En poco más de una década, algunas de estas víctimas fueron privadas de su libertad y la autoridad no ha cumplido con localizarlas. “Baja California Sur es un Estado seguro, ya lo dijo el Presidente de la República, obviamente con los retos de inseguridad”: Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE
De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Búsquedas (CNB), del 1 de enero de 2010 a marzo de 2022, se ha reportado a 408 personas desaparecidas y no localizadas en Baja California Sur; 336 son hombres, 72 mujeres.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que hasta febrero de este año se realizaron quince denuncias de mujeres desaparecidas; 13 han sido resueltas y dos siguen vigentes, nombrando a las jóvenes Norma Elizabeth Hirales Cota y Valeria Daylin Carrillo Jasso.
Sin embargo, en marzo se sumó la privación ilegal de la libertad de Mariela Diarte Ramírez, sacada de su domicilio por un comando armado el jueves 17 en la colonia Vuelo del Águila en Todos Santos Pueblo Mágico, municipio de La Paz; así como la desaparición de Ana Laura Onorte Magadan, quien salió de su domicilio en Cabo San Lucas el domingo 20 para realizar unas compras y no regresó.
Según la CNB, de las 72 mujeres desaparecidas, 29 son del municipio de La Paz, 16 de Los Cabos, dos de Comondú, cinco de Mulegé, 19 sin municipio de referencia y una más que se desconoce.
De 0 a 19 años, hay seis personas del sexo femenino desaparecidas; de 20 a 39 años, se tiene registro de 48 mujeres sin ubicar; 10 desaparecidas de 40 a 59 años; de 60 y más, se tiene registro de dos; y seis más, sin edad precisa.
En una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la PGJE informó que de enero de 2020 a diciembre de 2021 se recibieron 255 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales:
* 235 fueron localizadas con vida
* 2 se encontraron sin vida
* 18 están pendientes de localizar
* 15 y 35 años, es el rango de edad de las desaparecidas.
Son los reportes oficiales de la PGJE en los últimos dos años, aunque los colectivos de búsqueda de personas afirman que son más las mujeres que fueron reportadas, incluso que se salen de los rangos de edad.
Desde la PGJE se ha informado que se tienen avances importantes en las carpetas de las jóvenes desaparecidas recientemente, sin embargo, a la fecha no se han brindado mayores datos, menos aún han sido entregadas a sus familias.
“Con un sólo incidente que ocurra, nos preocupa y nos ocupa resolver cualquier denuncia que presenten los ciudadanos, en ese sentido se ha venido avanzando en los diversos indicadores. Baja California Sur es un Estado seguro, ya lo dijo el Presidente de la República, obviamente con los retos de inseguridad”, reconoció Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE.
Con la intención de ayudar a las familias que buscan localizar a un consanguíneo desaparecido, en septiembre de 2019, el Gobierno de Baja California Sur, por presiones de cientos de familias, creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que desde entonces brinda apoyo a las familias de desaparecidos.
Desde su creación y hasta 2021, la Comisión contaba con un presupuesto anual de 2 millones 800 mil pesos, de los cuales 2 millones 300 mil se iban en pago a funcionarios, el resto para la operatividad y demás gastos de instalaciones; hubo apoyo nacional para equipamiento.
Actualmente, en el ejercicio presupuestal 2022, ya se cuenta con apoyo del Gobierno Federal, cerca de 6 millones y medio provienen del fondo federal, más de 2 millones 300 mil en pago a trabajadores y 2 millones 800 en asignaciones y ayudas. En total se destinan 11 millones y medio con la aportación del Gobierno Federal.
Fueron 2 millones 800 mil en 2020 y el presupuesto se mantuvo en 2021, debido a los conflictos en el Congreso estatal que impidieron actualizarlo, por lo que el Estado operó con cifras similares a 2020.
“El trabajo en coordinación con la Fiscalía Especializada es acercar los servicios de la fiscalía, de la Comisión de Búsqueda a los lugares más alejados, a las familias, llevar lo que es la atención a víctimas, muestras genéticas que son fundamentales en el tema de identificación”, afirmó Lizeth Collins, comisionada estatal de Búsqueda.
