Más de 34 mil 500 habitantes viven en zona de alto riesgo en Los Cabos, donde se venden predios irregulares con valores desde 120 mil hasta 400 mil pesos
Una nueva invasión surge en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos en Baja California Sur. Se trata de Valle del Cabo Bajo, ubicada en el cauce del Arroyo Salto Seco y que ya está a la venta por líderes que controlan estos terrenos irregulares.
Habitantes de Valle del Cabo, colonia contigua, denunciaron a ZETA la presencia de familias en zonas de alto riesgo, presuntamente acarreadas por un familiar del séptimo regidor de Los Cabos, José Catarino Flores Castro.
“Ya están desmontando los terrenos, están en pleno cauce de arroyo, han estado limpiando los terrenos y es zona federal, están quemando la basura y la autoridad competente no hace acto de presencia”, señala la denuncia colectiva de los vecinos.
Los denunciantes mostraron evidencia del desmonte que están haciendo en el lugar, donde se aprecia a hombres trabajando y columnas de humo, resultado de la quema de basura, una práctica común de los invasores.
ZETA verificó que los terrenos se encuentran en un arroyo y las casas en su mayoría están construidas de madera y cartón, en total desorden. Los predios recién desmontados están delimitados por palos de madera enterrados con una piola de color azul que enmarca los linderos de los lotes.
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A continuación, la entrevista sostenida con el reportero de este Semanario, con una de las personas encargadas de la invasión en Valle del Cabo Bajo:
Reportero: Ando preguntando por los terrenos.
Vendedor: ¿Quiere comprar terreno?
Reportero: A cuánto los dan, oiga.
Vendedor: Ahí los estaban vendiendo en 275, son de 8×20, y creo que de contado los estaban dando en 120.
Reportero: No pues no están caros. ¿Es el Arroyo Salto Seco?
Vendedor: Aquí no, aquí es Valle del Cabo Bajo.
Reportero: Y los 275 son mensuales o semanales.
Vendedor: Das 2 mil 500 mensuales y es un enganche de 25 mil pesos.
Reportero: ¿Son esos de ahí, nada más?
Vendedor: También los de acá, lo acaban de desmontar apenas.
El encargado reveló que los terrenos en zona de riesgo son vendidos a precios exagerados: al contado por 120 mil pesos y a crédito en 275 mil, con enganche de 25 mil pesos, una verdadera estafa para las familias, ya que en algún momento serán evacuadas del sitio.
ZETA también buscó a uno de los encargados de la venta, el “Licenciado Mario” -identificado como Mario Chávez- y reveló lo siguiente a uno de los clientes que grabó la conversación y la hizo llegar a este Semanario, que en un inicio se vio impedido en obtener más información.
Comprador 2: Nosotros andamos viendo para comprar terreno nosotros, me dijeron que los tiene en 120 de contado o 275 de crédito, lo que tenemos la duda es si los pagos son semanales o mensuales.
Lic. Mario Chávez: De 275 ya no hay de ese precio, ya incrementaron.
Comprador 2: A 275 están, eso me dijo, ¿no?
Lic. Mario Chávez: Sí. ¿Tú no eres uno que traía unas compras en Caribe Bajo?
Comprador 2: No. Yo quiero terrenos para un familiar que viene de fuera.
Lic. Mario Chávez: Ah usted se constituyó en el lugar y le dieron mi teléfono. ¿Usted quiere de esa área?
Comprador 2: Pues me dijeron que ahí estaban vendiendo, por esa zona.
Sin embargo, cuando la conversación se tornó interesante para el líder vendedor de lotes en zona de riesgo, accedió a ofrecer la venta no sólo en Valle del Cabo Bajo, sino en otro punto que se conoce como Altos de Miranda, al otro lado del arroyo.
Durante la tormenta tropical “Lidia” (2017) la zona estuvo habitada por invasiones, hoy de nuevo se empieza a poblar, pero ahí los predios irregulares valen 400 mil pesos.
Lic. Mario Chávez: ¿Cuántos lotes quiere?
Comprador 2: Ahorita por lo menos uno de 8×20.
Lic. Mario Chávez: El día de mañana le voy a hacer las medidas exactas y de cuántos cuadrados son, el costo, las medidas y mensualidades, ¿Qué le parece?, para tener con exactitud todo si quiere adquirir un terreno.
Comprador 2: Okey, muy bien.
Lic. Mario Chávez: Le ayudo cualquier cosa, y si hay otro, le hacemos el planteamiento. Nosotros acabamos de agarrar tres parcelas, en Altos de Miranda en 16 de enganche y 160 de contado, pero ya se acabaron hace unos 15 días; y en 400 mil de crédito y 2 mil 500 mensuales.
