Investigaciones abiertas en Baja California por presuntos casos de corrupción, han tenido que ir a dar a la Fiscalía General del Estado, cuando pudieran haber sido atraídas por una fiscalía especializada; sin embargo, con todo y que existe la figura correspondiente, desde que renunció la única titular de despacho que ha habido, no se ha vuelto a nombrar fiscal especializado. Ni el gobierno de Jaime Bonilla ni el de Marina Ávila Olmeda han mostrado disposición por concretar la designación. Abogados acusan desacato y falta de voluntad política, en tanto que ciudadanos, parálisis en el sistema y falta de autonomía
Con todo y que no es necesario ajustar la Ley para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California cuente con titular, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha tenido acercamiento con la XXIV Legislatura para hacerle la debida propuesta de nombramiento. Desde el 28 de enero de 2020, fecha en que la única fiscal Anticorrupción que ha habido en la entidad, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, renunció al cargo, el “órgano autónomo” se mantiene acéfalo.
Son más de dos años en los que no se ha visto disposición para dar atención especializada a los delitos de corrupción por parte de la anterior administración, a cargo de Jaime Bonilla Valdez, y del gobierno de Ávila Olmeda, cuyo periodo constitucional arrancó el 1 de noviembre de 2021.
Mientras tanto, la investigación que se abrió durante el anterior periodo de mandato contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entre otros, así como la denuncia interpuesta contra ex colaboradores de Bonilla Valdez, a quienes se señaló de peculado y otras irregularidades, tan sólo han ido a dar a la Fiscalía General del Estado, con el pormenor de que en el primer caso, las indagatorias no han prosperado.
En entrevista con ZETA, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina García, afirmó que para nombrar fiscal Anticorrupción en Baja California sólo se requiere que la XXIV Legislatura reciba del gobierno estatal, la propuesta correspondiente. “De este asunto no se nos ha planteado todavía la terna en su caso, o en qué momento se presentaría”, manifestó el legislador de Morena.
Sobre el hecho de que Olga Elizabeth Ojeda argumentó que su dimisión se daba por falta de personalidad jurídica y patrimonio propio en la fiscalía especializada, Molina refirió que no quiere decir que ella hubiera alegado “cuestiones de legalidad, de fondo en relación a la autonomía que tiene que haber propiamente”. En todo caso, los argumentos de la licenciada tuvieron que ver con que supuestamente “no recibió la infraestructura” necesaria para fungir en el cargo, “pues dijo que la Fiscalía General (del Estado) le había limitado los recursos, no le había facilitado oficinas, las herramientas del trabajo, no le había allegado los agentes, vehículos”.
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Aun cuando la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción fue objeto de invalidaciones el 14 de enero de 2020 (habiendo sido publicada el 7 de agosto de 2017), después de todo, “no tiene que ajustarse” para designar fiscal especializado, especificó Molina, para posteriormente explicar que los artículos de la normatividad invalidados (16 y 17) sólo tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. “La Corte dijo que 15 (consejeros) eran demasiado y que se tenía que generar un esquema similar al de la Ley federal (en la materia)”, detalló respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en sesión del Tribunal Pleno.
Tras su paso por la Fiscalía Especializada, el cual únicamente abarcó cerca de 40 días, Ojeda Mayoral finalmente se incorporó a la Secretaría General de Gobierno, entonces titulada por Amador Rodríguez Lozano, recordó Molina García.
De por qué no se nombró relevo en la Fiscalía Especializada en lo que restó de la administración de Bonilla Valdez, sostuvo que la terna que el Gobierno del Estado envió a la XXIII Legislatura (de la que igualmente Molina García formó parte) no estuvo acompañada de las fichas curriculares de los aspirantes.
“Omitieron enviarnos sus expedientes, o sea, nunca nos mandaron sus currículums, nunca nos mandaron ninguno de los documentos para acreditar en todo caso los merecimientos para la designación”, aseveró el diputado reelecto.
Según aseguró, a pesar de que el Congreso del Estado puso al tanto a la administración estatal de semejante descuido y le solicitó los documentos faltantes, la información “nunca llegó”, de modo que “la Legislatura 23 llegó a su conclusión y no hubo designación porque no teníamos bases para tomar una decisión”.
