* En 39 meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de pacificación acumulan 110 mil cadáveres, cifra superior a los 103 mil muertos de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón
* Con 113 mil 833 elementos de la Guardia Nacional desplegados en los estados prioritarios, esta corporación sólo detiene al 1.9% del total de las personas presentadas ante un Ministerio Público en el país
* Después de tres años, en enero y febrero de 2022, la Federación refiere una reducción en la incidencia homicida
Un grupo armado ingresó a una casa en la colonia González Ortega en Zacatecas, y mató a seis personas el miércoles 16 de marzo.
El día 14, la Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa de 100 mil pesos, por información que lleve a la captura de cada uno de los seis delincuentes que el 27 de febrero, en San José Gracia, privaron de la libertad y fusilaron a por lo menos once personas y se llevaron los cuerpos, razón por la que el Gobierno Federal se negaba a hablar de muertos, a pesar de la existencia de videos y que los peritos localizaron masa encefálica en la escena.
La mañana del jueves 17 de marzo, un comando de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó a Tijuana, sus jefes desde Ciudad de México querían que los criminales lo supieran, que los vieran llegar. Se trata de un batallón anti homicidios, que al igual que el resto de sus compañeros en la plaza, tienen como misión reducir el número de cadáveres en las calles de Tijuana.
Esta fue la manera en que el Gobierno Federal decidió responder a la jornada macabra que el 12 de marzo vivió esta ciudad, incluida en la Estrategia de 50 Municipios Prioritarios; catorce asesinatos a lo largo y ancho de la ciudad:
A las 00.40 horas de ese sábado, encontraron a un hombre muerto a balazos en la Zona Centro; dos segundos después, otro cadáver baleado en la delegación Sánchez Taboada. Los siguientes fueron tres hombres sin vida en el interior de una camioneta en Otay Centenario poco antes de las siete de la mañana, les dejaron mensaje acusándolos de polleros; al sexto lo localizaron una hora después, en la delegación La Presa; la número siete fue mujer, a quien le dispararon en Playas de Tijuana a las 07:53 horas; y al octavo lo balearon a las 08:20 horas en Sánchez Taboada.
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Al noveno lo estrangularon y lo encontraron al mediodía, en el opulento Fraccionamiento Chapultepec; al décimo hombre lo encontraron calcinado dentro de un auto en Playas de Tijuana; el número once murió por disparo de arma de fuego en el IMSS después de ser atacado en el área de El Florido; al doceavo lo hallaron muerto por herida de arma de fuego a las 19:00 horas en San Antonio de Los Buenos; las victimas 13 y 14 fueron localizadas juntas, hombre y mujer asesinados a tiros en el fraccionamiento Soler, en el interior de una casa donde se aseguraron diversas armas de fuego de diferentes calibres.
Han desfilado cuatro presidentes desde que inició el registro de la incidencia homicida en México, con sus respectivas “estrategias” fallidas. En esas condiciones, estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Baja California siguen sin abandonar el top 10 de la violencia de sangre.
Baja California, en la que el Gobierno Federal presume avances como parte de la Estrategia de Atención a 50 Municipios Prioritarios, a pesar de las pequeñas reducciones homicidas en ciudades como Tijuana y Tecate, el Estado no abandona los tres primeros lugares en cifras de asesinatos. A mediados de marzo, BC ya suma 497 asesinatos.
Hasta febrero, la entidad ocupaba el tercer lugar, antecedida por Michoacán y Guanajuato, seguidas de Estado de México, Jalisco y Chihuahua, las seis por acumular el 50% de homicidios perpetrados en el país.
“Hay una tendencia sostenida a la baja de los homicidios, durante los últimos nueve meses”, anunció el 17 de marzo, en el informe mensual, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no le alcanza. Las 110 mil 145 muertes violentas del trienio de Andrés Manuel López Obrador están 153%-por encima de los 43 mil 422 homicidios de los primeros tres años de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, superan incluso los 102 mil 856 de todo aquel sexenio.
Sus números tampoco son mejores que los de su antecesor priista, trae 38 mil cadáveres, 53% más que Enrique Peña Nieto en sus primeros tres años, y los homicidios del trienio del morenista, ya suman el 71% de los poco más de 153 asesinatos que hubo en los seis años del gobierno del priista.
