Uno de los implicados dijo que fue obligado por un sujeto apodado “El Moki” o “Primo”, para ir a recoger una lona con el encargado de la caseta de Residencial Calzada, donde vive la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero asegura no tener nada que ver con el incendio de la patrulla en el Centro de Justicia de Río Nuevo.
En un hecho poco común, los tres presuntos responsables de incendiar una patrulla de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de colocar dos narcomantas con amenazas contra policías, el fiscal Ricardo Iván Carpio y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, rindieron su declaración sobre lo ocurrido la noche del 17 de marzo, y adelantaron que todas las acusaciones son falsas.
“Nos están inculpando”, dijo uno de los implicados mientras debatían con su defensora de oficio sobre sí llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso en ese momento o en 144 horas.
Fue en la sala 8 del Centro de Justicia ubicado en Calle Sur, donde se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación de los 3 detenidos de nombres Celso Rodríguez Peña, Jorge Antonio Palacios Vargas y Jorge Iván Meza Iribe.(Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Ahí, el agente del ministerio Público de nombre Rogelio Robledo Martínez, expuso las evidencias en contra de los acusados, frente a la defensa a cargo de la licenciada Maricela García Tovar; y el juez Gerardo Anguiano Ceja.
El Fiscal dio a conocer que -según su investigación- los tres implicados estuvieron en la primera escena y fueron “corridos”, del lugar cuando elementos policíacos y bomberos mitigaban las llamas de la unidad Ford F150, color blanca, modelo 2013 con número económico 0044, de la FGE.
Dos agentes investigadores presentaron sus declaraciones y confirmaron que se trataba de las mismas personas.
Los implicados solicitaron rendir su declaración, pese a la insistente recomendación de su defensora pública para no hacerlo.
Uno por uno, fueron testificando por propia decisión y a sabiendas que cualquier declaración podría ser usada en su contra.
Celso, el primero de ellos, afirmó que un individuo apodado “El Moki” o “El Primo”, lo invitó a “jalar con él”, pero éste se negó; conforme avanzó la conversación le pidió que le hiciera un favor esa noche, para ir a recoger una lona con el guardia de seguridad de
Residencial Calzada, a cambio de 500 pesos.
Celso se negó, pero “El Moki” insistió y agregó una amenaza, afirmando que sí se negaba a hacerlo lo mataría. El hoy imputado dijo que “El Moki” parece ser “malandro” de la colonia ProHogar, por lo que accedió a hacerlo.
Narró que acudió al lugar y pidió apoyo para trasladarse a Residencial Calzada a dos amigos, quienes lo esperaron en un vehículo, se estacionaron algunos metros alejados de la caseta. Celso preguntó al vigilante sobre una manta y de forma inmediata fue asegurado, pues momentos atrás había sido colgada la amenaza hacia la gobernadora, el fiscal y un grupo de policías -aparentemente- de Tijuana.
Celso dijo además, que los dos amigos que lo acompañaron también fueron detenidos, pero a ellos no se les procesó. Fue al día siguiente cuando agentes investigadores detuvieron a los de nombres Jorge Antonio y Jorge Iván, pero que la única relación que tuvieron
en el incidente, fue que residen todos en la misma vivienda ubicada en la colonia ProHogar.
Jorge Antonio y Jorge Iván, coincidieron en que ellos nunca estuvieron en esos sitios, e incluso afirmaron que su detención se llevó a cabo en otro lugar, concretamente en la casa de una amiga ubicada sobre la calle República de Uruguay, en la colonia San Gabriel.
Como respuesta, el Ministerio Público presentó una serie de testimonios de elementos investigadores y agentes del Ministerio Público, los cuales confirmaron el siniestro, la lona y la supuesta presencia de los tres implicados en la escena.
Sin embargo, los dos testimonios trascendentales fueron los de un hombre y una mujer que acompañaron a Celso a Residencial Calzada.
Según el testimonio de Melissa Romero Heredia y Miguel Manuel Encino Cruz, acudieron a las afueras del residencial donde vive la Gobernadora sin saber lo que ocurría, por petición de los tres implicados, de los cuales Jorge e Iván, fueron los encargados de intentar
colgar una lona en unas palmeras ubicadas en los alrededores del residencial, mientras que Celso acudió a preguntar por ella debido a que no la vio colgada.
Fue por ese motivo que los implicados fueron asegurados y presentados ante el Juez, quién tras escuchar las versiones y alegatas, se concretó la formulación de imputación y fijaron el 25 de marzo del 2022, a las 9 de la mañana en la Sala 1, para la vinculación a proceso.