De quienes integraban la terna, sólo dijo que “eran dos hombres y una mujer, y los tres eran personal de la fiscalía general durante el tiempo del licenciado (Guillermo) Ruiz”.
La propuesta enviada por Bonilla Valdez ni siquiera subsistió al proceso de transición de la XXIII Legislatura a la actual.
“Cuando llega la Legislatura 24, la Junta de Coordinación Política emitió un acuerdo donde todos los asuntos en estudio, dictámenes de la Legislatura 23, pues se quedaron sin efectos y había que iniciar de nueva cuenta con este asunto, y ahorita básicamente en el Congreso no tenemos una propuesta que venga del Poder Ejecutivo para la designación”, reveló el entrevistado.
De cualquier forma, “todos los delitos que tienen relación con el tema de corrupción, todos los delitos, si tú llegas a presentar una denuncia, te la recibe la fiscalía (general), se abre una carpeta de investigación”.
En ese sentido, aludió al expediente en cuyo caso “la esposa del ex gobernador ‘Kiko’ Vega”, Brenda Ruacho, devolvió dinero (cerca de 7 millones de pesos, recurso que supuestamente desvió del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia); también se refirió a “las indagatorias en relación a Francisco Vega y demás funcionarios” y lamentó que la FGE de Guillermo Ruiz Hernández hubiera terminado “por diferir las audiencias”. Igualmente tocó “el tema de (José Luis) Ovando Patrón, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional”, señalado de retención de recursos vía nómina de ayuntamientos e instancias del Poder Ejecutivo.
Tratándose del escenario político en que Morena se erige como partido en el poder y fincado luego de 30 años de administraciones panistas, Molina García sólo aludió “a los hechos que derivan del contrato de la planta fotovoltaica”. En este caso, ex colaboradores de Bonilla fueron denunciados por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y otros, en razón de haber autorizado el desarrollo del proyecto en Mexicali sin estar autorizados para ello.
“Ahí están en la fiscalía general”, indicó el legislador en alusión a semejantes casos; “y si en su momento se designa a quien corresponde como fiscal o titular de la Fiscalía Anticorrupción, pues entonces sería quien conocería estos asuntos de manera especializada”, asentó.
GOBERNADORA DEBE ATENDER LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES: ABOGADO
Ante la falta de nombramiento de fiscal Anticorrupción, el delegado en Baja California de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Conamex, AC), José Hans Zamorano, señaló que la titular del Poder Ejecutivo estatal debe ceñirse a lo que dispone la Ley fundamental.
“La gobernadora debe atender los preceptos constitucionales que están en la Constitución local, y en ella misma se establece que debe existir un fiscal Anticorrupción, entonces desconozco, pero sí exigimos que el mismo sea nombrado y ella misma, la gobernadora Marina del Pilar, presente una terna al Congreso del Estado para efectos de que se nombre ese fiscal Anticorrupción”, expuso.
Observó que “a raíz de que Jaime Bonilla dejó el gobierno, se han estado evidenciando muchas cuestiones de corrupción, entre ellas esta última de la constitución de esta planta energética, que la gobernadora está exigiendo la devolución de los 123 millones de pesos (retenidos por Banca Afirme por concepto de fideicomiso) y que existen ex diputados que están actualmente colaborando con el gobierno”. De ahí que, a su modo de ver, Ávila Olmeda “debe atender esos asuntos, sancionar y exigir la devolución de ese dinero”.
Entre esos ex legisladores (contra quienes recientemente el Partido Acción Nacional en BC presentó una denuncia de juicio político, por aprobar el contrato respectivo sin que finalmente se otorgaran los permisos para el desarrollo del proyecto) figuran Miriam Elizabeth Cano Núñez, actual secretaria de Integración y Bienestar Social; Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública; Juan Meléndrez Espinoza, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria; además de diputados reelectos como Claudia Agatón Muñiz y el propio Molina García.
