Más de 100 mil habitantes no cuentan con vialidades seguras para trasladarse en calles y banquetas, aunado a que no existe una Ley de Movilidad que obligue a los gobiernos a cumplir
En Baja California Sur no existen condiciones para que los ciudadanos vulnerables puedan circular con tranquilidad en las calles. La Paz es el peor ejemplo de movilidad, un municipio donde se prioriza el flujo vehicular, antes que los peatones.
Y qué decir de las personas con discapacidad, dado a que las calles y banquetas fueron creadas sin siquiera contemplarlos, aun cuando se tiene registro de alrededor de 35 mil personas que padecen algún tipo de discapacidad, y más de 75 mil adultos mayores.
Estamos hablando de más de 100 mil sudcalifornianos que requieren de espacios inclusivos para trasladarse de un lugar a otro en las avenidas.
“Una ciudad discapacitada para una persona que utiliza sillas de ruedas, no importa que sea turista o local, es imposible circular libremente en el primer cuadro de la ciudad con silla de ruedas, con banquetas poco inclusivas, pero no es algo nuevo las omisiones del gobierno estatal y municipal, no les interesa la verdadera inclusión”, denunció Juan Manuel Olachea Higuera, representante del Colectivo Derecho a la Movilidad.
Dicho colectivo dio un empujón a las autoridades del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de La Paz, promoviendo un amparo debido a que Baja California Sur no cuenta con transporte suficiente que brinde atención a personas con discapacidad, especialmente para aquellas que se trasladan en silla de ruedas.
Al día de hoy, las personas con discapacidad tienen una esperanza legal, y está fuera de las manos de autoridades locales detener que la movilidad sea inclusiva; debe ser una obligación a cumplir por las autoridades.
“Esto se dio en la administración pasada, porque los asesores jurídicos del gobernador utilizaron un amparo federal que yo gané por discriminación, por no gestionar transportes públicos adaptados, y la ex diputada no quería ser presionada para la aprobación de la Ley de Movilidad. Pero la realidad es otra: ahora como presidente municipal y administración nueva cambian los intereses, no para las personas que utilizamos sillas de ruedas, pero sí para su política, no quieren molestar a el gobernador con esta gestión”, afirmó Olachea Higuera.
El Congreso del Estado ha incumplido con formar una Ley de Movilidad, desde la anterior Legislatura debió crearse la normatividad, que no sólo se trata del transporte público o privado, como se ha politizado, sino que va más allá.
En la anterior Legislatura se dedicaron a pelear, estaba la actual alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, supuestamente trabajarían por una movilidad incluyente, pero fueron omisos e incumplieron con los sudcalifornianos.
“Ya recibimos una notificación de un juez federal, como algunos saben, habíamos recibido un requerimiento por parte del Juez Primero de Distrito para que dictamináramos la Ley de Movilidad en atención a una persona con discapacidad que ingresó una demanda hacia el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, y de alguna manera nos habían requerido a nosotros y dictaminar de manera apresurada esta Ley, y ahora respondimos que ya existe materia legislativa que faculta a los ejecutivos para garantizar estos derechos a las personas con discapacidad”, reconoció la ex diputada y ahora presidente municipal paceña.
En un segundo tiempo, se notificó que el Gobierno del Estado, a cargo de Víctor Manuel Castro Cosío, debe atender las demandas de las personas con discapacidad y de todo ciudadano, “cumplir con esta demanda ciudadana, puesto que ya tiene leyes que le facultan para garantizar este derecho, esto no limita que sigamos trabajando en la Ley de Movilidad, pienso que va a salir una muy buena Ley, representante para todos y de piso parejo, esperemos no demorar mucho en informar que vamos bastante bien y seamos responsables de nuestra labor y atender la encomienda que nos dieron como sudcalifornianos”, externó Milena Quiroga.
Por muchos años se han olvidado de los derechos de las personas, pareciera que sólo se toma en cuenta los derechos de los transportistas, y cómo no, si son quienes organizan manifestaciones y cierres de calles, lo que ha llevado al Gobierno del Estado a negociar a conveniencia de unos cuantos y no de los sudcalifornianos en general.
