La delegación del Gobierno Federal en BC,
encabezada por Alejandro Ruiz Uribe, ha
favorecido al menos en 17 ocasiones en los
últimos tres años, a una empresa cuya
dueña trabaja para la dependencia como
analista administrativo, temas relacionados
a los insumos y servicios que su firma
supuestamente vende a la representación en
Baja California, destapando un probable
conflicto de interés y tráfico de influencias
El delegado federal en Baja California y coordinador único de Programas Federales, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, adjudicó de manera directa 17 contratos en tres años a una sola empresa para la obtención de diversos productos y servicios; una de las socias de la firma trabaja para la coordinación de becas federales Benito Juárez, precisamente en la representación de la Secretaría de Bienestar, mientras que el resto son ex priistas.
Desde 2019 a la fecha, la representación del Gobierno Federal en la entidad realizó transacciones de miles de pesos con la empresa GBS de Baja California, S de RL de CV (RFC: GBC171110FX1), constituida el 10 de diciembre de 2017, de acuerdo con el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía.
En los últimos tres años, a través de su delegado en Baja California, se asignó a la empresa un monto superior a 3 millones 738 mil 692 pesos en 17 contratos para la adquisición de productos diversos y servicio de limpieza de las oficinas de esa dependencia en el Estado.
De acuerdo con los contratos a los que ZETA tuvo acceso, la dependencia a cargo de Ruiz Uribe compró a GBS de Baja California, papelería, equipo y material de
limpieza para oficina, así como artículos de higiene personal como champú, jabón corporal, toallas sanitarias, desodorante; hasta planchas, bases y mesas para planchar.
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No solo les compraba el material de limpieza como escobas, jabón, limpiador para pisos, jalador, recogedor, botes de basura, etcétera; también contrató a la firma mexicalense para la limpieza de las tres sedes de la dependencia en el Estado. 
La firma ante los registros públicos tanto en CompraNet como a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tiene contratos principalmente con la Secretaría de Bienestar en BC. Sólo hay dos contratos registrados con el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación BC y otro con el gobierno de Baja California Sur.
Mientras que, por parte de la Delegación Federal en Baja California, recibió:
* Cinco contratos en 2019 por un monto total de 473 mil pesos
* Nueve contratos en 2020 por un millón 045 mil pesos
* Tres contratos en 2021 por 2 millones 220 mil pesos.
La ubicación de GBS de Baja California, S de RL de CV aparece en los registros del padrón de proveedores de la dependencia federal, ahí se señala que la empresa se encuentra en calle Fundidores número 822, Local 17, Colonia Industrial, Mexicali, Baja California.
Sin embargo, al buscar por nombre la ubicación de la firma, Google Maps despliega una propiedad en obra negra en la ciudad de Querétaro.
ZETA visitó la ubicación señalada en la Capital del Estado, encontrando un local comercial con una lona impresa por fuera con el logo de GBS de Baja California. El espacio es pequeño, de aproximadamente 30 metros cuadrados, con anaqueles exhibiendo gel antibacterial, cajas de cubre bocas, sanitizantes, caretas, termómetros y artículos de limpieza.
LAS PROVEEDORAS DE BIENESTAR
Un par de mujeres son las dueñas de una de las empresas favoritas del delegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Una de ellas, afiliada al Partido de la Revolución Institucional (PRI) desde 2014 en Mexicali; la otra es empleada por honorarios de la delegación federal en el Departamento de las Becas para el Bienestar Benito Juárez.
La delegación de la Secretaría del Bienestar comenzó con nuevo nombre y organigrama luego del triunfo electoral del ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces el político tabasqueño nombró a su amigo Jaime Bonilla Valdez, delegado federal en Baja California, tomando posesión del cargo el 1 de diciembre de 2018.
Meses después, el 28 de febrero de 2019, la campaña para gobernador de Baja California llevó a Bonilla a dejar el cargo. Ahí es cuando llega Alejandro Ruiz Uribe, quien venía de militar en el Partido de la Revolución Democrática e incluso haber sido presidente del partido en el Estado de 2016 a 2017; en 2018 apoyó a Morena, haciendo campaña en Ensenada, posteriormente fue recompensado.
Ruiz Uribe llegó a la delegación federal el 1 de marzo de 2019 y a la fecha ahí se ha mantenido. En este periodo la secretaría de Bienestar en BC otorgó los contratos a la empresa de Dulce Viridiana Cota Ramírez y Natalia Lizette Rivera Aguilar, representadas por José Alfredo Martínez Ramírez.
En el mismo periodo, Cota Ramírez fue empleada en la oficina de representación estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Baja California, hasta el último registro encontrado, que fue de diciembre de 2021. De acuerdo con el Registro Público de Funcionarios, el cargo que ella desempeña es analista administrativo.
En la descripción de sus funciones en la dependencia federal, se indica lo siguiente:
“Apoyar en el registro y control del ejercicio del gasto en los mecanismos de consolidac
ión de información administrativa, financiera y de transparencia (…) En la integración de las necesidades presupuestales anuales (…) En la revisión de que el ejercicio del gasto se realice en tiempo y en forma (…) Proponer a su jefe inmediato acciones correctivas necesarias para un mejor ejercicio del gasto (…) En la integración y seguimiento del programa anual de mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles, asegurando que se mantengan las condiciones de limpieza, seguridad, control de ingreso y servicios básicos en los inmuebles de la delegación…”
Claramente, se expone que las actividades por las que fue contratada están relacionadas con el tipo de productos y servicios que ofrece su empresa. Al revisar su declaración patrimonial a través de Plataforma Nacional de Transparencia, Dulce Viridiana Cota Ramírez reportó el 25 de septiembre de 2020 que su ingreso anual es de 100 mil 800 pesos, o sea, 8 mil 400 al mes.
Por otro lado, no muestra ningún otro ingreso que no sea el sueldo que percibe por parte de la Delegación Federal en Baja California; la empresa no figura en su declaración patrimonial, mientras que al revisar el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, no se encontró información financiera al respecto.
La otra dueña de GBS de Baja California, empresa cuya página de Facebook fue creada el 24 de abril de 2018, es Natalia Lizette Rivera Aguilar, cuyos registros sólo apuntan a su historial cómo militante del Partido Revolucionario Institucional en Mexicali, cuyo registro data de 2014.
Por otro lado, el representante legal, quien firmó a nombre de la empresa todos los contratos celebrados con la dependencia federal a cargo de Ruiz Uribe, es José Alfredo Martínez Ramírez, ex asesor del PRI en el Congreso del Estado de 2017 a 2018.
Es hermano del regidor del actual Ayuntamiento de Mexicali, Luis Manuel Martínez Ramírez, relacionado con la corriente hankista dentro del PRI estatal y que ahora milita en el Partido Encuentro Solidario (PES).
Por el lado del registro de la empresa y con base en el acta constitutiva de la firma a la cual ZETA tuvo acceso vía Registro Público del Comercio, GBS de Baja California tiene como objeto social principal, múltiples actividades desde venta y producción de equipo para oficinas, como desarrollo de proyectos, manejo de marca, representación legal, exportaciones e importaciones, hasta venta de artesanías. Cada una de las socias aportó 25 mil pesos para crear la firma.