Una de las razones, son las 34 mil 690 muertes violentas registradas durante el primer año del gobierno de López Obrador, que hicieron de 2019, el peor año en incidencia homicida en el país, mientras 2020 ocupó el segundo puesto. Han sido 18 malos meses, seguidos de lo que la secretaria llama nueve de “mejoría”, la cual ha sido paulatina y marginal, con la constancia apenas suficiente para hablar de lo que AMLO mencionó como “contención”.
En tres años, el promedio en la administración de López Obrador han sido 136 asesinatos por día, en el sexenio de Peña fueron 70 homicidios al día, y con Calderón promedió 50 cadáveres diarios.
LOS PRIORITARIOS
Además del número desorbitado de ejecuciones, otra característica que tiene estos seis estados, es que todos tienen ciudades incluidas en la mencionada Estrategia de los 50 Municipios Prioritarios que concentran el 48% de la violencia mortal en el país.
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, los homicidios dolosos han bajado un 10% en esas ciudades:
– 34 municipios mejoraron un 30% en promedio: Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Zamora, Michoacán; Cajeme, Sonora; Zapopan, Jalisco. Pero cada uno de estos estados se mantiene en los primeros siete lugares de inseguridad.
-13 de esos municipios empeoraron un 42% en promedio: Juárez y Chihuahua sobresalen en Chihuahua; Celaya en Guanajuato; Acapulco en Guerrero; así como Uruapan y Jacona en Michoacán. De nuevo, todos permanecen en la lista de los peores diez.
– En otros tres municipios, las estadísticas no variaron: Morelia, Morelia; Tlalnepantla, Estado de México; y Gustavo A. Madero, Estado de México.
Como ha sucedido en los sexenios anteriores, los estados están viviendo:
* El efecto cucaracha, con la violencia trasladándose a otros municipios del mismo Estado, o a ciudades cercanas en las entidades conurbadas.
* La incursión de nuevos grupos criminales en rutas del narco, controladas por otros cárteles en las entidades, principalmente operadores de Nemesio Oseguera; de los hermanos Guzmán Salazar-López, de Sinaloa; y la gente de Caro Quintero, quienes siguen expandiendo su control territorial con impunidad, sin que las fuerzas federales combatan judicialmente y de manera efectiva al crimen organizado.
Muestra de ello es que en un contexto en que el 70% de los 110 homicidios esta relacionados con drogas y delincuencia organizada, anuncian una reducción de carpetas iniciadas y judicializadas por delitos federales en la Fiscalía General de la República: 30.7% por menos en delitos contra la salud; 10% menos en delitos financieros; y 6% menos en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.
* La diversificación de las actividades de criminales ya identificados, como el tráfico de personas, la pesca de especie en peligro de extinción, el tráfico de flora endémica y la incursión violenta en actividades licitas, como el cultivo del aguacate en Michoacán, fenómenos muy conocidos y poco combatidos.
El 7 de marzo, por decimocuarta ocasión consecutiva, la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia presentó su Ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo 2021, y las localidades se repiten: Zamora, Michoacán; Ciudad Obregón, Sonora; Zacatecas; Tijuana, Rosarito y Ensenada, Baja California; Celaya, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua y Uruapan, Michoacán, ocuparon los primeros lugares. Todas están dentro de la Estrategia de Prioritarios.
En total son 18 municipios mexicanos incluidos en esta lista de 50 ciudades violentas, las otras diez zonas conurbadas con alta tasa homicida son las ya conocidas Colima Acapulco, Cuernavaca, Irapuato, León, Chihuahua Morelia, Cancún, Culiacán y Guadalajara.
Este estudio considera “conglomerados urbanos” de 300 mil o más habitantes, y por ejemplo, en el caso de Tijuana, la estadística incluye a Rosarito.
GUANAJUATO, BC Y EDOMEX, LOS MÁS VIOLENTOS
De acuerdo con la autoridad, un alto porcentaje de los muertos son resultado de la pugna criminal entre los cárteles por las plazas. Entre más grupos criminales entran a los estados, mayor es la lucha de sangre por las rutas y por la venta de droga en las calles.
Y en los estados más violentos de México, se caracterizan por la incursión violenta de más células criminales.
Según la autoridad, en Guanajuato, siete grupos delictivos se diputan el territorio: Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), Unión León, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y Cártel del Golfo.