Comprador 2: ¿De 275 ya no tiene? Es que 400 es muy caro.
Lic. Mario Chávez: Si a usted le interesa en Valle del Cabo, mañana le hago el planteamiento y le digo “hay en esa parte, hay en ese precio” y nos vemos cualquier día.
Comprador 2: Por mi trabajo se me dificulta.
Lic. Mario Chávez: Hacemos la agenda, le marco el punto y le mando fotos, y ya nos ponemos de acuerdo. Su familiar, no sé cuánto es el valor que anda buscando, para buscarle uno accesible de 200 para arriba, más o menos, vamos viendo, y si hay una postura de ese precio, ahí mismo vamos viendo.
LA SOMBRA DE LAS INVASIONES
Actualmente en Los Cabos existen alrededor de 35 mil personas que habitan en zonas de riesgo, gran parte en invasiones provocadas por líderes que utilizan a las familias para invadir terrenos de particulares, o en este caso, terrenos federales en zonas de alto riesgo.
José Catarino Flores Castro ha sido identificado como uno de los líderes que ha provocado invasiones en el municipio, su líder moral es el ex gobernador y asesor del Gobierno del Estado, Narciso Agúndez Montaño del Grupo Los Cabos, quien ha sido denunciado por dedicarse a la invasión de predios.
“Nuestro líder moral y amigo Ing. Narciso Agúndez Montaño. Me llena de alegría, ya que es un ser humano admirado, respetado y apreciado por muchos de nosotros”, externó Catarino Flores en redes sociales.
En mayo de 2020, el regidor fue detenido por ultrajes a la autoridad junto con siete individuos, entre ellos su hermana y un sobrino; además, por despojo y lo que resulte, y se presume, estuvo detenido en 2017 por invadir terrenos.
En diciembre de 2016, la Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva trató de notificar al líder invasor en el domicilio ubicado en Avenida Leona Vicario, Manzana 84, Lote 03 de la colonia Lomas del Sol tercera etapa en Cabo San Lucas, pero le fue imposible.
La dependencia del Gobierno del Estado trató de hacer contacto con Flores vía mandamiento de ejecución federal SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1338/2017. Una vez que se revisó, se pudo comprobar que se trataba de un crédito fiscal que obedece a una sanción de índole federal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió el crédito fiscal por un millón 351 mil 240 pesos a través del oficio PFPA/10.3/2C.27.2/0046-16, y según especialistas de la institución, “se debe al desmonte de muchas hectáreas, es la razón que justifica una multa tan alta”.
El crédito fiscal fue identificado con el número económico 11-29484/17, con el concepto de “multa administrativa federal no fiscal, impuesto por la Profepa emitido el 18 de mayo de 2017”.
Durante años, Grupo Los Cabos se ha dedicado a invadir tierras de particulares y del Gobierno Federal por tratarse de zonas de alto riesgo, y justo hace algunos días, uno de los líderes de dicho grupo fue nombrado titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal -anteriormente conocida como Comisión Nacional Forestal, Conafor-, encargada de definir el uso del suelo forestal.
“Él puede decir que se puede utilizar para vivienda o para proyectos cierto suelo forestal, pero no puede determinarlo por sí solo, ahora hay un consejo conformado por Profepa, la Conafor y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), así que de nada sirve ese alfil colocado en beneficio de invasiones. Además, la Ley dice que si un suelo forestal fue quemado, deben pasar veinte años para poder ser habitado, tenemos que ser vigilantes para que no vaya a favorecer invasiones y proyectos”, advirtió un especialista ambiental.
Cabe aclarar que el cambio de uso de suelo no puede ser aprobado por una sola persona, sino por un consejo interinstitucional.
AUTORIDADES CONOCEN EL PROBLEMA… Y LO IGNORAN
El Gobierno del Estado está al tanto de las invasiones, saben cómo se producen y quiénes son los responsables, pero no hacen nada para solucionarlo. Tienen pleno conocimiento de que hay líderes que regresan a las áreas evacuadas cuando se presenta algún fenómeno ambiental que pone a los habitantes en riesgo.
“Es el problema que hay, efectivamente, pasó (ciclón tropical), tú los retiras con la Ley (Seguridad Pública) o con las personas de hacer un servicio de la Policía, pero vas otro día y ya están instalados. Este tipo de personas están siempre liderados por alguna que se aprovecha de la situación, y le sacan algún provecho a ese reacomodo; son personas líderes que han estado constantemente haciendo ese tipo de invasión”, explicó a ZETA Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil estatal.
