Mientras el presidente del TSJE, Alejandro Isaac Fragozo López, trabaja en una reforma a la Ley Orgánica para reestructurar y reducir el Consejo de la Judicatura, los consejeros César Holguín Angulo y Francisco Javier Mercado Flores, sostienen una lucha jurídica ante el Poder Judicial de la Federación para presionar al Congreso del Estado a que legisle un haber de retiro por sus cuatro años de servicio
Dos de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado rompieron el esquema de la austeridad en Baja California y de manera sorpresiva iniciaron una discreta batalla legal en contra del Poder Legislativo, para hacerse de beneficios mutualistas similares a los que sus compañeros magistrados y jueces obtuvieron en años anteriores.
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Se trata de los consejeros designados por el propio Congreso del Estado, Francisco Javier Mercado Flores y César Holguín Angulo, los cuales desde 2021 emprendieron una demanda de amparo ante la justicia federal, y pese a que fueron rechazados en la primera instancia, ambos continuaron con la batalla legal ante un Tribunal Colegiado de Distrito; en febrero se aceptó y permanece bajo análisis.
La batalla legal se da en medio de una evaluación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alejandro Isaac Fragozo López, y de otros magistrados y colaboradores para reestructurar la conformación del Consejo de la Judicatura, con la intención de volverlo más eficiente. Entre las opiniones que se plantean, se analiza la posibilidad de remover a los dos consejeros de la Judicatura designados por el Poder Legislativo.
En los últimos años, el Consejo de la Judicatura se ha envuelto en una serie de cuestionamientos sobre su eficiencia y funcionamiento que comenzaron con la embestida del hoy ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien pretendía disolverlo bajo el argumento de que el costo de manutención rondaba los 50 millones de pesos. Sin embargo, sus motivaciones eran más políticas que administrativas, y tras una controversia constitucional emprendida por el TSJE, su futuro permanece en el aire, pues a más de un año del conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue sin analizar el fondo del asunto, limitándose exclusivamente a otorgar una suspensión definitiva para evitar la consumación de su eliminación.
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Abogados y diputados se manifestaron en contra de que el Poder Judicial otorgue esta prestación a los consejeros de la Judicatura, de los cuales -incluso- uno pretende luchar por su ratificación.
LA DEMANDA POR EL HABER
Bajo el argumento de que se transgreden sus derechos humanos fundamentales y que existe una omisión por parte del Congreso del Estado para dotar a consejeros de un haber de retiro, los funcionarios del Poder Judicial presentaron la demanda de amparo indirecto 928/2021 ante el Poder Judicial de la Federación.
La búsqueda de la protección de la justicia federal recayó directamente en el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Mexicali, el cual determinó un sobreseimiento del recurso interpuesto por los consejeros.
En la versión pública de la sentencia -en poder de ZETA– se estableció como argumento lo siguiente:
“La omisión del Congreso Local de instituir en una norma con rango de ley el haber de retiro de los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, lo cual representa un perjuicio directo, real, actual y flagrante a nuestros derechos humanos y garantías judiciales de inamovilidad, estabilidad en el cargo y seguridad económica que forma parte del núcleo duro del principio de independencia judicial en su vertiente interna que es consagrado directamente en la la (sic) Constitución Federal y en los Tratados
Internacionales”.
El documento, signado por el secretario adscrito Martín Arreola Cháidez -el juez titular se encontraba en periodo vacacional-, consta de 18 páginas y refiere una serie de argumentos por los que no es acreditable el haber de retiro.
Los consejeros solicitaron a la justicia federal, obligar al Congreso del Estado a definir un mecanismo legal para que se les otorgue un beneficio económico a partir del periodo en que concluya su gestión, en este caso, para el 30 de noviembre del presente año.
A escasos días de que concluyera 2021, el Poder Judicial de la Federación otorgó un sobreseimiento, bajo el argumento de que no se acreditó la afectación “inmediata y directa” en la falta de legislación del caso, toda vez que el propio Legislativo podía construir una base jurídica para reglamentar un haber de retiro para los dos integrantes del Consejo de la Judicatura que se dicen afectados.
Al no analizar el tema de fondo, dejó abierta la posibilidad para que tanto Mercado como Holguín pudieran interponer nuevamente la demanda de amparo, a partir de que concluya su gestión de cuatro años.
No obstante, el 3 de enero, un Tribunal Colegiado de Distrito recibió para su revisión un nuevo planteamiento por parte de ambos consejeros, el cual fue admitido formalmente en febrero y continúa bajo análisis del Poder Judicial de la Federación.