La Comisión cuenta con vehículos, cuatro drones: uno acuático, uno de visión térmica, un geo-radar y un detector de metal.
EL DOLOR DE LAS FAMILIAS
Gabriel Álvarez Manríquez, representante del Colectivo Búsqueda x La Paz, ha sido uno de los máximos representantes de mujeres desaparecidas, aunque también busca a su padre, que es el caso más reciente de desaparición forzada.
Desde 2017 vive el calvario de búsqueda de su madre, Elvira Yolanda Manríquez Pérez, privada de su libertad el 12 de julio de ese año, desde el cual forma parte de las cifras de mujeres desaparecidas o no localizadas en BCS.
“El colectivo inició desde la desaparición de mi mamá, se creó el 9 de septiembre de 2017, y desde ese día hemos estado buscando”, indicó Gabriel Álvarez.
Elvira fue vista por última vez en la colonia Las Garzas II de La Paz. Vestía falda de mezclilla, blusa negra de tirantes y huaraches color naranja; como seña particular tiene un tatuaje de una mariposa en la espalda colores rojo y azul, y los nombres de Jorge y Michelle.
En cada encuentro con las familias de desaparecidos, Gabriel recuerda el dolor que implica la desaparición, esa zozobra que se siente todos los días, una “pesadilla”, quizá mucho peor que encontrarlo sin vida.
“‘No contesta’, ‘No ha regresado’, ‘No llegó a dormir’, ‘Nadie lo ha visto’, son las frases con las que empezó la pesadilla para miles de familias en México, cuando alguien es desaparecido, una familia queda mutilada, nuestras vidas dan un giro de un momento a otro, el miedo nos paraliza, pero ese miedo lo hemos transformado en coraje; el coraje para buscar a todos aquellos que nos hacen falta. En los últimos tres años hemos buscado en vida y hasta en fosas clandestinas”, externó el representante del Colectivo Búsquedas x La Paz.
Aun con los registros de 72 mujeres desaparecidas a la fecha, existen cerca de 200 cuerpos en fosas comunes y, según el último informe que se brindó a colectivos de búsqueda, lamentablemente se siguen presentando desapariciones.
“Nos han informado que hay alrededor de 200 cuerpos en fosa común, esos cuerpos son desde 2017 a la fecha, sin ser identificados, confirmaron que se les hicieron sus pruebas de ADN, el llamado es a las familias que buscan a un desaparecido, que si no se han hecho pruebas, vayan. Esos cuerpos han estado por mucho tiempo en oscuridad, en un pozo”, menciona Álvarez Manríquez.
A finales de 2021, se encontraron más de 20 cuerpos en un predio que los colectivos identifican como el panteón de San José del Cabo, sitio en el que anteriormente habían encontrado restos humanos y siguen llegando denuncias anónimas del lugar.
Pareciera que las instituciones que brindan apoyo de búsqueda de desaparecidos y el Servicio Médico Forense, sólo buscan cuerpos donde hay resultados positivos de los colectivos, es decir, quizá no haya esa búsqueda “oficial” como se reporta.
“Ha habido fosas clandestinas donde ya estuvieron Servicios Periciales, que encontraron varios cuerpos y se volvió a la zona, se encontraron más cuerpos; no se está buscando bien, a nosotros nos importa mucho que se localice toda parte de nuestros familiares, que se levante todo, no sólo las partes con que les sirva para una prueba de ADN”, finalizó Gabriel Álvarez.
El Colectivo de Búsqueda está integrado por 380 personas en La Paz y Los Cabos. Cuentan con 400 fichas de personas desaparecidas, y aunque es el registro que llega solamente a la página en Facebook, quizá haya muchos más.
SIN PISTA DE “VALE” JASSO
En entrevistas recientes, el procurador Daniel de la Rosa Anaya ha confirmado investigaciones avanzadas sobre la desaparición de la joven turista Valeria Daylin Carrillo Jasso, de 20 años, que se presume, fue privada de su libertad el 26 de enero en el centro de San José del Cabo.
