Un hombre de 82 años pidió auxilio a un Juzgado porque en el Penal de San Miguel no le atendían y temía por su vida; finalmente, falleció; organismos de derechos humanos exigen se investigue la presunta negligencia. Otros once internos vulnerables también solicitan la intervención del juez
Continúan las pifias en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla, donde semanas atrás fue localizado el cadáver de un bebé en el bote de la basura. Ahora, un hombre de la tercera edad que solicitaba atención médica de urgencia, murió a falta de la misma.
El interno Porfirio Arroyo Pelcastre, de 82 años, falleció este fin de semana al interior del penal ubicado ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera Camino al Batán, de la junta auxiliar Lomas de San Miguel en Puebla. La causa de su deceso fue reportada por “enfermedad”.
Sin embargo, familiares informaron que desde hace tiempo Porfirio venía solicitando asistencia médica sin obtener respuesta alguna de las autoridades carcelarias, lo que motivó que a finales de enero se presentara un escrito ante un Juez del fuero común para ponerle en antecedentes de su precario estado de salud.
El documento presentado a nombre de Arroyo Pelcastre advierte al juzgador, en el expediente que fue radicado bajo número 004/2022-Capital, “vengo a solicitar a usted, se exhorte a la autoridad penitenciara, para que me proporcione atención médica, ya que ha sido omisa en ello”.
Y agregaba en su petición al juez: “requiera al C. Director del Centro Penitenciario donde me encuentro recluido desde hace 25 años, para que me proporcione atención la médica urgente ya que padezco de hipertensión, asimismo, casi no puedo caminar favorablemente ya que tengo desgastados los cartílagos de las rodillas”.
Publicidad
__
“Lo cual ante evidente falta de atención, no tengo mucho movimiento pues cada vez tengo más dolor, lo cual de no atenderse de manera expedita, se me complicaría mi estado de salud, llevándome a perder la movilidad o hasta la vida, motivo por lo cual acudo por este medio, por ser un derecho humano contemplado a mi favor en la constitución y Tratados Internacionales”, destacaba el interno hoy fallecido.
Entre los trámites burocráticos y la respuesta de las autoridades del penal de San Miguel, que ahora encabeza la directora María del Rayo Mendoza Farfán, “lavándose las manos” de que no tenían ninguna petición por escrito de parte del recluso, el sábado último se comunicó su muerte.
Junto con la solicitud de atención médica de Porfirio Arroyo se presentaron simultáneamente otras diez, de manera individual, solicitando garantías ante la vulnerabilidad de ese sector de la población (edad avanzada) a quien aquejan graves padecimientos.
Las otras peticiones fueron por Gerardo Montes Sánchez, Agustín Jorge Vázquez Flores, Isidro Galindo Monurca, Fortino Melo Carmona, Herasmo Morales Ramales, Buenaventura Ortiz Rojas, Antonio Escudero Santiago, José Luis Ruiz Murrieta, José Pablo Martínez García, Lorenzo Méndez Hernández y Tirzo Zúñiga Vargas, que también requieren atención de urgencia.
Porfirio Arroyo Pelcastre, el interno fallecido, se encontraba privado de la libertad desde 1997 cuando ingresó al penal poblano acusado y sentenciado condenatoriamente por un doble homicidio y secuestro. Organismos de derechos humanos exigen una investigación por la aparente negligencia en la muerte del reo.
El Centro de Reinserción Social de San Miguel quedó en el “ojo del huracán” a partir de que en los primeros días del año fue localizado el cadáver de un bebé en uno de los botes de basura del penal. El bebé, que llevó por nombre Tadeo, fue exhumado de un panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, e introducido a esa cárcel.
Las autoridades continúan las investigaciones del hallazgo y de qué fue lo que realmente sucedió, así como los motivos para ingresar el cadáver del lactante, motivo por el cual, el encargado de la dirección y otros 20 servidores públicos fueron detenidos imputados por diversos delitos.
