Opacidad en la justicia militar

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Cachanillaz lunes, 7 marzo, 2022 12:00 PM

En diciembre de 2013, el General José Ramírez Cardoso asumió como director de la Policía Municipal de Mexicali. Era un perfil desconocido incluso para el alcalde panista, Jaime Rafael Díaz Ochoa, pero apostándole a una buena relación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -y otros amigos-, consideró que el militar en retiro era una buena opción para atender la seguridad pública en la Capital del Estado.

En febrero de 2014, Ramírez Cardoso fue removido del cargo tras darse a conocer, por medio de una solicitud de transparencia, que cuenta con antecedentes penales en la justicia militar, acusado de hostigamiento sexual y abuso de autoridad. Delitos por los que purgó -según ese documento hecho público por un servidor hace ya varios años- una pena de tres meses en una de las tres prisiones militares del país.

Ramírez Cardoso cumplió con todos los Exámenes de Control y Confianza porque los protocolos de evaluación sólo cotejan delitos que obran en las sentencias civiles. También se evalúa por medio de la herramienta intergubernamental Plataforma México, pero nunca se introducen a la revisión de orden militar.

Otro ejemplo puede constatarse en el Coronel de Infantería, Vicente Venustiano Guzmán Lucero, quien en 2015 fue sancionado por el Órgano Interno de Control de la Sedena, por “hostigamiento sexual, laboral y conductas contrarias a la disciplina militar”. Estos señalamientos -que uno podría pensar graves- lo hicieron acreedor a una suspensión de un mes de su encargo.

Vicente Venustiano Guzmán Lucero fue nombrado jefe de la Policía Municipal en 2014 en Tamaulipas y sirvió en Baja California en la guarnición del Ciprés en 2017, según reportes de prensa. Sin embargo, en 2021, compitió como candidato a la alcaldía de Acatlán de Osorio, Puebla, por el partido local Pacto Social de Integración (PSI).

Su imagen y hasta entrevistas pueden verse con el simple hecho de buscar su nombre en internet, pero durante todo ese tiempo se desconoció esta acusación hasta que el autor de esta columna pudo recuperarlo de viejos documentos de la propia Sedena, disponibles en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Actualmente se desconoce sí el caso fue llevado a la justicia militar o si hubo algún criterio para “borrar” su sanción, o sí se determinó su inocencia al final del procedimiento. Resulta imposible porque los archivos militares relacionados con sanciones y sentencias permanecen en la opacidad, incluso, sí buscan ocupar cargos de elección popular o ser funcionarios gubernamentales.

El dato cobra relevancia porque la embestida del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los estados para militarizar a las instituciones civiles de seguridad, representa un riesgo en la atención de Derechos Humanos, y sobre el desconocimiento real de la carrera de cada uno de los mandos. Nadie los evalúa, nadie los cuestiona. El Ejército mantiene una operación cada vez más activa en las calles y su pasado parece no importar con tal de empoderar a los cuerpos castrenses del país.

Varios secretarios de Seguridad Ciudadana, incluyendo el de Baja California, Gilberto Landeros Briceño, tienen un historial inmaculado y sin sanciones en la justicia civil, pero hay que recordar que gran parte de su vida -y su día a día- se desarrolla en las instalaciones militares, donde los mandos superiores tienen el control y pueden cubrir sus propias huellas.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la prisión militar adscrita a la I Región Militar, en Ciudad de México existen 203 personas purgando una condena; en la prisión militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán, Sinaloa, hay 84; y en la prisión militar adscrita a la V Región Militar, Zapopan, Jalisco, se tiene una población de 45 soldados de diferentes rangos.

Se desconocen los motivos y la legalidad con que están purgando penas por delitos indistintos, mientras que otros pudieron cometer delitos severos, ser protegidos y hoy en día ocupar cargos dentro de la administración pública. Se trata de un hueco legal en el que tanto el Presidente como su equipo, no quieren meterse a indagar, pues el enamoramiento de Andrés Manuel López Obrador hacia la Sedena, la ha vuelto una institución poderosa y con un control cada vez más absoluto del combate a la inseguridad, pero también de actividades cotidianas.

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