Con un costo establecido en mil 567.4 millones de pesos, el ejercicio de Revocación de Mandato programado para el próximo 10 de abril, no servirá a los amigos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar el mandato. Tampoco podrá ser utilizado por sus adversarios para quitarlo de la silla presidencial. Lo primero no está contemplado en la Constitución, y a los segundos no les alcanzan ni las ganas, ni los votos.
Como parte de las promesas de campaña de AMLO, la reforma para la Revocación de Mandato fue aprobada en noviembre de 2019 y publicada 14 de septiembre de 2021. El requisito para echar a andar este ejercicio de democracia participativa, es que lo solicite la ciudadanía, pero con una aprobación que va de las tres cuartas partes de la población a más del 50% de los mexicanos -dependiendo de la casa encuestadora-, resulta que no había gente interesada en pedirlo.
Aunque, como el Presidente sigue en campaña, entonces él, el partido en el poder -su partido-y sus simpatizantes, en nombre de “todos los mexicanos” que no se lo habían solicitado ni tramitado, se dieron a la tarea de recolectar las firmas para materializar el ejercicio de revocación.
En enero de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que habían conseguido 2 millones 845 mil 634 firmas, más del 3% de los integrantes del listado electoral, para hacer la petición legalmente. Evidentemente se trataba de seguidores lopezobradoristas, gente que quiere que permanezca, no revocarlo, pero sin importar la intención, por Ley, las firmas les permitieron seguir adelante.
Después, el INE informó que la votación se haría con un padrón válido de 92.8 millones de votantes, por lo que necesitarán que 37.1 millones de mexicanos participen para que el resultado sea vinculante, tenga un efecto real y sirva para algo, para que, de acuerdo con la reforma, “si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación”, para que el presidente del Congreso ocupe el cargo por 30 días en los que el Poder Legislativo designa al suplente que terminaría el sexenio.
Pero la inutilidad del proceso se puede revisar en dos partes:
Primero, en esta ocasión, quienes está promoviendo el “ejercicio democrático” es el propio López Obrador y sus partidarios, así que no existe la intención de remover al mandatario, acaso cumplir su promesa, continuar en su interminable campaña política, refrendar su posición y la de Morena en la preferencia electorera, todo materializado en un innecesario y costoso referéndum.
Segundo, las posibilidades que tienen de que los resultados sean vinculantes. Para hacerse una idea, en la jornada electoral nacional en la que AMLO resultó electo, participaron 56.6 millones de ciudadanos, y 30.1 millones -53% del total- votaron por él, lo cual significa que para que el gasto se justifique y los resultados sean vinculantes, en la jornada del próximo 10 de abril deberían salir a votar todos los fanáticos del Ejecutivo federal y otros 7 millones de personas.
Tal vez por eso al Presidente, a los funcionarios federales y a los morenistas en general, no les ha importado violentar el proceso, hacer una campaña descarada e inundar con anuncios espectaculares a lo largo y ancho del país con su campaña a favor de López Obrador, cuando ni siquiera está compitiendo con nadie en contra.
Como antecedente más cercano, recordemos que en términos de abstencionismo y participación ciudadana, la consulta realizada en agosto de 2021 para enjuiciar a los ex presidentes de México -que costó más de 500 millones de pesos-, tampoco resultó un buen presagio, porque de los 30 millones de votos que necesitaban, apenas lograron el 7.74%.
Eso explica, pero no justifica, por qué ahora le están invirtiendo más tiempo y dinero a la promoción de la revocación. Incluso, la oposición ya está acusando de futuros acarreos y están obligando a funcionarios morenistas a llevar una determinada cuota de votantes a las urnas, prácticas mafiosas inventadas por quienes ahora acusan que evidencia la corrupción que supuestamente combaten. Total, otro desgaste innecesario.
Y sólo para tener una idea de lo que significa ese gasto de mil millones y medio de pesos, cabe recordar un caso reciente: el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado de uno de los partidos con peor historia de abusos y corrupción en el país, anunció en febrero que gobierno e iniciativa privada invertirían este año 364 millones de pesos para atender con cobertura total a mil 700 niños y adolescentes con cáncer en aquella entidad, y crear el Centro Integral de Atención Infantil (CIAI) dentro del Hospital Civil de Guadalajara.
La Revocación de Mandato como ejercicio de participación ciudadana es un instrumento noble y valioso, que por mandato constitucional debe nacer de un reclamo real de la sociedad, y el objetivo debe ser analizar la remoción.
Si es promovido desde los partidos y el poder, evidentemente el proceso se pervierte de origen, como el del domingo 10 de abril, en el que se gastarán miles de millones de pesos porque el Presidente legítimo -innecesariamente- requiere legitimarse.
