Una vez que se dio a conocer la intención de
construir un muelle para embarcaciones
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denominadas megacruceros, académicos e
investigadores, empresarios del sector
turismo, así como activistas, iniciaron
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protestas por las afectaciones que el proyecto
traería a la Bahía de La Paz. Incluso dieron
comienzo a una colecta de dinero para
“sobornar” a las autoridades ambientales
para que ejecutaran una evaluación justa y
legal. Por el momento, empresarios se retiran
de Baja California Sur
Después de meses de jornadas de manifestaciones que encabezaron asociaciones civiles en la entidad, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIM) confirmó que la empresa Aquamayan Adventure, AC de CV desistió en su intención de construir un puerto para megacruceros en la Bahía de La Paz.
La noticia se hizo pública tras una protesta que realizaron activistas del movimiento Viernes por el Futuro en el Palacio de Gobierno. Exigieron al gobernador Víctor Castro Cosío, una postura clara ante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para solicitar autorización de construcción del muelle para los denominados megacruceros.
En coro, las y los activistas demandaron a los tres niveles de gobierno respetar y garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Posteriormente, fueron recibidos por autoridades de SEPUIM en Palacio de Gobierno.
A través de un video compartido por la organización, Lourdes Gutiérrez Canet, subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEPUIM, aseguró que la Semarnat confirmó que la empresa desistió del proyecto.
“La semana pasada yo estuve en Semarnat México en oficinas centrales, hablé directamente con el director general de Gestión Ambiental. Iba yo con la idea de preguntar cuál era la postura de Semarnat México respecto al proyecto y su respuesta fue la siguiente: ‘Lourdes, no te preocupes, el promovente se desistió del proyecto’; o sea, no hay proyecto”, declaró la funcionaria.
Por su parte, el titular de SEPUIM, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, subrayó que la administración estatal tiene como prioridad descartar cualquier planificación o inversión que atente contra el medio ambiente.
“La empresa desistió del permiso que estaban solicitando para establecerse en esa zona de Pichilingue. Esperemos que ya no lo intenten, yo no puedo asegurar si lo van a intentar o no. Por lo pronto, el señor gobernador dice que, por parte del Gobierno del Estado, no se va a dar ninguna autorización que ponga en riesgo el ecosistema de esa zona”, reiteró.
En la bahía existen especies importantes que deben protegerse, como el tiburón ballena, tal y como lo expresaron académicos que forman parte del Colectivo Torpedo, agrupación que se creó como resistencia contra el puerto de megacruceros.
MUELLE CONTRAVENÍA EL PDU DE LA PAZ
El 11 de noviembre de 2021, la empresa Aquamayan Adventures ingresó la MIA del proyecto y lo tramitó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, con clave 03BS2021T0025. En el documento se especificó que se reservaron 36 mil 772 metros cuadrados para “actividades futuras”.
El director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Sánchez Castro, explicó que la obra pretendía la ampliación del puerto del muelle de servicios Número 2 de la Administración Portuaria Integral (API) en Pichilingue. Esto incluía dragado para que puedan entrar los megacruceros, que miden 370 metros de punta a punta.
También proyectaron la construcción de un centro turístico, con espacio para ventas de servicios, amenidades, spa, restaurantes, albercas, zonas recreativas, calles y estacionamiento en la Península de San Juan Nepomuceno.
Sánchez denunció que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) establece que dicha zona está marcada como área de equipamiento urbano, por lo que no está permitido llevar a cabo obras de este tipo, “San Juan de Nepomuceno está catalogada como en el PDU como uso de suelo EQ, que es equipamiento urbano, prohíbe la construcción de oficinas que no sean de gobierno, de centros de venta de productos, prohíbe la construcción de restaurantes, de spa, de servicios náuticos por todo lo que parezca”.
Por su parte, activistas de Colectivo Torpedo hicieron énfasis en que un puerto de estas características provocaría graves impactos ambientales, sociales y económicos para la comunidad de La Paz.
