Prudencio Padilla, director de la escuela primaria Benito Juárez 2 del Ejido Ojo de Agua.

“La jefa del departamento de planeación me dice que ellos ya tenían conocimiento desde 2020 y le pregunto ‘¿por qué no has hecho nada?’. Me recibe el documento, me lo sella y Oficialía Mayor viene, toma fotografías y se llevaron datos de las personas invasoras; se les proporcionó el plano y ellos comunicaron que era sencillo lo de la recuperación del terreno. Y han pasado días y no hemos tenido ni llamada ni un aviso desde el mes de marzo”, comentó José Eduardo López Méndez, profesor desde 21 de abril de 2010 en la primaria Benito Juárez.

“Llegamos a una dependencia, se asombran, se indignan… pero de ahí no pasa. De ahí no pasa, aunque digan que es un terreno de la escuela y de los niños; pero de ahí no pasa. Tuvimos la visita de Oficialía Mayor y nos dijo que nos daría respuesta, pero ya tenemos 20 días y no pasa nada”, comentó el director Prudencio.

“Yo lo comentaba con los padres de familia: es una burla. No es otra cosa que llego y te robo tus 20 pesos… y no pasa nada”, insistió.

La primaria Benito Juárez tiene más de dos décadas de trabajo en la zona Este de la ciudad. Actualmente atienden a 550 alumnos en quince grupos. Lo que el plano del Registro Agrario Nacional dice, es que desde abril de 2013 se formalizó el predio con 14 mil 556.456 metros cuadrados.

El departamento jurídico del Sistema Educativo encontró que el predio con clave catastral: 02DPR0407K, indica que el terreno de 22 mil metros cuadrados fue donado en la asamblea ejidal el 12 de enero de 1992; pero la falta de inscripción y un juicio de prescripción son los trámites que ponen en riesgo la propiedad y destino del campo deportivo de la escuela estatal.

El factor en contra es la información del Ayuntamiento de Tijuana, que deja en claro que bajo la clave catastral GS 005 012, dada de alta el 6 de septiembre de 1996, la escuela Benito Juárez solo cuenta con cinco mil 750.40 metros cuadrados; y el resto de los 22 mil de los que refiere el gobierno estatal, son la calle y el terreno contiguo, que está fraccionado y cuenta con 5 claves catastrales desde 1996.

La información diferente entre el ayuntamiento y el gobierno estatal sobre el mismo predio pone en riesgo lo que por años se consideró la cancha deportiva de la primaria de Ojo de Agua en Tijuana.

“El ejido donó 22 mil metros cuadrados para esa área donde está la escuela; eso lo hicieron desde hace tiempo, pero al parecer no concluyeron con el trámite de inscripción para que quedara a nombre del Gobierno del Estado. Y claro que eso no significa que se haya donado y se hizo ante la fe pública de un notario; sin embargo, por errores administrativos que desconozco, no concluyeron con el trámite y eso se prestó a que gente (vivales, verdad) revisaran el registro público y no encontraron nada. Y sucedieron estos hechos de invadir este bien”, explicó Jorge Antonio Cervantes García, director jurídico de la Secretaría de Educación de Baja California.

 

“A mí me falta terreno y me falta espacio, y lo voy a defender”: Solís

El secretario de Educación Estatal, Gerardo Solís, no se ha acercado para apoyar al director del plantel en problemas. Se limitó a señalar a Oficialía Mayor a tomar acción y declarar que él defenderá lo que pueda defender.

“Las personas venden los terrenos; ellos dicen que son de ellos los terrenos desde hace dos años, curiosamente de cuando empezó la pandemia. Aquí en el campo de fútbol hacíamos eventos deportivos no solo de la escuela, sino a nivel estatal”, cuestionó el profesor López Méndez.

“La indignación total. ¿Y qué tenemos qué hacer? Pues lo conducente, ¿no? Ya levantamos un oficio dirigido a Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) que es nuestro patrón, llevamos un oficio a la delegación y estamos a la espera. Los papás están un poco molestos y cansados”, abundó el director Prudencio Padilla.

Ante el presunto despojo, el secretario de Educación ha demorado siete meses en actuar, hasta que el tema fue abordado en la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien se comprometió a enviar un reporte del caso. Aunque -despreocupado- asegura que el presunto despojo no pone en riesgo las clases de los 550 estudiantes de la zona Este de la ciudad.

A pesar de que el caso fue denunciado desde 2020 y en marzo de 2022, fue hasta mayo cuando inició la investigación forense. Las autoridades permitieron que el terreno estuviera a la venta por más de un año, ante la carencia de documentos.

“En este caso, parece ser, hasta la información que tenemos hasta ahorita, no hicieron llegar este documento al Registro Agrario Nacional (RAN)… Parece ser, aunque aún no te puedo decir que sí; apenas me van a dar todos los archivos desde que se hizo la donación”, comentó a ZETA el director jurídico Cervantes Padilla.

“En este caso es un tema entre agrarios y civiles, pero por ahí vamos trabajando. Y sí hay mucha carne para defenderlo y para rescatarlo lo más pronto posible”, insistió.

“No es la primera vez que una parte de una escuela se invade por un privado, pero eso se sujeta no a la Secretaría, sino a la Oficialía Mayor, que es propiedad de los terrenos. Pero un metro cuadrado para la educación es un metro que vamos a buscar. No hay ningún riesgo de que los alumnos se queden sin estudiar y sin escuela, sin embargo, cuando hay un tercero, que no es de nosotros, vamos tratar de llevar a la mesa técnica la posible solución”, argumentó Solís ante la gobernadora el pasado miércoles 27 de abril de 2022.

“Quisiera el apoyo de las autoridades al cien, porque no es un terreno para el director ni para el maestro. Es un derecho para 500 alumnos”, comentó Irene Oliveros Patiño, presidenta de la sociedad de padres de familia.

ZETA solicitó información y entrevista a Oficialía Mayor para conocer la condición en la que se encuentra el predio y las condiciones en las que pasó a propiedad privada, pero hasta el cierre de edición no se ha otorgado.

 

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