Tribunal ya notificó a Banca Afirme, administrador del fideicomiso, que tiene que reintegrar los 123 mdp que fueron afectados de las participaciones federales; sin embargo, dicha institución bancaria hasta ayer no había aceptado la notificación
Las denuncias presentadas contra siete ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez por el proyecto de la planta fotovoltaica seguirán su curso, pues éstas han logrado suspender la afectación de las participaciones federales y el repago de inversión a favor de la empresa Next Energy, la cual no cuenta con los permisos federales necesarios para desarrollar el proyecto.
El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía explicó que la serie de acciones jurídicas presentadas por la actual administración logró que los 123 millones de pesos que ya se le habían descontado al gobierno estatal de las participaciones federales para constituir un fondo de reserva para el fideicomiso del citado proyecto puedan ser susceptibles a recuperarse, y se detenga el pago que reclama la empresa por reinversión, el cual tendría que efectuarse el próximo 17 de marzo.
De no haberse interpuesto dichas denuncias, en un año el gobierno tendría que destinar más de mil 700 millones de pesos en un proyecto “que no vamos a tener, y que tendríamos que estar pagando el suministro eléctrico que sí ocupamos” para garantizar que el Acueducto Río Colorado-Tijuana envíe agua a la Zona Costa.
Preció que el fideicomiso del proyecto de garantía y fuente de pago a la empresa es irrevocable y está estipulado que reciba el 19.5% del total de participaciones federales, las cuales son del orden de los 22 mil mdp.
“Banca Afirme es el agente fiduciario (que administra el fideicomiso). Ya se le notificó por parte del Tribunal que tiene que reintegrar los 123 millones de pesos como afectación de las participaciones. Banca Afirme hasta ayer no había aceptado la notificación, cosa que hoy hicimos en Monterrey ante un Notario público”, abundó Moreno Mexía.
Durante la conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en Playas de Rosarito, reiteró que las acciones legales pretenden “atacar de fondo el tema y cancelar las responsabilidad del estado sin dar lugar a un pago por cancelación unilateral o por falta de pagos”
Aclaró que hasta el momento el gobierno estatal no está cancelando el proyecto. “Lo que estamos haciendo es detener las implicaciones del pago con una lógica: no hay proyecto, no hay permisos, por qué razón el gobierno tendría que realizar pagos”.
“Este es un tema que no tiene que ver con un asunto político o personal, estamos obligados nosotros a denunciar en término de lo que pudiera afectar las finanzas del estado”, aseveró Moreno Mexía.
En ese sentido, indicó que la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) es para que investigue la presunta comisión de delitos por parte de los exfuncionarios involucrados, toda vez que desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero, “el racional que dio lugar a la firma del contrato es adverso a los intereses del estado”.
Más temprano este 9 de marzo de 2022, interrogado sobre sobre cuál es su postura sobre el conflicto entre el gobierno actual y el anterior (de Bonilla) y las denuncias presentadas por probable daño al erario por 12 mil millones de pesos por el proyecto de la planta fotovoltaica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se habían negado los permisos federales para esa planta. “Entonces no puede haber denuncia de fraude, que eso pienso yo, si no está autorizada la planta. Porque no se puede hablar de 12 mil millones si todavía no tiene autorización, si no existe la planta según mi información”
Al respecto, Moreno Mexía indicó: “Dice el presidente que no es posible que haya una demanda porque al no tener los permisos, la planta fotovoltaica, no hay obligación de pagar.
El tema central es que lógicamente el presidente no está enterado del detalle de la estructuración del proyecto y entre todas las inconsistencias del proyecto, la más relevante es que se firmó un contrato y un fideicomiso que obliga a realizar el pago de una inversión teórica no realizada, que no está vinculada a tener los permisos para su construcción y funcionamiento”.
Sobre las declaraciones del exsecretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en el sentido de que no hay irregularidades en la contratación de Next Energy para la planta fotovoltaica y que lo que se pretende es devolverle el contrato de largo plazo a la empresa Sumex, vinculada con administraciones panistas, Moreno Mexía respondió:
“Con todo respeto para el señor Amador lo que estamos viviendo es una realidad, un descuento de 123 millones de pesos para participaciones, la presentación de una factura de parte de la empresa para pagar ese avance de inversión y una factura que nos llegó por parte de un notario público de Mexicali”
“En las relaciones comerciales normales las empresas proveedoras no envían factura con notario público, lo hicieron así para que quedara constancia de que estábamos recibiendo la factura. Y el concepto de la factura es claramente el pago de certificados de inversión, no sé a qué se refiere el señor Amador”
Actualmente, dijo, el proveedor de energía eléctrica del Acueducto Río Colorado-Tijuana es CFE Último Recursos, pero el gobierno está “empujando” con el Cenace para salir de esa estructura financiera (que es más cara), para posteriormente hacer un acuerdo “razonable con algún suministrador privado”.
En ese procedimiento, Sumex “tendrá que ser una opción porque hay un contrato firmado y vigente, tendríamos que negociar en ese caso un acuerdo con Sumex donde estuviera dispuesto a cancelar sus demandas y una obligación contractual de pago por concepto de intereses moratorios”.
