A pesar de la importancia del Derecho Penal, su valía fue principalmente dimensionada por los académicos y los estudiosos de la materia.
Si bien el Derecho a la Defensa estuvo siempre consagrado en la Constitución Mexicana, al estar señalado en el vigésimo artículo de la Carta Magna que los acusados podían ser defendidos por cualquier persona de su confianza, aunque no fueran Licenciados en Derecho, daba incluso la impresión de que realizar la defensa de un detenido era tarea fácil, ya que cualquiera podía desempeñar esa responsabilidad; sin embargo, con toda razón la legislación establecía que independientemente de ese posible acompañamiento a los involucrados en un proceso, estos deberían además estar asistidos de un abogado, contemplándose además, que si no nombraban uno particular, se les asignaría uno de oficio.
Esto último se determinó porque solamente un perito en Derecho puede ser capaz de orientar en forma adecuada a un indiciado, lo que no se garantiza por el hecho de que lo acompañe una persona de su confianza, la cual, quizá tenga buenas intenciones y pudiera darle cierta tranquilidad; pero solamente quien tiene una cédula profesional tiene la formación académica especializada en Derecho como para cumplir a cabalidad esa delicada tarea.
Pero ni aún con los conocimientos teóricos, todos los egresados de las escuelas de leyes están preparados para desempeñar el rol que corresponde a los que participan en un proceso penal, ya sea como fiscales, defensores o juzgadores.
Hubo una época en que pudiera pensarse que la tarea podía ser relativamente sencilla -a excepción de los asuntos más complicados-, pero la evolución de la legislación penal y en especial de su práctica, ha ido cobrando complejidad, lo que viene ameritando que los abogados que se dedican principal o eventualmente al área penal, se preparen para estar acorde a la época actual.
En esa contemporaneidad ha nacido la asociación civil “Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal”, cuya mesa directiva, encabezada por la Maestra María Isabel Herrera Covarrubias, tomó protesta el pasado 9 de abril, y a quienes agradezco la amable invitación que me hizo posible acompañarlos y atestiguar su magnífico evento, tanto de corte académico como de auténtica fiesta de la comunidad jurídica.
En su presentación pública, se dio a conocer que entre los principales objetivos de la A.C. está impulsar la capacitación, apoyándose con especialistas emanados del servicio públicos y del litigio, con la finalidad de que los beneficiarios de la formación puedan desempeñar de mejor manera su práctica profesional; especialmente la función de defensores, como se contempla actualmente en el sistema penal, que a pesar de que se implementa desde hace más de una década, aún implica dificultades para quien no lo conoce de manera completa, lo que se convierte en un factor que hace más lenta la impartición de justicia.
Para materializar ese propósito, el Observatorio conformará una oferta académica, convocando a la inscripción a diplomados y conferencias que coadyuvarán a la agilización del sistema penal, a partir de que se cuente con profesionistas del derecho más capacitados.
Uno de los principales retos que enfrentan los penalistas que se hacen cargo de la defensa de un procesado, es desempeñar ese rol en una audiencia oral, a la cual, además de que deben en su caso preparar las pruebas que ofrecerán, deberán poner en práctica tanto sus conocimientos como los dotes de orador; lo idóneo es que reciban capacitación adecuada para cada una de esas facetas.
Como el buen juez por su casa empieza, además del acto protocolario, la asociación organizó como parte del mismo la presentación de dos conferencias, a cargo de los Doctores en Derecho Rubén Quintino y Camilo Constantino.
Todo es cuestión de Estrategias de Litigación Penal.
Alberto Sandoval ha sido educador de adultos, profesor de bachillerato, catedrático universitario, servidor público, conferencista, deportista y activista ciudadano.
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