Los corales y especies, que sirven de alimento al tiburón ballena, hubieran quedado devastados, según investigadores de esta asociación. Asimismo, de llegar un menor número de especímenes, el avistamiento del pez más grande del mundo se vería afectado, así como la derrama económica que deja esta actividad a prestadores de servicios turísticos.
El impacto negativo también alcanzaría a la pesca, debido a que la zona donde pretendían construir el muelle es un área donde individuos juveniles aprenden a cazar. Con el paso del tiempo, afectaría la biodiversidad tan amplia que existe en la bahía.
ESTO NO FRENA LA LLEGADA DE CRUCEROS: API
El director de API en Baja California Sur, Narciso Agúndez Gómez, explicó en entrevista para ZETA que el contrato con la empresa que promovía el puerto sigue vigente. Una de las cláusulas, comenta, marca agosto de 2022 como la fecha límite para que la compañía entregue la documentación necesaria para iniciar las construcciones.
“El contrato de esta empresa sigue vigente en API, en tanto ellos no ingresen el proyecto y tengan la autorización, con nosotros está vigente hasta cierto grado. Ellos, posiblemente podrán tener la oportunidad de reingresar otra manifestación bien fundamentada, pero, si se les cumple el tiempo y mientras no haya acercamiento por parte de ellos, se les puede vencer el contrato”, expuso.
Aunque hay un contrato con el que se dio pie a ingresar la MIA en Semarnat, la empresa pagaría a API hasta que iniciaran las obras del muelle. Acorde con el contrato, tienen hasta agosto de este año y, si no presentan sus proyectos autorizados y sus manifestaciones ambientales, no aplican. Entonces es cuando ellos incumplen y se termina la relación legal.
“Así como contrataron la administración pasada el pago de la contraprestación de estas instalaciones, francamente les digo que era un negocio para ellos y no para API Baja California Sur”, comentó.
El funcionario hizo hincapié en que “el negocio” debe ser para los dos, no sólo para una parte. Se dijo favor de la inversión siempre y cuando los proyectos no sobrepasen las leyes ambientales y tengan beneficios para el Estado, no sólo para el empresario.
Asimismo, recalcó que la cancelación del proyecto no disuade la llegada de cruceros. El calendario cambia cada año, y para 2022 tienen programados 28 arribos de embarcaciones de este tipo que traen alrededor de 40 mil pasajeros, de los cuales el 70% desembarca y deja derrama económica.
“Encontramos un archivo y una tarifa especial, el documento ya había expirado. En tanto no haya una nueva conciliación de tarifas, se tiene que hacer cumplir la Ley, y ese ingreso adicional representó en el antepenúltimo crucero que llegó, 230 mil pesos más para la API y que antes se les daba de descuento”, expuso.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, antes de la pandemia arribaban hasta 250 cruceros a Baja California Sur. Calculan que cada turista que desciende de embarcaciones, deja hasta 100 dólares en cada comunidad que visita.
El subsecretario de Turismo de Baja California Sur, Fernando Ojeda, manifestó las ventajas de la industria en cuestiones de derrama económica. Reiteró que fue una de las más afectadas durante la pandemia, ya que en 2020 se desplomó la cifra de embarcaciones que llegaron a puertos de la entidad.
Ante las opiniones encontradas que genera el arribo de cruceros, el director de la API informó que llevarán a cabo nuevos estudios que aclaren a la opinión pública los beneficios de ser un destino para esta industria.
“Buscaremos una manera de consultar al crucerista para ver realmente cuál es la derrama económica en la ciudad, si bien, los que están a favor comentan que la derrama es bastante considerable, los que están en contra dicen que realmente sólo vienen a generar basura. Queremos tener números duros para saber realmente si los cruceros son para beneficio como tal, o si nos ayudan en la economía de las empresas locales”, finalizó Agúndez Gómez.
