Militares también descargaron videos, fotografías e identificaciones de detenidos con el efectivo en retén, para entregarlas a funcionarios federales; MP militar solicitó colaboración de Bonilla, pero no respondió
Marco Tulio Castro
Especial para ZETA
Tres investigaciones: una militar, una penal y otra administrativa, no han probado que funcionarios estatales, federales, militares y empresarios delinquieron al trasladar millones de pesos entre Mexicali y Tijuana, obtenidos de presuntos sobornos para ganar contratos públicos.
Es el hecho que se ventiló en noviembre de 2019, primer mes de la administración del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y que fue conocido como el caso de los moches.
La investigación militar revisó por qué al menos ocho soldados dejaron ir a civiles con más de 4 millones de pesos en mochilas escondidas entre papel sanitario, del retén de El Centinela, en Tecate, el 4 de octubre de 2019.
Publicidad
__
Los militares inmiscuidos fueron:
* Cabo Primero, Jorge Gerardo Retana Valdez
* Sargento Segundo, Jorge Alberto Ordóñez Figueroa
* Sargento Segundo, Venancio Pablo Gómez
* Cabo Neri Rolando García López
* Cabo José Luis Ramírez García
* Mayor Rubén Darío Santiago Santiago
* Cabo Segundo, Juan Carlos Camacho Ocampo
* Coronel Rafael López.
De acuerdo con estadísticas públicas de indultos, juicios y sentencias militares, la justicia militar no concluyó en alguna pena por el delito de desobediencia.
Esta carpeta revela que el agente del Ministerio Público militar solicitó ayuda al entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en al menos dos ocasiones, pero este no cooperó en las diligencias, según la investigación militar obtenida por Transparencia.
La fiscalía militar también investigó por qué los elementos castrenses descargaron al menos cuatro videos de su base de datos, fotografías de identificaciones y de los civiles detenidos, para compartir todo con funcionarios federales.
Además, la investigación penal contra Jesús Núñez Camacho, ex oficial mayor del gobierno estatal, y de Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria estatal de Bienestar, fue archivada en forma temporal por falta de datos para “establecer líneas de investigación”, según la resolución de la Fiscalía General del Estado.
La FGE investigó a los funcionarios por el delito de negociaciones indebidas, que tras cuatro meses y medio, archivó.
Tampoco se ha logrado avance en la investigación administrativa que abrió la Secretaría de Honestidad y Función Pública contra estos dos funcionarios, pues la administración estatal anterior archivó el caso, de acuerdo con la dependencia.
Con ningún funcionario, civil o militar sancionado por estas investigaciones y más casos de corrupción actuales en Baja California, el desafío del gobierno estatal es consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción, nombrar a un fiscal Anticorrupción y un magistrado que sancione administrativamente, explicó el abogado Iván Curiel, experto en Derecho administrativo.
“No hay caso pequeño en delitos de corrupción”, dijo Curiel, que entre 2019 y 2020 fue magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
La falta de sanciones penales y administrativas se repitió en la milicia.
La investigación de la fiscalía militar muestra múltiples registros orales del dinero, confesiones de los detenidos y grabaciones del caso que después filtró el Ejército, con ninguna conclusión.
De hecho, el informe castrense entregado a la fiscalía militar concluye antes de la investigación: el Coronel Rafael López Rodríguez, que dio la orden para dejar a los civiles con las cuatro mochilas llenas de dinero del retén, “consideró que no había delito que perseguir”.
En ese hecho, dos personas fueron detenidas: Einar André Hernández Garza, quien se dijo chofer de Cynthia García Soberanes y se identificó con una credencial de la Cámara de Diputados, y el copiloto, de quien no trascendió la identidad.
Acorde con la carpeta militar, los dos dijeron que el dinero sería para apoyos sociales, y habían recibido la orden de García Soberanes de entregarlo en Tijuana.
El Coronel Rafael López, responsable del 23 Regimiento de Caballería, incluyendo el retén El Centinela, concluyó que no había delito porque así se lo dijo en una llamada Jaime Rojo Peñuelas, delegado regional de Bienestar en Mexicali, según la investigación militar.
“Consideró no había delito que perseguir cuando el ingeniero Jaime Rojo Peñuelas, confirmó lo manifestado por los dos civiles que viajaban en la camioneta”, refiere el informe militar.
De hecho, las declaraciones de al menos tres soldados señalan que fue el Coronel Rafael López quien buscó al funcionario federal Jaime Rojo, para confirmar el dicho de los detenidos.
Tras esa llamada, conforme a la narrativa militar, el funcionario federal Rojo Peñuelas habló con Cynthia García para preguntarle sobre el dinero, y ella confirmó lo dicho por los detenidos: el dinero era legítimo.
“Le marqué a la que sabía que sería secretaria de Bienestar Estatal, informándole que había un vehículo detenido en el retén El Centinela donde hay una persona detenida que dijo que era su chofer y que trabajaba para ella, respondiéndome ella que efectivamente trabajaba para ella, que conducían su carro y que los estaba esperando (…) Yo le informé que traían una fuerte cantidad de dinero que eso le estaba reportando, y le pregunté si tenía conocimiento; ella respondió que sí sabía, que ese dinero era para comprar prótesis y ayuda para la gente, le requerí si tenía cómo comprobar ese dinero y ella respondió que sí, que correspondía a unos cheques que ella cambió”, indica la declaración de Rojo Peñuelas.