La última vez que se tuvo contacto con ella, indicó que había tomado un Uber desde Cabo San Lucas en el hotel Holiday Inn Express, con dirección al aeropuerto, pero según las declaraciones del chofer, ella quiso pasar a un cajero automático en el centro, donde ya no fue vista de nuevo, aunque muchas personas vieron cuando fue levantada.
“Si sabes dónde podemos encontrarla, mándanos mensaje a la página, mucha gente miró y nadie hizo nada. Tócate el corazón y danos una pista para encontrarla”, enfatizó el colectivo Búsquedas x La Paz.
En BCS y desde Guadalajara, Jalisco, el nombre de Valeria resuena en las marchas, todas exigen justicia y que la joven sea devuelta a sus familiares: “Valeria Carrillo, presente. Justicia para Valeria, viva se la llevaron, viva la queremos. Justicia, Valeria Carrillo ¡presente!”.
A diario, cercanos a la joven comparten su fotografía, con la esperanza de que en algún momento llegue a la vista de la persona adecuada y les brinde mayores datos sobre su paradero.
Al momento de su desaparición, Valeria vestía una sudadera negra con flores rojas y una mochila café. Es de tez morena clara, cabello rubio, mide 1.63 metros y pesa 50 kilogramos. Tiene piercing en nariz, un tatuaje de mariposa en brazo izquierdo, tatuaje del número 3 tres veces en brazo derecho -a la altura del codo-, tatuaje con leyenda BLESSED en cuello y tatuaje en oreja.
“Te pido mi Señor Dios, por todas, y que pronto regresen con sus familias, en especial por mi hija. Te lo pido en nombre de tu Adorado Hijo Jesús, amén”, externó Martha Jasso, madre de la joven.
Su padre, Gustavo Carrillo, acudió hasta Baja California Sur, en donde se entrevistó con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo, a quien solicitó intervención para que las autoridades continúen con las investigaciones para encontrar a su hija.
Incluso por recomendación de la CEDH, Carrillo realizó un video en redes sociales, solicitando ayuda a las personas para que brinden cualquier dato anónimo que los lleve hasta su hija.
“La intención es difundir ante la sociedad el llamado nuevamente, a que colaboren con su localización; si tienen algún conocimiento, algún dato que aportar, está en las redes sociales, está en el cártel del Protocolo Alba, los teléfonos a donde podrían hacer algún aporte de información anónima, que nos ayude para que este tipo de casos no se repita, y que el caso particular de mi hija se resuelva”, exhortó el padre de la víctima.
EL CASO DE LISSET SOTO SALINAS
La pequeña Lisset Soto Salinas fue privada de su libertad cuando apenas tenía 9 años, el 14 de octubre de 2010. Actualmente tendría 20 años y, conforme han pasado los años, organizaciones civiles han realizado un retrato de progresión de edad.
Recientemente el padre de la víctima, Melchor Soto Torres, fue visto en Palacio de Gobierno, justo a la entrada fue entrevistado sobre el asunto de su hija, y comentó que cuando ocurrieron los hechos, él se entrevistó con el actual gobernador Víctor Castro, en ese entonces diputado federal. Si en aquel momento se solidarizó, hoy le toca responder.
“Cuando pasaron los hechos en 2010, yo me entrevisté con el entonces profesor Víctor Castro en su casa, él me recibió muy amablemente, vimos pormenores del caso, se solidarizó conmigo y mi familia, y ahora que es gobernador y que le toca seguir con la seguridad y las denuncias que existen, vengo a platicar con él para ver primero su posición, los avances, y si hay necesidad de que intervenga para que esto tome forma se acelere, sería lo ideal”, explicó el papá de Lisset.
Lamentablemente la desaparición de la pequeña ocurrió cuando la PGJE fue criticada durante el mandato de Narciso Agúndez, tiempo en que la impunidad imperaba en los hechos de alto impacto.
“Es un caso mediático, está en la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, fue en octubre de 2010, recuerdo que por esas fechas sucedió en marzo de ese año el suceso del joven abogado Jonathan, su asesinato, dos acumulados”, dijo Melchor Soto.