“Las omisiones del gobierno estatal y municipal para hacer gestión y que contemos con transporte público adaptado para personas que utilizamos sillas de ruedas, es más que clara. Por ahora están en el poder, y estos actos de valemadrismo se cobran en las próximas elecciones”, anunció Juan Manuel Olachea.
En el propio Ayuntamiento de La Paz no se respetan los espacios destinados para personas con discapacidad, en grabaciones de video se puede observar que el ascensor para personas que se mueven en silla de ruedas, constantemente es utilizado por el personal u otras personas sin discapacidad, sólo por ahorrarse la subida de escaleras.
BANQUETAS DE CUARTA
Las calles de La Paz se encuentran en pésimas condiciones, ya no sólo se trata de los baches, calles sin pavimento y fugas de agua en las avenidas; las banquetas se encuentran en total abandono, no hay un espacio decente para que las personas puedan transitar de manera segura.
Para Cristina Ortuño Villaseñor, coordinadora de Colectivo Pies, Cabeza y Corazón, es obligación del Ayuntamiento de La Paz, y exhortó a “concientizar a los tomadores de decisiones que a la fecha no se ve claro que la banqueta es un espacio público, es responsabilidad construirlas y darles mantenimiento únicamente al Municipio, uno como dueño de la casa no tiene por qué meter nada; un arbolito en el espacio para el área verde y tan tan, pero ves jardineras, quienes hacen sus banquitas o extienden la cochera. Todo eso debería vigilado, supervisado, sancionado y revertido”, lanzó Ortuño.
La movilidad es un derecho de cada ciudadano, así está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, en la práctica el Ayuntamiento de La Paz queda mucho a deber, sin el rescate del espacio público, rehabilitación o creación de espacios adecuados.
“Todos tenemos derecho a la movilidad, personas que van a pie, en silla de ruedas, en bicicleta, en carro. Definitivamente no debemos coartar ese derecho, pero sí mejorar las condiciones, para que ese derecho se garantice de mejor forma y en buenas condiciones, para todas y todos”, expresaría la alcaldesa.
La Paz no cuenta con una banqueta transitable, si una persona sin discapacidad motriz debe bajar a la calle para caminar, basta imaginar a una que depende de una silla para trasladarse.
Son verdaderamente deplorables los espacios de banqueta, la mayoría delimitados por sus malas condiciones, invadidas o simplemente no existen.
“Dentro del universo de personas con discapacidad, que aspiran a un vehículo en el cual transportarse, ya tienen un avance para moverse en la ciudad, y todos los que no pueden salir de su casa, ni siquiera a sus consultas, ni siquiera al ejercicio mínimo indispensable de sus derechos para circular, en ellos quién piensa: nosotros, porque a diario lo estamos señalando”, es la visión desde la sociedad civil organizada.
Realidad que dista mucho de la que comparten los funcionarios públicos del Ayuntamiento de La Paz, lo peor es que no se está luchando por rescatar los espacios públicos ya existentes, como banquetas, cruces peatonales y ciclovías. Al contrario, en muchos de los casos están dejando caer la infraestructura pública urbana.
“Deben existir elementos que brinden las condiciones necesarias en el espacio público para que todo tipo de personas puedan utilizarlos, ya que el estado actual de las ciclovías, algunas banquetas o cruces peatonales no son las adecuadas, implementando rampas en aceras, cruces peatonales, señalización, delimitación de ciclocarriles o implementación de mobiliario urbano”, reiteró Cristina Ortuño.
Una persona con discapacidad puede trasladarse por unos metros en una banqueta, pero seguramente se topará con baches, obstáculos o escalones que impiden ese trayecto, en el mejor de los casos podrá bajarse a la cinta asfáltica, pero en otros deberá retroceder en todo su trayecto para volver a empezar.
Difícilmente una persona en silla de ruedas o muletas puede avanzar 50 metros lineales en la banqueta, no hay condiciones para moverse por ese sitio.
