La muerte de Keren Vallejo Castro, de 31 años de edad y educadora de la guardería Bambinos, cimbró a Mexicali, sobre todo al personal de la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la tarde del domingo 30 de enero de 2022, recibió a la mujer en labor de parto. Keren falleció por pérdida de sangre, pero la información sesgada y contradictoria que proporcionó el personal de salud, causó sospechas en la familia, que decidió denunciar a la institución. De 2021 a la fecha se ha denunciado a 32 médicos por posibles prácticas negligentes, en las cuales tres personas perdieron la vida
La palabra para describir lo ocurrido con el caso de Keren Vallejo Castro, es desastre.
La tarde-noche del 31 de enero, el alumbramiento de su segundo hijo se convirtió en una tragedia cuando una complicación en su cesárea acabó con su vida, dejando a su esposo Michael Cortés y a sus dos pequeños -uno de ellos el recién nacido- en el desamparo y con una agonía que ninguna reparación del daño va a poder remover.
La Capital bajacaliforniana compartió la indignación e incitó a movilizaciones públicas proyectadas para el próximo 21 de febrero por el caso Keren Vallejo, cuyo deceso ocurrió en las instalaciones del área de choque de la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a una presunta mala práctica médica en el edificio que alberga la Clínica 31, dividido uno y otro por una vialidad.
Ambos nosocomios se encuentran ubicados en el corazón de la colonia Nueva de Mexicali, donde reside la clase acomodada antigua de Mexicali, pero Keren y su esposo, originarios de Tepic, Nayarit, no forman parte de este sector económico. Ellos residen en la colonia Xochicali, una comunidad humilde ubicada al Sur de la ciudad.
Michael Cortés narró a diversos medios de comunicación la serie de versiones encontradas que le dieron sobre la situación de salud de su mujer, pues inicialmente le plantearon que no tuvo problemas en la intervención, pero el buen mensaje médico se convirtió en tragedia cuando Keren presentó complicaciones que obligaron a su traslado a la sala de urgencias del hospital contiguo, donde finalmente falleció a causa de un choque hipovolémico, es decir, una hemorragia, según el certificado de defunción expedido por Alejandro Vizcaíno García, médico de la Clínica 30 del IMSS.
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Según la información establecida en las declaraciones de médicos y enfermeros que atendieron el caso, Keren habría derramado alrededor de 2 mil mililitros de sangre. La pérdida hemática es una de las causas más comunes en las muertes maternas, según el Manual de Lineamientos de Muertes Maternas de la Secretaría de Salud, representando el 15 por ciento de los casos.
Aunque la delegada regional del IMSS, Desiré Sagarnaga Durante, salió ante los medios de comunicación junto con todo su equipo para defender el trabajo de su personal, sus respuestas resultaron insuficientes y la presión pública provocó que la directora y subdirectora del Hospital de Gineco Pediatría renunciaran al cargo, en tanto se lleven a cabo las investigaciones. El IMSS se negó a proporcionar el nombre de ambas, pero por medio del expediente judicial se pudo establecer que la titular lleva por nombre Mara Elena Olúa Solís.
LAS INCONSISTENCIAS EN EL CASO KEREN
Keren Vallejo Castro tenía 40 semanas de embarazo. Cumplió con todas las citas médicas y su segundo parto se perfilaba a no presentar mayores alteraciones.
La noche del 31 de enero, en la clínica del IMSS donde recibió atención médica, fue recibida con algunas complicaciones. A diferencia de otros casos, los embarazos y el riesgo de una muerte materna -en teoría- reciben una atención especial por parte del sector salud, por lo que rápidamente fue recibida para la intervención de urgencia poco después de las 17:30 horas.
Al concluir la operación, Michael Cortés comentó que recibió la noticia de que no hubo mayores complicaciones y que Keren se encontraba normal. Horas después se le dijo que su situación se había complicado y requirió un traslado a la Clínica 30, donde falleció poco después de las 22:00 horas.
En un principio, a Michael se le dijo que su esposa sería trasladada a la Clínica 30 porque sufrió baja presión y se le afirmó que se le hizo un ultrasonido, el cual confirmó que no presentaba sangrado, lo que se contrapone con el certificado de defunción oficial del IMSS.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no concretó la investigación porque tuvo que turnarla a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de una posible responsabilidad de funcionarios públicos, pero en las declaraciones recabadas y la documentación que proporcionó el hospital -en poder de ZETA– se pudo establecer quienes recibieron y brindaron atención a Keren fueron la doctora Myrna Xazny Isla Arias, especialista en ginecología y obstetricia; la anestesióloga Reyna Guadalupe Machuca Huerta, además de otro médico interno de pregrado de apellido Rodríguez, los cuales tuvieron el apoyo de los enfermeros César Medina y otra enfermera circulante de apellido Valenzuela.
En una de las fichas en poder de este Semanario, se establece que el infante nació de 52 centímetros y con un peso de 4.060 kilogramos, otorgando en ambos un pronóstico positivo para la vida.
En el apartado de “riesgos”, el mismo formulario refiere que existe la posibilidad de un “sangrado transoperatorio y postoperatorio, hematoma, infección del sitio quirúrgico, disrupción de órganos vecinos, sepsis, muerte”.
Respecto a la valoración para llevar a cabo la cesárea, refieren que “por tener el angulo subpúvico rectificado del vertice subpubico disminuido que impide expulsion del producto y trabajo de parto en fase latente con 4cm de dilatacion se decide pasar a cesarea para interrupción del embarazo” (sic). Al final, el infante no tuvo mayores complicaciones, pero Keren nunca pudo recuperarse de la intervención.
