Abogados y familia Cuevas buscan destitución de Gertz; FGR va por juez Delgadillo Padierna

Foto: Cuartoscuro
Destacados viernes, 20 mayo, 2022 12:00 PM

Los tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá -a quienes el 19 de mayo del 2022, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, les canceló órdenes de aprehensión-, anunciaron que buscarán la destitución de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por violar sus derechos humanos.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, acusaron a la FGR de utilizar el aparato del Estado para actuar en contra de los “enemigos” de Gertz Manero.

Ambos litigantes afirmaron que durante la audiencia de 23 horas que se llevó a cabo en el Reclusorio preventivo Varonil Sur, Manuel Granados Quiroz, fiscal de asuntos especiales de la FGR, no logró sustentar las acusaciones en contra de los cuatro abogados, por lo que el juez federal dejó sin efectos el caso.

Además de que Delgadillo Padierna pidió dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al debido proceso. Los litigantes también aseguraron que con este caso quedó demostrado que la FGR actúa de forma sistemática en beneficio particular de su titular.

“No tenemos por qué acostumbrarnos a esto, no es normal lo que estamos viviendo con esta fiscalía, casos como [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología] CONACYT, los Cuevas, la [Universidad de las Américas] UDLA, [Juan] Collado [Mocelo], Paulo [Diez Gargari], únicamente trabaja con asuntos de consigna, de vendettas, e intenta dar resultados que son de interés del fiscal”, acusó Araujo Rivapalacio.

Ambos litigantes anunciaron que pese a que el juez de federal dio por concluido el caso, la FGR insistirá en reabrir la carpeta de investigación, por lo que su defensa analiza la ruta jurídica a seguir y una de las opciones es interponer una denuncia en contra de todos los funcionarios involucrados en el caso que les atañe y que no descartan llegar hasta organismos internacionales.

“Estoy seguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso por la violación a los derechos humanos, vamos a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y la destitución del fiscal”, dijo, por su parte, González Hernández.

Ambos litigantes no negaron su relación de amistad con Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, pero que consideraron que es una calumnia por parte de la FGR, que los vincule en una red de tráfico de influencias.

En entrevista en el mismo noticiero radiofónico, Manuel Granados Quiroz, fiscal de asuntos especiales de la FGR, estuvo desacuerdo con la decisión de juez Delgadillo Padierna de desechar 75 datos de prueba que, según dijo, se ofrecieron para lograr la imputación de los cuatro acusados.

Granados Quiroz consideró que Delgadillo Padierna no analizó el caso adecuadamente y tomó una decisión “apresurada”, además de que, según el fiscal, “realizó manifestaciones que se alejan de ese deber de imparcialidad, de objetividad y de deber hacia la ley que debe tener todo juzgador, el emplear calificativos denostativos. Eso sí es preocupante porque pasó por alto el principio de buena fe”, explicó.

El fiscal de asuntos especiales de la FGR insistió que, sin que haya una imputación formal en contra de Scherer Ibarra, por parte de la Fiscalía General de la República, el juez federal actuó de manera oficiosa a su favor.

“Nosotros no actuamos por consigna, no actuamos por venganza, actuamos con base en denuncias que presentan las víctimas y nuestro deber es determinar si existen elementos para ejercitar la acción de la justicia; nosotros esclarecemos hechos, no fabricamos culpables, ni hacemos persecuciones”, afirmó Granados Quiroz.

El fiscal de asuntos especiales de la FGR anunció que el lunes 23 de mayo del 2022, ingresarán una apelación ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el fallo y también darán inicio a una carpeta de investigación por el actuar del juez Delgadillo Padierna.

FAMILIA CUEVAS REÚNE FIRMAS EN CHANGE.ORG PARA DESTITUIR A GERTZ MANERO

En paralelo al fallo exonerando a los abogados cercanos a Scherer Ibarra, la familia Castillo Cuevas comenzó, el 20 de mayo del 2022, con la difusión de una petición en la plataforma Change.org, para recabar firmas que apoyen la exigencia de “renuncia, destitución o remoción” del titular de la Fiscalía General de la República.

Acusaron que Gertz Manero no cumple con los requisitos para mantenerse en el cargo. Asimismo, mencionaron que ellos sufrieron los “abusos” del titular de la FGR, por lo que exigen se utilicen los mecanismos de ley para que pueda ser destituido.

“Su cargo se ha caracterizado por ser vengativo en contra de quiénes le incomodan, tibio ante el crimen organizado e indiferente con las víctimas del delito, lo que se traduce en una de las peores gestiones de procuración de justicia en la historia de México”, señalaron.

“Alejandro Gertz Manero puede ser destituido a través de dos mecanismos contemplados en la Constitución: el juicio político a cargo del Congreso, o la remoción por parte del Presidente de la República”, indicaron los miembros de la familia Castillo Cuevas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 29 de marzo del 2022, que tras la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de otorgar dos amparos lisos y llanos a Laura Morán Servín y a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, madre e hija, acusadas por el supuesto homicidio por falta de cuidado de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la FGR, instruyó a Adán Augusto López Hernández, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para ofrecerles apoyo y protección, “de inmediato”.

JUEZ FUE “GROSERO” AL CANCELAR PROCESO CONTRA ABOGADOS LIGADOS A SCHERER, DICE FGR, QUE IMPUGNARÁ

La Fiscalía General de la República (FGR) se quejó, el 19 de mayo del 2022, de que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, fue “grosero”, durante la audiencia en la canceló las órdenes de aprehensión contra tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.

“Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente”, indicó la FGR, en un comunicado.

“Y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio ‘S’, que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados”, agregó la institución de procuración de justicia.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía General de la República informó que presentará de inmediato el recurso de apelación, que se hará público en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal [CJF]; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto”, agregó en su comunicado, la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Federico Gertz Manero.

Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, suspendió, el 19 de mayo del 2022, las órdenes de aprehensión contra tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.

Ello por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa, que había solicitado la Fiscalía General de la República, basado en las denuncias del también litigante Juan Ramón Collado Mocelo.

La FGR acusaba a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, e Isaac Pérez Rodríguez, así como al asesor financiero David Gómez Arnau, de haberse coludido para extorsionar a posibles clientes con cantidades millonarias de dinero aprovechando la supuesta cercanía que tenían con altos mandos de la FGR y del Gobierno Federal, entre ellos, Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Después de 23 horas de audiencia, Delgadillo Padierna desestimó todos los argumentos que la FGR vertió para solicitar vincular a proceso a los imputados. Al emitir su resolución, el juez federal observó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la presunta asociación delictuosa.

Sin embargo, el ex funcionario federal no fue citado a comparecer, lo que el impartidor de justicia consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el ex titular de la Consejería Jurídico de la Presidencia de la República, con lo que se violó su presunción de inocencia.

Delgadillo Padierna añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados, porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado Mocelo -durante la denuncia que dio origen a la imputación- era improcedente.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, firmó que la FGR no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.

En consecuencia, Delgadillo Padierna ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que investigue y determine si Collado Mocelo o los fiscales encargados del caso, violaron los derechos humanos de Scherer Ibarra, de Araujo Rivapalacio, de González Hernández, de Pérez Rodríguez, y, de Gómez Arnau.

“No sólo investigan a Julio Scherer Ibarra, también lo hicieron con Santiago Nieto [Castillo], dichas personas no fueron llamadas a la audiencia de imputación y la FGR aprovechó la audiencia para mandarles una amenaza velada”, señaló Delgadillo Padierna.

“La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención […] Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, agregó el juez federal durante la audiencia de cancelación del proceso.

A través del fiscal federal Manuel Granados Quiroz, la FGR afirmó, el 18 de mayo del 2022, ante el mismo juez, que Scherer Ibarra formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado, para extorsionar y traficar influencias, obteniendo un lucro millonario.

“Julio Scherer Ibarra formó parte de una asociación delictiva integrada por más de 3 personas que operó de noviembre de 2018 a julio de 2021 y que tenía la finalidad de despojar a Juan Collado Mocelo y apoderarse de la Caja Libertad”, dijo Granados Quiroz.

La FGR pidió que Araujo Rivapalacio, González Hernández, Pérez Rodríguez, y, Gómez Arnau, fueran vinculados a proceso por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Ello porque, supuestamente, por instrucciones de Scherer Ibarra, los imputados pretendieron obligar a Collado Mocelo a vender Caja Libertad a Banca Afirme -propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien el litigante señala como amigo del ex titular de la Consejería Jurídica presidencial-, como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.

Los 10 millones de pesos en efectivo que Collado Mocelo dice haber pagado a González Hernández o los 1.5 millones de dólares que entregó en España a Pérez Rodríguez, fueron pagos que según la FGR se hicieron a personas que traficaban influencias para el ex consejero jurídico presidencial.

La FGR agregó que también existe una responsabilidad penal en los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV), el Poder Judicial de la Federación (PJF) y de la propia Fiscalía, que se prestaron al tráfico de influencias de los supuestos emisarios de Scherer Ibarra.

Los fiscales federales presentaron un total de 75 datos de prueba para acreditar la implicación de los abogados y el asesor financiero, quienes finalmente comparecieron juntos hasta la cuarta ocasión en que fueron citados por la autoridad judicial.

El fiscal Granados Quiroz señaló que Agustín Acosta Azcón, abogado de Gómez Arnau, estaba impedido para participar en la audiencia, porque en sus oficinas de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, de la capital de la República, se recibió una notificación de la UIF, que fue parte de la supuesta extorsión a Collado Mocelo.

Dicho documento es el que señalaba que el abogado no era investigado por la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni es parte de la Lista de Personas Bloqueadas. El fiscal federal también acusó a Acosta Azcón de litigar un asunto o asuntos relacionados con buques, “por encargo de Julio Scherer”.

Granados Quiroz también señaló a Alejandro Robledo Carretero, defensor de González Hernández, porque dijo que Scherer Ibarra lo colocó como titular de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y dejó dicho cargo con la salida del ex consejero Jurídico.

Asimismo, el fiscal federal pidió dejar fuera de la audiencia a Diego Madrazo Labardini, defensor de Araujo Rivapalacio, por ser parte del mismo despacho de su defendido, ya que más adelante podría resultar imputado de un delito.

“Me parece vergonzoso que la fiscalía inicie con amenazas veladas. En efecto fui socio de Juan Araujo hasta el 2020 y no tengo relación con él. Me parece que es una amenaza velada”, respondió, en su turno, el abogado Acosta Azcón.

Por su parte, Robledo Carretero rechazó el señalamiento y dijo que Scherer Ibarra no lo puso en el cargo, ya que, según él, fue el presidente de la República quien le dio el nombramiento, además de que no renunció al mismo tiempo que el ex consejero Jurídico.

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