Por décadas, Grupo Los Cabos ha utilizado las invasiones como capital político, les prometen que regularizarán la tenencia de la tierra, pero dicho trámite no tiene sustento legal.
“Ellos, los que están llegando, en este caso de otros estados a Los Cabos, lo que quieren es dónde dormir, dónde estar, y si piensan quedarse ahí, ¿pues dónde estará su casa? Siempre hay personas que lideran, y pienso que hay un interés personal”, opinó García Meza.
Los Cabos es el sitio donde más familias vulnerables existen, entre la zona de San José del Cabo y Cabo San Lucas hay 34 mil 500 habitantes en riesgo, incluso el Gobierno del Estado reconoce que la cifra debe ser mayor en estos primeros meses de administración.
“Son 34 mil 500, yo hablaba de 35 mil porque es un proceso, se manejó en el año pasado este número, ahorita hablo yo de 35 (mil), por aquello de que hayan nacido nuevas personas que tomaron algunos terrenos sobre zona de riesgo”, manifestó el funcionario estatal.
Las familias que ZETA pudo identificar en la zona de Valle del Cabo Bajo se encuentran asentadas en medio del cauce o escurrimientos del Arroyo Salto Seco, sin embargo, hay más que se ubican en las orillas del cauce, aproximadamente de 5 a 10 metros de dicho punto.
Bertha Brito, vecina de la invasión, se muestra preocupada, ya que además de los diablitos para obtener energía eléctrica de manera ilegal, hay tomas clandestinas de agua y eso les perjudica: “Hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a atender, son las que están en la Escuela ‘Juan Inés de la Cruz’, en la entrada de Valle del Cabo, toda la parte que es la baja; así están las tomas, un tiradero de agua. Estas son las tomas y la tirazón de agua”.
Por su parte, Ismael Rodríguez Piña, director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, externó que se trabaja para llevar agua a los cabeños, sobre todo a aquellas comunidades que no cuentan con el servicio, pero esto será a través de pipas.
“Veinticinco mil familias de Cabo San Lucas se beneficiarán con la operatividad del Pozo Estrella y Pozo Tule, que produce 40 litros por segundo y se conectarán a la red hidráulica. El Pozo Estrella, para poder cargar con pipas el servicio de agua potable, en lo que seguimos con la segunda etapa de interconexión, para agregar estos litros por segundo de este pozo; y Pozo El Tule, al acueducto, y tener la oportunidad de garantizar un servicio mejor para los ciudadanos de Cabo San Lucas”, afirmó Rodríguez Piña.
LOS CABOS EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Según Erasmo Castañeda Álvarez, director de Asentamientos Humanos de Los Cabos, se está trabajando por instrucciones del alcalde Óscar Leggs para corregir el rezago en cuanto a la regularización de terrenos, pero sólo se hace con familias que soliciten un lote al Ayuntamiento.
“Tenemos un registro de las peticiones que se han hecho al Ayuntamiento, alrededor de 360 de madres solteras y personas que han venido a solicitar un lote para vivir. Ese es el registro que hemos capturado en el registro administrativo de la administración anterior, y es lo que tenemos, nada más”, lanzó.
Se requiere de una gran reserva territorial para terminar con la demanda de lotes regulares y sacar a las más de 34 mil 500 personas que actualmente viven en zonas de alto riesgo, esfuerzo que debe provenir de los tres órdenes de gobierno.
El primer paso es la adquisición de terreno para la legalización de lotes familiares, pero también se necesitan obras de encauzamiento por parte del Gobierno Federal y gestiones del estatal.
“No es tanta la reserva territorial que se necesita, es sólo la gente que se ha acercado a solicitar al Ayuntamiento, pero al abrir el abanico de las necesidades de la ciudadanía, naturalmente será mucho mayor el dato. En un promedio de 50 hectáreas, puedes lograr hasta mil 500 lotes, de los lotes regulares que la Ley permite, de 160 metros cuadrados; en ese dato nos podemos basar para trazar necesidades”, comentó el titular de Asentamientos Humanos.
Para concluir, indicó que el Ayuntamiento de Los Cabos requiere de terrenos disponibles para empezar con el trazo de lotes para las familias más necesitadas, “lo único que hacemos es medir la tierra, hacer el levantamiento topográfico, darle certeza a la tenencia de la tierra bajo la certificación y la titulación, pero hasta ahí llegan nuestras atribuciones, porque es la dotación de propiedad competencia ahora reciente del gobierno, llámese Sindicatura, Presidencia Municipal o el cuerpo del Cabildo; nosotros nada más somos el brazo ejecutor”.
