El Tribunal Constitucional de Perú concedió, este jueves 17 de marzo, un recurso de ‘habeas corpus’ a favor del ex mandatario Alberto Kenya Fujimori Fujimori -quien ocupó la Presidencia de aquel país entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000-, representado por el abogado Gregorio Parco Alarcón, tras lo cual el ex mandatario abandonaría la cárcel.
La decisión judicial restableció los efectos del indulto humanitario otorgado a Fujimori Fujimori, en 2017, por el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y que luego fue anulado por el Poder Judicial peruano.
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Cuando la votación se había empatado 3 a 3, Augusto Ferrero Costa, magistrado presidente del Tribunal Constitucional, votó a favor del ‘habeas corpus’, por lo que se logró la mayoría que declaró fundado el recurso. La decisión debe ser ahora comunicada al Poder Judicial para su cumplimiento.
Fujimori Fujimori, de 83 años de edad, está preso desde 2007 y fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel, por la supuesta autoría intelectual en las matanzas y secuestros ocurridos entre 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
Sin embargo, el 25 de diciembre del 2017 fue indultado por el entonces presidente, Kuczynski Godard, quien explicó su decisión como un gesto humanitario que respondía al estado de salud del ex mandatario. No obstante, el indulto es una “gracia presidencial” y no elimina la responsabilidad penal.
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La decisión de las autoridades judiciales fue tomada luego de que los familiares de las víctimas de las matanzas ocurridas durante el Gobierno de Fujimori Fujimori, acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para solicitar se pronunciara respecto al indulto.
Sin embargo, dicho órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en San José, Costa Rica, recomendó a los familiares de las víctimas acudir a la Justicia peruana, para que revisara el indulto que, finalmente, fue anulado.
El ‘hábeas corpus’, que protege de vulneraciones a los derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad, anuló una resolución del 2018 de la Corte Suprema, misma que había dejado sin efecto el indulto otorgado por Kuczynski Godard.
Tras obtener el indulto de 2017, Fujimori Fujimori vivió casi un año en un domicilio ubicado en un barrio residencial de Lima. Pero volvió al el penal de Barbadillo, ubicado en el interior de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, en octubre del 2018. No obstante, la nueva decisión permitirá excarcelar al ex presidente peruano y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero del 2032.
Por su parte, el actual presidente peruano, José Pedro Castillo Terrones, dijo en su cuenta de la red social Twitter, que “los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito”, como la Corte IDH, protegen el derecho de los familiares de las víctimas, quienes podrán apelar a dichas instancias.
Mientras que Aníbal Torres Vásquez, actual presidente del Consejo de Ministros del Perú, añadió que la decisión “perjudica” a Perú, aunque acatarán el fallo del Tribunal, que “se convierte en adalid de la impunidad de los grandes delincuentes y evidencia que en Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales”, dijo.
“¿Dónde quedan las familias de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta? Delitos gravísimos. Los secuestraron, los quemaron vivos, los descuartizaron y los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori”, insistió el primer ministro, en una entrevista radiofónica.