El caso Lisset es referente de la impunidad en el Estado, ya una pequeña se esfumó y nadie obtuvo una pista, incluso se empantanó, al ser politizado por las autoridades.
Hoy son tiempos diferentes, y quizá haya una oportunidad de saber qué ocurrió aquel 14 de octubre, aunque el padre de la víctima tiene pocas esperanzas.
“Saberse a ciencia cierta, nada, hay una línea que es de donde se está sosteniendo la subprocuraduría y vamos a comentarla, a ver qué ha pasado con ella. (Con el gobernador) Esperanzas no tengo, vengo a solicitar un derecho que tengo como ciudadano y nada más”, reveló.
A casi 12 años del incidente, el señor Melchor recuerda cada uno de los detalles de la desaparición de su hija, lo que le dijo a su madre a instantes de ser privada de su libertad en la colonia Camino Real en La Paz:
“Todos saben que mi hija fue levantada en la colonia Camino Real, por ahí de las cuatro de la tarde, existe incluso un video de la tienda Oxxo de la esquina, donde ve pasar a mi hija justo después de que baja del camión y segundos después se pierde contacto con ella, tanto vía telefónica, porque ella llamó a su mamá para decirle que tenía miedo, porque una camioneta la venía siguiendo, y ahí se corta la llamada abruptamente”.
Años después, Melchor Soto rompió el silencio y detalló que la PGJE no siguió las pistas para localizar a su pequeña, pero él se mantiene en espera del día en que vuelva a abrazar a su hija.
A su juicio, bastaba con seguir las pistas de la camioneta que la levantó para atender cada uno de los indicios que les dieron a conocer, mucho antes de entorpecer las investigaciones con dimes y diretes.
“Lo que no hay son líneas, no hay porque no las investigaron en su momento, inclusive la versión de la misma procuraduría, es que si se hubiera investigado como es, se hubiera encontrado a mi hija, hay diferentes tipos de búsqueda cuando una persona está desaparecida, y así viene en los protocolos. Es increíble que una Procuraduría no conozca los protocolos, si ya se hizo todo lo que dictan los protocolos, se debe después buscar de otro tipo; jamás investigaron los antecedentes de otros sucesos similares a los de mi hija, que sí existen, eso habría llevado a una forma de actuar de esas personas que se dedican a levantar”, afirmó Melchor.
Algo muy notorio es que la recién creada Comisión de Búsqueda de Personas toma en cuenta las desapariciones recientes, les da seguimiento y demás, pero no consideran las perpetradas años atrás.
Por otro lado, Melchor Soto recordó que aunado a la desaparición de su hija, el buscar y exigir justicia, generó que las autoridades filtraran datos erróneos para afectar el caso, de tal suerte que las víctimas terminaron revictimizadas por la autoridad.
“Me han revictimizado en muchos de los sentidos, empezando en que no soy de Baja California Sur, soy de Michoacán y, como me crie en Ciudad de México, por ahí ha habido discriminación, he sufrido de revictimización de varias formas. Cuando la ciudadanía se iba contra la procuraduría para ver qué pasaba, que no eran competentes, se inventó una forma de revictimizarnos a nosotros los padres de mi hija, diciendo que no era mi hija, que yo no era el padre biológico, que este era un ajuste de cuentas, que yo pertenecía al crimen organizado y muchas cosas así”, lamentó.
Además de lidiar con su pérdida, también deben ser ellos quienes busquen toda clase de ayuda, con los desgastes físicos y psicológicos que conlleva, incluso económicos.
“Mucho de lo que ocurre ahora, es porque no tenemos una Ley de Víctimas actualizada, la que existe es de 2014, se dio la Ley general en 2013, aquí se homologó en 2014, pero con todas las ventajas para que esto no se llevara a cabo. No hay sanciones a los funcionarios por no acatar la Ley; es una Ley que no considera una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hay una simulación, lo único es que hay una Dirección de Atención a Víctimas del Delito en la procuraduría. Como víctimas en el estado, no tenemos quién nos atienda, brinde atención psicológica o asesoría legal”, denunció el padre de Lisset Soto.