Mientras que Baja California es el escenario de las luchas entre el Cártel Arellano Félix, CJNG -que ingresó desde 2015-, alrededor de células del Cártel de Sinaloa aliadas a Ismael “El Mayo” Zambada, distribuidas en los seis municipios, que además de disputar el territorio con los contras, protagonizan una lucha intestina, ante la reciente incursión de los hermanos Guzmán.
En el Estado de México, el conflicto es más amplio, aunque la guerrilla en las calles es encabezada por CJNG y La Familia Michoacana. También hay presencia de otros grupos como Sinaloa, El Golfo, Cártel Nuevo Imperio, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Beltrán Leyva, La Unión Tepito; 24 células criminales en total.
Las autoridades estatales, municipales y federales los tienen identificados, sin embargo, continúan delinquiendo.
NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA: ORTEGA
José Antonio Ortega, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, AC, comentó que la reducción de la que habla el Gobierno de México es real, “… pero mínima, y se ha concentrado en algunas zonas”.
Los únicos estados que no tienen violencia, dijo, son los que nunca han tenido, como Campeche, Yucatán, Querétaro y Aguascalientes, “por eso no podemos hablar de que la estrategia esté funcionando, lo que estamos viendo son nuevas formas de violencia como la mina que explotó en la parcela de un campesino en el municipio del Aguaje, en Aguililla, Michoacán, matándolo e hiriendo a su hijo en febrero pasado; o el fusilamiento de once personas en otro poblado en el mismo Estado.
“No pueden decir que ya no hay masacres, que son ‘enfrentamientos entre bandas’, levantan a las personas, las privan de la libertad, las ejecutan y las van a tirar por ahí, claro que las hay, que revisen el diccionario, y eso es lo que tenemos todos los días”, observó Ortega.
Posteriormente sugirió:
“Para que funcione una estrategia debe haber investigación, judicialización y sentencias firmes de los verdaderos responsables, pero el problema es que no hay castigo, no hay una estrategia clara de qué está haciendo la Guardia Nacional, tampoco se ve el trabajo de inteligencia de la Armada o el Ejercito. No veo al Ministerio Público del Fuero Federal actuando en coordinación con el fuero común o con las fuerzas castrenses y la Guardia (Nacional) para afinar el trabajo de investigación de los homicidios y masacres.
“Además, sigue sin revisarse la relación entre los desaparecidos y los muertos. Durante 2021, según datos oficiales se registraron 9 mil 473 desaparecidos, pero como el sistema de seguridad no tiene la obligación de informar públicamente, no sabemos si los encontraron, vivos o muertos, o si continúan ausentes”, concluyó el analista.
HOMICIDIOS CULPOSOS
De acuerdo con estadísticas, hay estados donde las personas al volante resultan más peligrosas que las armadas. Está el caso del violento Tamaulipas, que en enero de 2022, contabilizó apenas 40 asesinatos y 72 homicidios culposos -no intencionales-, 53 fueron accidentes de tránsito. En el mismo mes, Yucatán registró cuatro asesinatos y 13 muertes en accidente de tránsito; y en Tabasco quedaron tablas: 33 homicidios y 33 muertos atropellados.
Similar el caso de Sinaloa, que no hace mucho figuraba en los primeros lugares de inseguridad y, en 2021, tuvo 600 muertes dolosas y 733 culposas, de as cuales 730 fueron accidentes de tráfico, uno con otros elementos, y dos sin especificar el arma.
El ejemplo más complejo es Quintana Roo, que durante 2021 reportó 651 homicidios dolosos contra 967 culposos, de estos, once se cometieron con arma de fuego, tres con arma blanca, 46 con otro elemento y están los 274 por accidente de tránsito. Pero el problema real lo representan los 633 no especificados, que nadie cuestiona o analiza.
MÁS FUERZAS FEDERALES, MENOS RESULTADOS: RIVAS
En el informe mensual correspondiente a febrero de 2022, el General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, informó que a la fecha esta corporación tiene un estado de fuerza de 113 mil 833 elementos, de los cuales 104 mil 839 están en las 255 Coordinaciones Regionales. El 88%, que son 92 mil 258, están desplegados; y el 12 % -12 mil 581- como personal en apoyo a operaciones.
Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que con base en un estudio que presentaron a finales del año pasado, Guardia Nacional, Ejército y Marina han asegurado 60% menos de armas en esta administración, comparado con el sexenio anterior.
