En Baja California, y en el país, los consumidores mexicanos han visto cómo su ya golpeado poder adquisitivo se desliza a una velocidad inusual, más rápido y constante, de lo que están acostumbrados.
Han visto cómo los precios de los productos de la canasta básica, la tortilla, los aguacates, también los que no están incluidos en esta categoría. Igualmente, el importe por el pago por los servicios, sigue aumentando mes a mes.
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Los consumidores reportan con preocupación los conocidos incrementos en diciembre, mes en que productores y vendedores hacen ajustes anuales, según ellos, conforme a la inflación, para iniciar el siguiente año con precios reales, pero no se detuvo ahí. En 2021, el pretexto fue la crisis generada por la COVID-19.
Al inicio de 2022, algunos productos tuvieron otros aumentos adicionales. Desde enero, sólo el precio de la canasta básica en Baja California había crecido en 27%, desde entonces, el anunciado incremento de 22% al salario mínimo para este año quedó pulverizado.
Pero después les agregaron sobreprecios en febrero, sólo la canasta básica, otro 15%, y luego continuaron en marzo. De acuerdo con los registros del Índice de Precios al Consumidor, los servicios registraron aumentos del 4.57%, y las mercancías, del 8.54 %. El Banco de México fijó la inflación en un rango del 3% -más menos 1 punto-, pero en realidad ha estado por encima de estos pronósticos en las últimas 25 quincenas.
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Alimentos envasados, perecederos, artículos de limpieza, trastes de plástico y la lista sigue, duplicaron y hasta triplicaron su valor.
También en los pagos de luz y agua, cada vez son más comunes las denuncias por recibos locos con sobreprecios exorbitantes e injustificados; pero las más numerosas están relacionadas con las decisiones arbitrarias y unilaterales de las comisiones, de establecer aumentos estándar cuando el personal no acude hacer las lecturas a los medidores. Lo mismo pueden ser 100 que 300 pesos.
En cuanto a la promesa de estabilizar el precio de la gasolina, a pesar que en febrero el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México estaba preparado para escalada en precios de gas y combustibles por la guerra entre Rusia y Ucrania, la realidad muestra una tendencia al alza desde enero en todo el territorio mexicano.
Primero, porque no pueden evitar el impacto mundial por el aumento de los precios de los combustibles generados por el mencionado enfrentamiento armado, que resulta en el encarecimiento generalizado de los costes de producción y traslado, tanto de productos como de servicios.
Y localmente, porque los estímulos fiscales son insuficientes para contrarrestar el aumento implementado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) al Impuesto Especial a la Producción de Servicios (IEPS)
La gente se queja en pláticas informales, en redes sociales, pero al final se resigna y es poco lo que denuncian oficialmente. Consultadas las fuentes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respecto a Baja California, informaron que en lo que va del año, las denuncias recibidas en cuanto a canasta básica, agua y luz, son apenas cuatro y corresponden a tortillerías, donde no se acreditó lo denunciado.
Referente al tema del servicio de agua potable, han recibido aproximadamente 12 quejas por “cobro indebido”, en estos casos la procuraduría ha buscado la conciliación entre las partes.
El mayor número de quejas durante 2021, fue contra talleres mecánicos, aerolíneas, servicios de telefonía, tiempos compartidos y organizadores de eventos sociales. Y durante los primeros 82 días de 2022, los más denunciados han sido aerolíneas, talleres mecánicos, tiendas departamentales, despachos de gestoría y tiempos compartidos.
Al inicio de marzo, usando como ejemplo el precio del limón, la diputada federal María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) habló de aumentos desconsiderados y desproporcionados, advirtiendo: “La manipulación nociva e injustificada de precios de muchos productos de la canasta básica es una práctica muy común por parte de intermediarios en épocas de estabilidad económica, pero de mayor incidencia en temporadas de fluctuaciones”.
Lo hizo al presentar una reforma de Ley para “facultar y obligar” a la Profeco a proteger, vigilar y blindar los precios de los productos de la canasta básica frente a aumentos injustificados, esperando que esta procuraduría tenga una participación más activa, en cuanto a sancionar a los establecimientos que incrementan injustificadamente los precios de productos.
La propuesta de darle más dientes a la Profeco está en pañales, y el número reducido de inspectores o verificadores que tienen en el país, hacen que esta posibilidad de un mayor y real control, se antoje lejana.
Por eso, los gobiernos y los congresos están obligados a presentar ya, propuestas que mejoren la deficiente persecución y sanción de estas malas prácticas.
Las becas y apoyos sociales no son para todos, son insuficientes y están lejos de ser la solución. La gente está modificando los hábitos de consumo para pagar los servicios. Comen menos carne, pollo, leche, limitan el consumo de verduras, pero si continúan estirando la liga, más tarde o más temprano, va a reventar.
