En abril próximo se cumplirán 13 años de que Catalino Zavala Márquez, en su calidad de diputado local, presentó al congreso un proyecto impulsado por agrupaciones periodísticas de la entidad: una “Ley de Derechos y Bienestar Social del Periodista para el Estado de Baja California”. Tal parece que no fue aprobada.
En una larga e interesante Exposición de Motivos sobresalía el primer párrafo: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, salvo las establecidas en la propia ley por cualquier medio de expresión”.
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Y mencionaba como referencia los Artículos 6 y 7 constitucional, así como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, informaba, especialmente para los ignorantes y descalificadores de periodistas: “En nuestro país y en el mundo, los periodistas cumplen una importante e indispensable función, toda vez que además de información de los aspectos relevantes de la vida nacional, y como formadores y orientadores de la opinión pública, son base fundamental de una sociedad democrática”. Nada menos.
El documento plasmaba las difíciles relaciones laborales de los periodistas con los medios a los que servía. “Además de la carencia de derechos mínimos de educación, salud y vivienda que le hagan posible una vida más próspera para ellos y sus familias”.
En los 27 artículos y 2 transitorios, se proponía formas y compromisos para mejorar la situación de los periodistas. Por ejemplo, un Fondo Mixto con aportaciones de periodistas, empresas que los contrataran y gobierno estatal, con el objetivo principal de que tuvieran seguros de vida. Y es que muchos no eran registrados en el Imss.
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El documento resultaba interesante porque exigía de autoridades y comunidad, reconocimiento a la labor del periodista comprometido con su profesión y con sus lectores. Además trataba de solventar las condiciones inequitativas (sin entrar en conflicto) con las empresas contratantes. En aquel 16 de abril del 2009, fecha del escrito, se reconocía “que en los últimos 8 años habían matado a 24 periodistas y desaparecido 8”. ¿Por qué no se aprobó esta Ley? Seguramente que Catalino, actual secretario general de Gobierno, tiene mayor información.
Hoy especialmente, se requiere de todos los programas que protejan la actividad de los periodistas. En los últimos 3 años han asesinado a 28 (según Artículo 19). Más los colegas de Baja California: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. En el Proyecto de Ley que hemos mencionado, sobresalía la principal causa de estas mortales agresiones: impunidad. Sigue siendo la impunidad una gran causa que impide se castigue a los asesinos. Y el problema viene de años atrás. La presión del gremio y de la sociedad en general deberá tener éxito para que, en los casos de Lourdes y Margarito, se haga justicia.
Nota 1.- La buena noticia es que Pedro Salmerón no será embajador en Panamá. La mala es que irá Jesusa Rodríguez. Ojalá haga gran esfuerzo y se comporte. Pues no es lo mismo un país que la Cámara de Senadores.
Nota 2.- Las playas se están convirtiendo en “viviendas” de los migrantes. Y la autoridad lo permite.
Nota 3.- Cuídese, no abandone el cubre boca. Hospitales saturados.
Luz Elena Picos es directora de Red Social de Tijuana.
Correo electrónico: redsocialtijuana@hotmail.com