Adicionalmente, la Guardia Nacional sólo logra detener y poner a disposición el 1.9% del total de las personas presentadas ante un Ministerio Público a nivel nacional. Eso significa que, por cada persona detenida, se necesitan 13 guardias nacionales para entender la proporción.
Las policías estatales ponen a disposición casi el 53% de los detenidos, eso significa que se requiere de 1.1 agentes para poner a disposición a una persona. Y en las policías municipales, el porcentaje también es una a uno.
Esta comparación expone la deficiencia de los resultados de las fuerzas federales, entonces la pregunta sigue siendo: ¿Cuál es la estrategia?
Asimismo, Rivas se refirió al desplome en el número de carpetas iniciadas en la Fiscalía General de la República, “es falso que haya menos delitos, se fueron a ala baja porque nadie está investigando”.
SIN ESTRATEGIA
“El trabajo que se ha hecho durante los primeros tres años de este gobierno es integral, incluye labores de inteligencia, operatividad, proximidad, territorialización de la Guardia Nacional. Y por supuesto, la prevención y atención a las causas que originan la violencia”, leyó en su presentación del informe mensual de seguridad el 17 de marzo, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
“El seguimiento de los casos concretos bajo la política de cero impunidad y cero corrupción del Gobierno de México, estos resultados demuestran que la estrategia nacional de seguridad funciona, es la correcta y está ayudando a pacificar al país”, expuso antes de hablar de reducciones.
Para generar mayor impacto, comparó con los máximos históricos: los 3 mil 074 homicidios cometidos en los 31 días de julio de 2018, el peor mes en la historia del país, cuando Enrique Peña Nieto era Presidente, con los 2 mil 260 asesinatos registrados en los 28 días del pasado mes de febrero y se anunció una mejora del 26%.
“Pero está hablando de un mes y el más corto del año, la realidad se puede ver con las cifras totales del año anterior, que cerró con una disminución del 3.6% de víctimas respecto al año anterior, lo que no es una baja significativa si consideramos que se está comparando con el segundo peor año de la historia. Y menos, si consideramos el efecto que sí tuvo la pandemia de COVID-19, de reducir la violencia prácticamente en el resto del mundo”, argumentó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano.
“También pueden decir que en enero de 2021 tuvieron 12% muertos menos que el año pasado, pero ¿cuántos te fusilaron en Michoacán?, tienes a Zacatecas sumido en la violencia, y en lo que va de este año hemos tenido los mayores números de muertes de periodistas, de activistas de derechos humanos y de personas políticas, eso también es un indicador. Además, esas reducciones se deben a estados específicos, como Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo”, dijo.
“Cuando dicen que la estrategia está funcionando, se debería ver la reducción en todas esas ciudades y estados donde tienen mayor presencia de los federales, pero eso no está sucediendo en Zacatecas, Baja California, Colima, Michoacán y Chihuahua, entidades que ocupan los peores lugares y en cuatro de los cuales tienen un gobernador de Morena.
“Al hablar de esa reducción en homicidio, están evitando considerar que hay un aumento sustancial en la desaparición de personas, los tres primeros años de esta administración se han registrado 51 mil personas desparecidas más, a las que ya había al 30 de noviembre de 2018, es un número escandaloso. Y nada más para poner en contexto, de 1960 a 2018 teníamos registradas 40 mil personas desaparecidas. Si quieren presumir datos, entonces tienen que hablar de todos, 2021 cerró como el peor año en materia de violaciones, de narcomenudeo, en extorsiones, en feminicidios de la historia del país”, reveló.
“Entonces, el que haya menos homicidios no es garantía de que estés teniendo resultados en términos de la implementación de una política pública especifica de combate al delito, ni para decir que estamos mejor. Hay mucha gente, más personal trabajando, pero menos resultados”, expuso el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Y habló del error del Gobierno Federal, al elegir los municipios prioritarios basados en números absolutos y no en tasas. Ejemplificó con Ciudad de México, “la alcaldía más peligrosa es Cuauhtémoc, y no está dentro de los prioritarios.
“Una estrategia implica que el gobierno mete el estado de fuerza y plantea qué espera lograr, pero actualmente no está claro, no existen los planes sectoriales que deberían explicar en qué consiste, cuáles son las acciones, qué objetivo persiguen, y en cuál plazo”, concluyó Francisco Rivas.