BUSCA TSJE REDUCIR CONSEJO DE LA JUDICATURA
Alejandro Isaac Fragozo López, titular del TSJE, comentó que la tendencia del Poder Judicial es reducir la cantidad de consejeros de la Judicatura en Baja California, para dejarlo en cuatro o cinco representantes y no en siete, como actualmente se conforma.
Cabe señalar que el Consejo de la Judicatura es un órgano colegiado conformado por tres magistrados del TSJE, un juez consejero, un representante del Poder Ejecutivo y dos más designados por el Congreso del Estado, y se encarga de la administración de los recursos del Poder Judicial.
“Salió una reforma para el Consejo, la pasamos al Tribunal y en apariencia buscamos una reestructuración del Consejo. Sí son muchos siete consejeros, deberían ser cuatro, totalmente, en cualquier proceso, licitaciones, cualquier forma, concursos y todo, es más fácil consensar”, refirió el magistrado presidente, quien a la par, consideró que se mantendría la operación de un órgano colegiado, pero de menor tamaño y más eficiente.
Respecto al costo que representa el Consejo de la Judicatura, negó que se tratara de un monto tan alto como 50 millones de pesos, como lo planteó el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, toda vez que, aunque desaparezca el Consejo, la estructura laboral permanecerá dentro del Poder Judicial.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina reveló que podría presentar otra iniciativa para la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, al ser una petición original de los propios magistrados, aunque en su momento lo negaron.
En entrevista, recordó que se presentó una controversia constitucional ante la SCJN, la cual continúa evaluando el tema, en la que precisamente se planteó eliminar al órgano colegiado. Sin embargo, el pasado gobierno planteó un proceso de designación arbitrario donde el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado designaba a los integrantes del TSJE, lo que causó gran molestia en un sector de la población jurídica.
Empero, sostiene que es necesario analizar la modificación del Consejo para que se convierta en una comisión administrativa sin facultades más allá de la de bien dirigir los recursos del Poder Judicial.
“No del presidente, pero se hará una comisión de administración y a final de cuentas debemos tener confianza, si les doy una función, pero no está, mejor tomemos mejores decisiones al momento de las designaciones”, refirió al ser cuestionado respecto a si esta medida no otorgaría aún más poder al magistrado presidente en turno para tomar las decisiones trascendentes.
ZETA consultó a fuentes dentro del Poder Judicial, las cuales confirmaron que el proyecto que se trabaja dentro del Poder Judicial es precisamente remover al menos a los dos consejeros de la Judicatura designados por el Congreso del Estado, y actualmente se revisa si pudiera suprimirse la figura de Juez Consejero, pero eso permanece en análisis por parte del TSJE.
ABOGADOS EN CONTRA DEL HABER DE RETIRO
El abogado Elías Flores Gallegos, presidente de la Barra de Juristas de Mexicali, apoyó el proyecto para reducir el número de consejeros de la Judicatura del Estado, con el objetivo de hacer más eficiente el funcionamiento del Poder Judicial.
Reconoció que al principio respaldó la medida de desaparecerlo en su totalidad, pero ahora que ha estudiado el tema con mayor profundidad, un comité de administración podría tener un mejor funcionamiento.
“El Consejo de la Judicatura ya cumplió su función, y es momento de que se modernice y se adecúe a las necesidades actuales del Estado, actualmente es una institución que nos cuesta mucho dinero a los bajacalifornianos. Los cargos del consejero de la Judicatura deben ser honoríficos y ocupados por sobresalientes catedráticos o abogados de alto prestigio”, refirió el litigante.
En la misma postura se ubicó el ex presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, Anwar Ramos Gaona, para quien el haber de retiro que recibieron magistrados y jueces no es una jubilación, pensión o bono, sino una garantía jurisdiccional para que los juzgadores puedan realizar una función libre y de cualquier presión a futuro.
Es decir, permite que los magistrados y jueces tengan garantías de que al jubilarse recibirán un sustento, y con ello, no mantener la objetividad y que no exista necesidad de una planeación más rígida para el futuro.
El tema, afirmó, ya fue explorado por los ministros de la SCJN, por lo que considera que el Colegiado de Distrito debe ponderar las definiciones previas al respecto.
Flores Gallegos comentó que los consejeros Mercado y Holguín se están anticipando a su salida, calificándolos como “una vergüenza” para toda la comunidad jurídica, además de llamarlos “holgazanes” “aprovechados” y “flojos”, por su intención de hacerse de una jubilación por cuatro años de servicio.
“Cómo si fueran jueces o magistrados, es decir, con una especie de pensión por el tiempo de servicio. En su momento fueron designados por el Congreso del Estado por un periodo de cuatro años. Cumplido ese periodo se deben de retirar, y retirarse a ganarse el pan de cada día como cualquier otro mortal”, puntualizó Ramos.
