Contratando dos líneas de crédito por 600 millones en total y un factoraje financiero de 100 millones de pesos, fue como el gobernador Víctor Castro cerró el año 2021
El 20 de diciembre de 2021, con una multitud de policías estatales y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que reclamaban la falta del pago de aguinaldos y bonos de fin de año, el gobernador Víctor Castro Cosío faltó a su promesa de no endeudar más al Estado.
“Para ustedes es una compensación, en la que yo siempre estuve preocupado en cómo hacerle para tener el dinero, ya lo logramos sin endeudarnos, que finalmente ese dinero lo paga el pueblo”, expresaría el mandatario.
Sin embargo, desde el 22 de noviembre, contrató dos líneas de crédito pagaderas a un año, para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, las cuales, en conjunto, suman 600 millones de pesos.
Según el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los créditos fueron contratados de la siguiente manera:
* Banco Santander México, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por 500 millones de pesos con una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 6.12%.
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* HSBC México, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por 100 millones de pesos (6.08% mensual).
En su momento, el gobernador proferiría a los manifestantes ya haber platicado con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar ayuda y cubrir los compromisos de fin de año.
“Llegamos a diciembre, que es lo más pesado para el gobierno, y hablé con el Presidente antier en Tabasco, que no teníamos para pagar ni el aguinaldo de la parte que seguía. Hablé con él y les traigo buenas noticias: primero les vamos a pagar a quienes no recibían aguinaldo, a los de honorarios”, anunció entonces Castro.
La realidad es totalmente adversa, a una semana de esas declaraciones frente a empleados del gobierno estatal, la administración estatal obtuvo una inyección de efectivo a través de una tercera institución bancaria.
Al gobierno de Víctor Castro le urgía el dinero, por ello, el 27 de diciembre de 2021 obtuvo un “factoraje financiero” por 100 millones de pesos a través de BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Proceso logrado al comercializar sus cuentas por cobrar, es decir, vendió sus facturas a una institución financiera y consiguió efectivo de forma inmediata, para así cubrir las deficiencias en liquidez con plazo a un año y una tasa base.
“El miércoles próximo a más tardar, se va a pagar antes de que se vayan de Navidad, se les va a cubrir su bono, mi palabra de honor, de un servidor, que ha tenido palabra, vamos a ver cómo lo resolvemos, yo no quiero endeudarme, no se les va a pagar a directores, y esos, a los que ganan más, a ellos no”, manifestaría Víctor Castro Cosío.
Pese a las acciones que aplicó a espaldas de los ciudadanos, declaró públicamente que no se endeudaría: “Queremos hacer un gobierno que realmente, escrupulosamente, cuide los recursos del pueblo y no sea para privilegios de funcionarios del gobierno, no llegamos para eso; llegamos para que el recurso del pueblo se use en el bien del pueblo Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
Además, criticó a su antecesor panista, Carlos Mendoza Davis, de haber gastado entre 56 y 76 millones de pesos de septiembre a diciembre de los últimos dos años de su administración, mientras que los créditos contratados antes de culminar 2021 ascienden a 700 millones de pesos.
“Sólo en la oficina del gobernador (en la administración anterior), el año pasado, de septiembre a diciembre, gastaron 56 millones Ahorita no hemos gastados ni 20 millones, con los sueldos y todo, el año antepasado gastaron 76 millones en el mismo periodo, ¿en qué?”, cuestionó el morenista.
NO SOCIALIZARON CRÉDITOS
El gobierno de Morena llegó a Baja California Sur, y desde el principio dijeron que todo movimiento sería transparente y a la vista de los ciudadanos, a quienes se consultaría de todo endeudamiento y serían gestores de una administración responsable.
A poco más de seis meses de administración, ya empiezan a surgir irregularidades, discursos contrarios a la forma de actuar. Al Ejecutivo estatal se le olvidó socializar los créditos, por lo menos anunciar el financiamiento, como lo comprometió.
El gobernador dijo que la veda electoral por la revocación de mandato le impidió socializar las líneas de crédito y el factoraje financiero, sin embargo, ya contaba con los montos contratados desde diciembre de 2021.
Es decir, omitió brindar los informes a la ciudadanía, ya que no es necesario que se dé aviso al Congreso del Estado, pero faltó a sus promesas de no endeudarse a la primera y no consensuar con los ciudadanos.
— ¿Por qué no se socializó este crédito con la gente y nos enteramos ahora que sale?
“La Secretaría de Finanzas irá resolviendo estos problemas, y estos créditos no pasan por el Congreso”.
— ¿La gente no tiene derecho a saber antes que se contrate?
“Claro, pero acuérdate que no podíamos dar información de programas y todo eso por la veda electoral, entonces, vamos a dar el informe pasando la veda electoral, en abril”.
— Pero lo solicitaron en noviembre…
“No, lo solicitamos en noviembre para cualquier contingencia, pero recuerden que la presión más fuerte para el gobierno es salir en diciembre con todas las deudas, es muy complicado, ¿eh?, porque hemos impuesto un plan de austeridad muy fuerte y obviamente ni así salimos”, respondió.
Sobre los contratos de las tres obligaciones financieras con los tres bancos, insistió en que no existe tal, y aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela que se dieron dos en noviembre y otro en diciembre, el Ejecutivo negó que existan como tal. Señalaron ellos hicieron pública la información, cuando realmente fueron exhibidos por el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
“Cuáles contratos, no; nosotros pedimos una línea de crédito, no te equivoques, porque se confunde. Pedimos una línea de crédito, que es un derecho de los gobiernos, una posibilidad financiera”.
