Familiares del elemento de seguridad penitenciaria de la Comisaria de Sentenciados de Jalisco, Juan Carlos N., siguen angustiados por la privación ilegal de la libertad de su pariente, ocurrida la noche del miércoles 4 de mayo en su domicilio por parte de sujetos que portaban armas de fuego.
Custodios de la propia Dirección General de Reinserción Social se comunicaron a este medio para expresar su preocupación por la desaparición de su compañero y el aparente desinterés de sus autoridades por localizarlo “Somos una codificación sin importancia”, señalo uno de ellos.
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De acuerdo con la denuncia formulada por la esposa de Juan Carlos, en la fecha referida se encontraban en su casa ubicada en la colonia Lomas del Paraíso, en el municipio de Guadalajara, cuando llamaron a su puerta y abrieron la misma.
Los interlocutores del custodio le preguntaban en claves operativas por el paradero de algún objeto o algo físico, contestando el servidor público que no sabía de qué estaban hablando porque él “se manejaba derecho”.
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Los individuos que portaban armas de fuego se introdujeron por la fuerza al domicilio y comenzaron a esculcar en todos los rincones del domicilio, mientras el oficial penitenciario trataba de proteger a su pareja.
Sin embargo, al no localizar lo que andaban buscando, los delincuentes intentaron llevarse al custodio, quien corrió a encerrarse en uno de los cuartos, pero uno de los sujetos le disparo con una pistola, lesionándolo en una pierna.
Finalmente los plagiarios sacaron a Juan Carlos arrastrándolo hasta la calle, donde lo subieron al interior de un carro de color negro y huyeron del lugar, en ese y otros vehículos también de color negro.
La mujer dio aviso a la Policía Municipal de Guadalajara sobre lo sucedido, pero desde esa noche no se conoce del paradero del agente. Su familia, desesperada ha acudido con insistencia a la Fiscalía de Jalisco, donde hasta el momento no ha encontrado respuesta.
Cabe hacer mención que el centro carcelario conocido como el CRS donde se desempeña el desaparecido es el mismo en el que el 22 de mayo de 2020 se registró una disputa a balazos por el control del establecimiento por parte de dos facciones criminales, lo que dejó un saldo de 8 reos muertos e igual número de presos heridos.
Apenas el 20 de abril reciente, la organización civil CEPAD demandó investigar graves violaciones de derechos humanos en ese penal de Puente Grande, donde 12 internos con discapacidad psicosocial fueran sujetados con candados a las bancas del pabellón psiquiátrico durante tres días a la intemperie.