El funcionario transmitió lo anterior al Coronel López y éste ordenó que los dejaran ir.
García Soberanes respondió por mensajería que los militares no comprobaron su participación en este hecho.
“Ellos pudieron constatar por medio de Inteligencia militar que no estaba yo en el auto después. Te repito, con Inteligencia militar averiguaron todo, punto por punto”, dijo para este reportaje.
García Soberanes no respondió a una pregunta sobre si reconocía la llamada entre ella y Rojo Peñuelas: “Te agradezco la entrevista, y en mi declaración está toda la información”.
Su declaración ante los militares dice esto: que nunca ha sido detenida en un retén, que nunca ha tenido una camioneta Chevrolet Tahoe color gris, que no conoce en persona a quien la denunció y que es todo lo que desea manifestar.
En las declaraciones de soldados y funcionarios hay un eje común: Movimiento Regeneración Nacional y las relaciones políticas.
Los detenidos dijeron que el dinero “fue recolectado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA) y que sería destinado para apoyos”.
El informe militar del Coronel Rafael López revela que tenía interés por “mantener las buenas relaciones con el gobierno en funciones”.
López dijo que conocía a Rojo Peñuelas porque “lo ve frecuentemente en las reuniones de seguridad que se realizan en las instalaciones del propio Regimiento”.
Un funcionario federal con conocimiento de las investigaciones confirmó que, a pesar de esto, Rojo Peñuelas sigue participando en las Mesas de Seguridad encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto al Ejército y otras autoridades civiles.
La declaración ministerial de Jaime Rojo Peñuelas corrobora que el dinero era del gobierno para apoyo social, basándose en el dicho de la ex funcionaria estatal.
Pero luego el mismo Rojo Peñuelas acusó a García Soberanes ante los militares, de usar el membrete de Morena y del gobernador Jaime Bonilla, para recolectar dinero para su beneficio.
Estos señalamientos fueron desmentidos por Cynthia Gissel por mensajería instantánea, y también en su declaración como imputada, de acuerdo con la carpeta penal que inició la Fiscalía General del Estado, también obtenida mediante solicitud de Transparencia.
“En este caso se demostró ante la fiscalía que no existía delito alguno que perseguir, por lo que se mandó al archivo la carpeta de investigación, y, en consecuencia, no se puede reabrir”, expuso García Soberanes para este reportaje.
En abril de 2020, la FGE resolvió archivar la carpeta “sin perjuicio de que, si aparecen nuevos elementos de convicción, se ordene la reapertura de la misma”.
En esa carpeta también estuvo bajo investigación Jesús Demián Núñez Camacho, ex oficial mayor en la administración de Jaime Bonilla que renunció al cargo luego que el medio Periodismo Negro ventilara el presunto delito.
Núñez no pudo ser contactado para conocer su versión de los hechos. Se le buscó a través de llamadas telefónicas a su teléfono particular, y por mensajería instantánea, sin obtener respuesta. También mediante llamadas al teléfono de un negocio donde aparece como socio mayoritario con sede en Mexicali, y por correo electrónico a una cuenta que administra la razón social.
Un año después que la FGE archivara su investigación, Núñez volvió a la función pública, ahora como comisionado del Sistema Estatal Penitenciario, aunque García Soberanes no regresó a un cargo público en la administración de Bonilla.
Además de comentarios públicos, el ex mandatario no se involucró en la investigación contra funcionarios de su administración. Tampoco atendió al menos dos solicitudes de ayuda para integrar la investigación, de acuerdo a carpeta ministerial militar.
El 15 de noviembre de 2019, a días de denunciado el caso, la Ministerio Público militar Andrea Chávez pidió a Bonilla, ayuda para localizar a Cynthia García Soberanes, secretaria de Bienestar, así como al oficial mayor Jesús Núñez y cuando menos a otro servidor público, que no pudo ser identificado, de acuerdo con la carpeta militar.
Pero no hubo respuesta.
El 7 de diciembre de 2019, el agente del Ministerio Público militar, José Luis Vargas Cruz, dirigió un oficio al gobernador pidiéndole “gire sus apreciables instrucciones” para informar a la fiscalía militar cargos y direcciones de los funcionarios.
Bonilla tampoco respondió.
Aunque la investigación penal está archivada y falta un fiscal Anticorrupción, la FGE podría continuar integrando la carpeta de investigación hasta llevarla a un juez penal, que castigaría de acuerdo con el Código Penal, explicó el abogado Iván Curiel.
Y en materia administrativa, dijo, la investigación que inició la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) podría presentarse ante la Sala Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que sancionaría conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California.
Vicenta Espinosa, ex titular de la SHFP, no respondió a una solicitud de comentario.
El ex juez Anticorrupción comentó que, durante su magistratura, la SHFP no presentó su investigación administrativa en busca de sanción por este caso, aunque el delito prescribe a los siete años de su comisión.
Tras la renuncia de Curiel a la Sala Anticorrupción, la juez Leticia Castro Figueroa quedó como encargada en funciones.
