“Se puede hacer todo, pero no se puede decir nada.”
-Raul Guerin de la Grasserie.
La semana pasada, tras las escandalosas conversaciones telefónicas del fiscal Alejandro Gertz Manero, filtradas a la prensa y obtenidas de un espionaje ilegal, el Presidente de la República trató de curar al Gobierno Federal en salud sobre el origen de esas escuchas ilegales; incluso llegó a firmar que el antiguo CISEN (ahora Centro Nacional de Inteligencia) “ya no espía a nadie”, y tratando de desviar la atención sobre el tema, acusó -como es su costumbre- a la oposición de “comprar equipos millonarios para hackear teléfonos celulares y así obtener información” para golpear al proyecto de la Cuarta Transformación.
Y es que todas las miradas y las hipótesis que se han manejado hasta ahora, sobre el origen del espionaje realizado a los teléfonos del fiscal general de la República, apuntan a los órganos de inteligencia gubernamental, desde el mencionado CNI hasta las áreas de inteligencia militar con los que trabaja muy de cerca el General Audomaro Zapata. Pero hay otros gobiernos, además del federal, que tienen la capacidad para interceptar teléfonos celulares, y por supuesto, líneas fijas, y que poseen el equipo y la tecnología suficientes para realizar las escuchas telefónicas, como las que se difundieron, desnudando antiéticamente con la copera el Fiscal General Gertz Manero.
Por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, compró en julio del 2020 tres sistemas con software de última generación marca Verint, de Israel y Chipre con capacidad para rastrear e interceptar llamadas celulares, mensajes de texto, escuchas encubiertas a través del micrófono del teléfono y hasta copiar y duplicar cuentas y contraseñas con que envió de mensajes de texto al teléfono objetivo del espionaje.
Los tres sistemas de escucha los maneja la Policía de Investigación de la FGJ CDMX y están instalados cada uno en un vehículo adoptado y acondicionado, que cuenta con una “antena de alta ganancia con apuntador laser de grado militar”, capaz de hacer búsquedas complejas y equipado con un Descodificador A5/1, y de “sobrepasar encriptaciones A5/0 y A5/1”.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”.
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