— No presentaron ningún documento, gobernador…
“Bueno, tú preséntame uno, donde digas tú, ‘está haciendo esto’”.
— Yo no lo solicité, yo no tengo crédito. ¿Cuándo lo hacen público?
“Nosotros los vamos a hacer público, ya está público, está en la página de la Secretaría, revisa, por favor”.
— ¿Y sobre los contratos?
“Ahí están, revisa, además, el empréstito no se utilizó, la línea de crédito fueron 300, la mitad se ocupó, la otra mitad hay que bajarla de la página de Hacienda; no ocupamos los 600, sólo 300 y está la línea abierta de crédito”.
ENDEUDAMIENTO PARA PAGAR NÓMINA
De acuerdo con la Ley de Ingresos 2022 para Baja California Sur, el gobierno estatal recauda alrededor de mil 059 millones al año en impuestos, además de otros ingresos por cobro de derechos, productos y aprovechamientos, las participaciones federales. En total se cuenta con un presupuesto aprobado superior a 9 mil 150 millones de pesos.
El presupuesto establecido en la Ley de Egresos que presentó Castro Cosío, es de la misma cantidad, significando en gastos personales, salarios, dietas, bonos y demás, mil 700 millones de pesos anuales.
Castro recibió de la administración de Carlos Mendoza, “una deuda pública bancariamente manejable a corto y mediano plazo”, pero ahora su discurso se quedó corto, pues en sus primeros tres meses de gestión, solicitó 700 millones para afrontar los primeros compromisos fuertes a finales de año.
“La línea de crédito era de 600 millones, ya se dio una rueda de prensa en Finanzas. Tenemos una deuda de mil millones de pesos, un boquete financiero que estamos resolviendo, paso a paso, no queremos quedar mal con los trabajadores, intentamos hasta lo último no pedir créditos, pero ya no fue posible. Se le adelantó 200 millones de pesos al gobierno panista y los tuvimos que pagar nosotros, tuvimos que recurrir a un empréstito para resolver los problemas”, confirmó a ZETA el mandatario.
A mes y medio de dejar su administración, Carlos Mendoza pidió un adelanto de 200 millones de pesos de las participaciones federales para pagar nómina de agosto y la primera quincena de septiembre, “se comprometieron 200 millones de nuestra administración, que tanto el Presidente como un servidor estuvimos de acuerdo”, reconoció Castro.
Apenas está por culminar el tercer mes del año y el mandatario estatal ya está pensando en una reestructuración de las deudas para continuar, complicándole la situación.
“Vamos a hacer una propuesta al Congreso para una reingeniería financiera de las deudas que hay, y poder tener la posibilidad de responderle a la gente; hay muchos retrasos, muchas cosas que necesitamos trabajar”, expresaría.
Supuestamente no utilizaron los créditos que recibieron en noviembre y diciembre, sin embargo, el factoraje financiero, la naturaleza del proceso es de “entrega inmediata de efectivo”, así está inscrito en el propio portal de BBVA Bancomer.
Además, Bertha Montaño Cota, secretaria de Finanzas y Administración, refiere sólo dos líneas de crédito, le faltó considerar el factoraje financiero entregado a finales de diciembre de 2021 y apenas inscrito el 4 de marzo de 2022 en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
“En noviembre solicitamos dos líneas de crédito a corto plazo, dado que se venían los gastos de diciembre, que estaban calculados más o menos en 550 millones, solicitamos esas dos líneas de crédito, una de 500 millones y otra de 100 millones para prever estos gastos de diciembre; por fortuna pudimos salir de los gastos en diciembre sin utilizar las líneas de crédito, y fue en enero que decidimos hacer uso de esas líneas, pero no del total que se había solicitado. Nada más dejamos en activo 300 millones para atender los gastos de nómina y gastos emergentes en febrero”, afirmó la funcionaria.
Acorde con Montaño, esos 300 millones con que cuentan no han sido utilizados, aunque a decir del propio gobernador, ya fueron empleados en el pago de compromisos de nómina en febrero. “Esos créditos de corto plazo no rebasan un año fiscal, son 24 quincenas lo que lleva el pago del crédito, así está contemplado en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Deuda del Estado, no pasan por el Congreso porque son quirografarios, es decir, para pagarse en el cortísimo plazo. Están activos 300 millones, los cuales estamos en proceso de ser utilizados”, confió la secretaria de Finanzas y Administración.
Un dato preocupante revelado por la entrevistada, es que supuestamente el crédito no se ocupó y, como vencería el plazo para hacer uso del mismo, lo tomaron sin siquiera necesitarlo.
Cabe recordar que la tasa de interés es superior al 6%, entonces, si se obtuvo el crédito sin requerirse antes de utilizarlo, es posible que costó por lo menos 18 millones de pesos mensuales provenientes de los ciudadanos. Dinero que bien pudiera ocuparse en obras sociales y mantenimiento de las calles.
“El 21 de enero vencía el plazo para hacer uso, entonces dijimos bueno, lo vamos a garantizar, que tengamos disponibles 300 millones. En realidad, lo ejercimos en febrero, sobre todo en gastos como nómina”, reconocería la mujer al frente de las finanzas estatales.