“No conozco un lugar de la ciudad, que alguien del gobierno o de otra asociación me diga lo contrario: no hay banquetas, punto, y lo sustento en que las banquetas deben tener una característica para poder decir que son incluyentes y útiles, y aquí donde el Municipio le ha invertido y construido banquetas aceptables, de buena medida en ancho y con una textura que sea caminable y demás, pero a los dos días ya están llenas de invasión, o mesas y sillas de un restaurante o puestos semifijos”, denunció Ortuño.
En el Centro Histórico, existen cuadras completas poseídas por el comercio informal.
La autoridad municipal no ha podido detener esa invasión, las personas caminan por un espacio limitado, ni qué decir de aquellas con discapacidad.
“El Centro por ejemplo está todo invadido y no hay por donde caminar, banquetas; por otro lado, al dueño de la casa o de un local comercial, le da la gana y la interviene y ponen vitropiso, eso no sirve para caminar, la gente camina por ahí porque no hay por dónde más hacerlo, pero es muy riesgoso”, indicó la coordinadora de Colectivo Pies, Cabeza y Corazón.
CICLOVÍAS SALVAN VIDAS
Miembros de la sociedad civil organizada manifestaron a ZETA que colocar ciclovías incita a las personas al uso de otros medios de transporte diferentes a los automóviles, en este caso bicicletas.
Además, esto genera que los carriles de circulación sean recortados de alguna manera, y reducir el tamaño de los carriles alienta a que los automovilistas reduzcan la velocidad, lo que a su vez, disminuye los accidentes viales.
“En todas las vías donde hay ciclovías se pacifica el tránsito, las velocidades se disminuyen, en una zona escolar la velocidad debe reducirse a 15 kilómetros por hora, no hay razón alguna para que las calles sean tan anchas y que se manejen velocidades tan altas como lo hacen los automovilistas. Tenemos que meternos en la cabeza que lo que mata gente son los carros y la velocidad”, explicó Ortuño Villaseñor.
Desde hace unas semanas ha surgido el llamado de algunos ciudadanos y personajes políticos, incluso han llevado solicitudes al Congreso del Estado y al Ayuntamiento de La Paz para que sean retiradas las ciclovías de las calles Jalisco y Colima, muy cerca de Tránsito Municipal.
En la reciente sesión del Cabildo de La Paz, el noveno regidor del PRI, Abimael Ibarra Abúndez, solicitó atender lo que llamó “el peligro que representa el bicisendero de la calle Jalisco y Colima”, supuestamente porque perjudica a las personas que caminan por el lugar.
“Hay varios centros educativos, tenemos la opción y la propuesta de que saquemos la ciclovía de calle Jalisco y calle Colima, y la mandemos a una vía alterna, por qué no utilizar la calle Oaxaca, por ejemplo, que en su mayoría es residencial, no tiene tanto comercio, no hay rutas de transporte público y el transporte de carga es muy esporádico. Podemos utilizar un carril completo para una ciclovía, para que puedan transitar de manera segura y confortable todas las personas que usan un vehículo de tracción humana; recordemos que la movilidad es un derecho humano y está en nuestra Carta Magna”, justificó el regidor.
En su opinión, la ciclovía interviene con la tranquilidad de las personas, y también en la reducción del tamaño de los carriles de circulación vehicular, ignorando la velocidad que los vehículos toman en esa parte de la avenida.
Sobre este tema han surgido diferentes puntos de vista, pero lo que más reclama la sociedad civil organizada, es que una ciclovía no genera accidentes, sino los autos y la falta de precaución al conducir.
“Estamos proponiendo que sea una medida inclusiva para todos, y no por darle derecho a unos, afectamos a los demás, es un tema de seguridad, no esperemos a que haya un caso de vida o de muerte, en un incidente que después vamos a lamentar”, dijo Abimael Ibarra.
El Colectivo Pies, Cabeza y Corazón hizo énfasis en que son pocas las ciclovías conseguidas en la administración municipal anterior, y gracias a estos espacios, los ciclistas pueden atravesar arterias de alto flujo vehicular con mayor tranquilidad.
Cristina Ortuño manifestó que no se puede retroceder en un paso hacia una movilidad inclusiva, pues retirarla sólo beneficia a los autos, que son el último peldaño de la pirámide de la movilidad, mientras que a menor velocidad de los autos, los ciudadanos pueden caminar más seguros.