Por otro lado, Rafael Cruz Manjarrez, representante estatal de la Alianza Mexicana de Abogados, refirió a este Semanario que el gobierno de Ávila Olmeda se ha abstenido de enviar al Congreso una propuesta de nombramiento por razones políticas. “Esto es político, no hay voluntad política, porque una vez tratando de aplicar el Sistema Anticorrupción, no nada más van a caer los ex gobernadores, también parte de la estructura que ahorita está gobernando, en este mismo periodo de gobierno”, mencionó.
A la par, consideró que “la actual gubernatura ha sido manipulada por otras fuerzas políticas”, y que “en esas fuerzas políticas está el PAN” (partido con el que algunos de los actuales funcionarios de gobierno han estado vinculados). De ahí que, desde su punto de vista, tampoco se atienda “el antecedente de ‘Kiko’ Vega, que fue denunciado penalmente de desvío de recursos públicos, peculado”.
“NO HAY INTERÉS EN AVANZAR EN LAS INVESTIGACIONES”: CPC
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Topete Calvario, advirtió que al no contarse con un fiscal especializado, el combate a la corrupción “está supeditado” a la Fiscalía General del Estado, con la particularidad de que “no deja de haber cierta coordinación” con el gobierno de Baja California, con todo y que “se supone que (la FGE) es independiente del Ejecutivo”.
A su modo de ver, “no hay realmente un interés por avanzar en las investigaciones que actualmente existen”.
En entrevista con este medio, afirmó que “que si alguna otra autoridad que no sea el fiscal especializado realiza actuaciones sin competencia para ello, todos esos esfuerzos que pudieran ser, corren riesgos de ser ilegales o inconstitucionales”. Deploró que no se haya emitido aún convocatoria para ocupar el cargo.
Además, reprobó que exista una serie de cargos vinculados con el rubro, para los cuales las respectivas designaciones están pendientes.
“Nos hace falta la designación de los integrantes del CPC, la designación del magistrado Anticorrupción, la designación del comité de selección”, integrado por académicos encargados de seleccionar a los miembros del Comité.
“Nos tienen completamente paralizados”, opinó Topete.
“No es un tema de alta prioridad para el gobierno actual, estamos en conocimiento que el diputado Molina presentó una iniciativa, la diputada Daylín (García Ruvalcaba) presentó otra, para apegarse a la sentencia que emitió la Suprema Corte hace dos años (y con la que invalidó diversas disposiciones), pero no nos han hecho partícipes de ninguno de esos trabajos, ni del Legislativo, ni por parte del Ejecutivo”, sostuvo.
A su vez, para Sergio Fiorentini Cañedo, ex presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Fiorentini Cañedo, resulta preocupante no tener nombramientos, “pero es más grave lo que le hicieron (a la fiscalía especializada), que es quitarle la fuerza que había” en lo relativo a “la máxima autonomía posible, tanto de gestión como de investigación”.
Señaló que “el día que Bonilla tomó posesión (1 de noviembre de 2019), ese día en la noche aprobaron el cambio en la legislación para que la edad del fiscal (general) fuera modificada y ‘El Titi’ Ruiz obtuviera ese pedimento”, lo que redundó en que “malamente, porque no tenía relación alguna con el tema, le quitaron la independencia a la Fiscalía Anticorrupción”.
En conversación telefónica, recalcó que ese fue el motivo por el cual Olga Elizabeth Ojeda Mayoral renunció al cargo de fiscal especializado.
“Ella decidió renunciar porque se dio cuenta de que no iba a poder tener autonomía”, estableció, “lo más grave es que no tengamos órganos autónomos, porque si mañana tenemos un fiscal nombrado por este o por el gobierno que venga y no tiene autonomía, no va a servir de un carajo”, asentó Fiorentini, pronunciándose porque se nombre pronto a un fiscal Anticorrupción. “Pero reformando la Ley”, sugirió, para efectos de garantizar “atribuciones de independencia y gestión y autonomía económica y financiera”, pues de lo contrario, “a quien pongan, no va a funcionar”.
ZETA solicitó entrevista con el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala, en el tema de fiscal Anticorrupción, sin que hasta el cierre de edición, se diera respuesta concreta a la petición.
