Las autoridades en México son omisas, simulan y hasta ocultan cifras de violencia contra las mujeres, coincidieron las participantes en el foro “La violencia familiar y feminicidio en México”, organizado por la agrupación Causa en Común.
María de la Luz Estrada, fundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expuso que apenas en 2020 Chihuahua fue el último estado de la República en tipificar el feminicidio, a pesar de que esa entidad fue la primera donde se denunció este crimen.
El gran desafío, reflexionó, es cómo las autoridades están acreditando las razones de género, ya que de 23 mil 147 asesinatos de mujeres entre 2015 y 2021, solamente 5 mil 522 se investigaron como feminicidio.
Lamentó que en apenas cuatro entidades (CDMX, Morelos, Colima e Hidalgo) se cuenta con comités de seguimiento y evaluación, lo que se traduce en que las autoridades no quieren ser monitoreadas ni evaluadas.
En el país ya se han solicitado 25 declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres de 22 estados y si bien el mecanismo de protección es deficiente, las alertas visibilizan problemas graves de impunidad en la investigación de feminicidios, indicó.
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Puebla, Veracruz, Estado de México y Jalisco son los estados que tienen un grave problema de desaparición de niñas y mujeres, citó.
Ana Fátima López Iturríos, abogada feminista capacitadora para juzgar con perspectiva de género, aseguró que las autoridades ocultan las cifras de feminicidios.
Calificó como violencia institucional el hecho de que solamente ocho mujeres estén al frente de los 33 poderes judiciales y siete mujeres en fiscalías generales.
Hace mucha falta que mujeres tomen puestos de decisión con perspectiva de género, si llegaran más mujeres podríamos empezar a sensibilizar todo el trabajo, insistió.
Reveló que tres de cada 10 hombres se enfrentan a una sentencia, mientras que en el caso de las mujeres es una de cada dos. Dijo que hay más mujeres que hombres en prisión preventiva, sin contar con que las mujeres sufren más vejaciones, torturas, tocamientos y abuso de fuerza al momento de ser detenidas.
Josefina De León Mendoza, de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, ofreció su testimonio como activista. El activismo en Tamaulipas, sentenció, es una acción de resistencia, de supervivencia, “muchos de nosotros hemos tenido que hacer un activismo forzado porque realmente este no era un plan de vida que teníamos”.
Deseó que las políticas en materia de prevención de violencia contra las mujeres no queden en papel, sino que trasciendan, que haya un verdadero enfoque de género, toda vez que la procuración de justicia está lejos de ser una realidad.
No hablamos de crimen organizado, sino crimen autorizado. porque de otra manera no se podría perpetrar, recalcó.
Flor Montes de Oca, coordinadora del área legal en Equis Justicia para las Mujeres AC, aportó que las medidas preventivas son obligación del Estado mexicano, así como un derecho para las mujeres y niñas.
Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, comentó que, según la Organización Panamericana de la Salud, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual en su vida, previo a la pandemia.
Los números oficiales son alarmantes, pero además reflejan solamente una porción de la realidad, afirmó.
Agregó que las autoridades han eludido su responsabilidad de homologar los códigos penales estatales para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas, en principio, bajo un protocolo específico que permita clasificar el hecho como feminicidio.
Al inicio del foro, Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común, reveló -con cifras oficiales- que entre diciembre del 2018 y enero del 2021 hubo 8 mil 540 mujeres asesinadas, 3 mil 129 de estos hechos fueron catalogados como feminicidio.
En el mismo periodo se registraron 786 mil 479 llamadas por violencia contra la mujer y 2 millones 198 mil 202 llamadas al 911 por violencia familiar
En promedio el 911 recibió 698 llamadas por violencia contra la mujer al día y mil 952 llamadas por violencia familiar al día.
De enero del 2020 a febrero del 2022 se registraron en medios al menos 782 casos de mujeres asesinadas con crueldad extrema.