“Como lo que se pretende es que la gente pueda transitar segura, sobre todo las personas con mayor vulnerabilidad, niños, personas de la tercera edad, con discapacidad, y todo aquel que ande a pie y en bici, porque son los más débiles, los que están más en riesgo, tenemos que empezar que entender que todas las calles deben bajar la velocidad. No todo es infraestructura, la infraestructura va a tardar en llegar y mucho, porque siempre está el argumento del dinero; lo que sí podemos hacer es abrir el diálogo y ver qué podemos hacer”, propuso la activista.
MOVILIDAD SELECTIVA
Cuando se habla de una Ley de Movilidad, para el gobernador Víctor Castro sólo suena la importancia de proteger a los concesionarios de transporte público, no considera que la Ley sea en beneficio de los grupos vulnerables, personas con discapacidad, de escasos recursos que se trasladan en bicicleta a sus trabajos, y la libertad de elegir un transporte digno y al alcance de su bolsillo.
La Ley de Movilidad no es sólo la lucha Uber contra taxistas, se trata de muchos otros ámbitos, por ejemplo, brindar espacios seguros para el tránsito de personas vulnerables, desde adultos mayores, niños y personas con alguna discapacidad.
También debe considerar espacios para ciclistas, el transporte en sus diversas modalidades, pero quizá el gobierno se resista porque estaría obligado a cumplir por Ley.
“Esa Ley de Movilidad se hizo un proyecto en su tiempo, es cuestión de tiempo revisarlo, pero no tengo bajo ninguna idea que se privatice el transporte en Baja California Sur”, expresaría Castro.
Desde 2018 se trabajó en generar las condiciones para elaborar una Ley de Movilidad integral, no sólo una Ley de Transporte, para lo cual se llevaron a cabo foros y encuentros con especialistas en movilidad.
Pero el esfuerzo se hizo en vano, culminó la Legislatura y llegó una nueva, mientras la Ley se encuentra en la congeladora, pues el propio gobernador ha demostrado desinterés, aun cuando un ciudadano ganó un amparo para que se le brinden las condiciones inclusivas en los medios y vías de comunicación terrestre.
“La pasada Legislatura, y esta no está mejor que la anterior, me tocó ver que trajimos, que gestionamos que viniera una especialista en movilidad, para platicarles a los diputados, que les hiciera entender todo este asunto de la Ley, y de verdad algunos se pararon para irse directamente a negociar con los transportistas”, recordó la coordinadora de Colectivo Pies, Cabeza y Corazón.
“Primero los pobres” es el discurso oficial del actual mandatario estatal, y si de verdad así será, debe tomar en cuenta que son los más afectados por la falta de una Ley de Movilidad, desde el transporte a las vialidades.
Como dicen los colectivos, basta un poco o mucha voluntad política para que las cosas se hagan, todo está a su favor, ayuntamiento, gobierno estatal, federal y Congreso, son de un mismo partido, es para que las cosas fluyeran rápidamente.
“Se supone, según el discurso oficial actual, que debe poner por encima de todo a la gente y a los más desprotegidos, pero no se ve en la práctica. Este discurso de ‘Primero los pobres’ no lo voy a creer hasta no verlo, y quiénes son los pobres, pues los que andan caminando, en transporte público y en bici”, reflexionó Cristina Ortuño.
Es difícil que un gobierno invierta en infraestructura, más si se trata de obra que quizá no deja mucho populismo, sin embargo, colectivos ciudadanos exponen que no es necesario invertir tanto, con que se vigile el respeto a los espacios actuales y se multe.
Aún hay tiempo de cuidar espacios, porque mientras más pasa el tiempo, más difícil será retirar a las personas que se instalan en espacios públicos.
“¿No hay para construir infraestructura? Controla a quienes invaden la infraestructura donde sí la hay, es un Tepito toda la zona del Centro, esa gente ya se adueñó de todo el Centro, toda una manzana invadida. Tenemos todo para revertir cosas que se hicieron mal, prevenir que no se sigan haciendo mal, tenemos todo para conciliar”, concluyó la coordinadora de Colectivo Pies, Cabeza y Corazón.