En todas las valoraciones refieren que la paciente presenta un ligero sangrado, pero que se encuentra estable, salvo por un problema de baja presión. Aunque en un video hecho público por la familia donde graban con cámara oculta a la anestesióloga, refiere que le hicieron un ultrasonido y no se encontraron huellas de sangre, la realidad es que en los informes a los que ZETA tuvo acceso, en ningún momento refieren llevar a cabo dicho procedimiento.
Fuentes dentro del mismo IMSS sugieren que los especialistas que atendieron el caso -salvo la anestesióloga- se retiraron del lugar apenas terminaron la intervención. Los becarios y médicos practicantes quedaron encargados de su atención y notaron un comportamiento atípico y posteriormente complicaciones en su salud; por no contar con una formación profesional completa, no se les puede imputar el caso, pues debería haber una especialista responsable.
En uno de los testimonios informales, detectives que atendieron el caso comentaron que trabajadores dicen “que en la noche el IMSS es tierra de nadie”, intentando justificar lo ocurrido y haciendo referencia a que no cuentan con el personal para atender urgencias a ciertas horas.
En los apuntes a mano -que también trabajadores del IMSS consideraron atípicos-, se sugiere que intentaron nuevamente ingresarla al quirófano, pero optaron por trasladarla a la Clínica 30, donde contaban con especialistas para tratar la emergencia.
El doctor Adrián Antonio Muñoz Solís la recibió al filo de las 21:35 horas en las instalaciones de la Clínica 30, declarándola sin vida 35 minutos después; pese a sus esfuerzos, nada pudo hacer para salvarla. Murió desangrada.
AÚN SE PUEDE INVESTIGAR POSIBLE NEGLIGENCIA: ESPECIALISTA
Los problemas surgieron cuando se le dijo a Michael Cortés que las complicaciones de su esposa pudieron originarse por la anestesia, pero cuando recibió el certificado de defunción de la Clínica 30 se dio cuenta que se estableció un choque hipovolémico hemorrágico.
Aprovechándose de su situación vulnerable -sugirió Michael-, los médicos lo convencieron para que firmara el permiso de autopsia clínica, el cual consintió, pero tras recibir la información del certificado, acudió a las instalaciones de la FGE para presentar una querella por negligencia médica.
Al día siguiente, policías y Ministerio Público se apersonaron a las instalaciones del IMSS para requerir el cadáver de Keren, pues se llevaría a cabo una autopsia médico-legal.
Trabajadores de la institución entregaron el cuerpo, pero no indicaron que los restos no tenían ya los órganos, pues de forma extraordinariamente rápida, decidieron extraerlos y conservarlos en formol para su evaluación.
El escándalo se generó cuando el director del Servicio Médico Forense, César Raúl González Vaca, confirmó lo expresado por la familia, al referir que el cuerpo les fue entregado sin órganos, y, por lo tanto, no se podía determinar la causa de muerte ni una revisión de la sangre.
En conferencia de prensa realizada el 3 de febrero, la delegada regional del IMSS refirió que la institución tiene facultades para realizar autopsias clínicas cuando la familia lo autoriza, sobre todo por tratarse de una muerte materna y criticó a la FGE por haberse llevado el cuerpo de forma abrupta, lo que provocó la entrega sin órganos. Hasta el día siguiente, los órganos de Keren fueron trasladados a la morgue en dos cubetas y un recipiente de plástico.
Agregó que se había iniciado una investigación contra cinco o seis trabajadores del IMSS para determinar su probable responsabilidad en un acto negligente. Sus respuestas no tranquilizaron a la familia, quienes preparan una manifestación en las instalaciones de dicha clínica para el próximo 21 de febrero.
Aunque la especulación sugirió que pudiera tratarse de un tema de tráfico de órganos, esto se considera poco probable, pues según lo referido por Rubén Barragán Tejada, perito especialista certificado en negligencias médicas con 40 años de experiencia, afirmó que el procedimiento realizado por el IMSS es perfectamente normal, y que en la falta de comunicación es obvio que pudiera generarse un problema de esta naturaleza.
Agregó que el uso de formol y la extracción total de los órganos es parte de la autopsia clínica. Sin embargo, en su opinión, la negligencia médica no recae exclusivamente en el procedimiento quirúrgico, sino en el manejo previo y posterior de la atención a la víctima.
“SÍ el médico dice que tuvo una pérdida de tal cantidad (de sangre) e inmediatamente requiere una atención sanguínea, y eso debe ser, no le pusieron transfusión sanguínea, qué cantidad de sangre, un choque hipovolémico. En el expediente clínico es importante revisar y saber todo lo que le hicieron. En lo general, el equipo médico, enfermeros, anestesiólogos, se protegen entre ellos sí ellos detectan una mala práctica”, subrayó.
En primer lugar, se debe determinar al responsable del equipo de la cirugía, quien lleva a cabo las anotaciones de lo que se hizo y las incidencias; después a los ayudantes que trabajaron en el caso.
Barragán Tejada dijo que la negligencia médica debe buscarse en todo el procedimiento alrededor de la intervención quirúrgica para determinar si hubo irregularidades. Del mismo modo, advirtió a la ciudadanía no firmar un consentimiento para llevar a cabo una autopsia clínica en el mismo hospital donde se dio la intervención, toda vez que se buscará ocultar rastros de una posible negligencia.
“No permitan una autopsia clínica, si dudan sobre una negligencia, hagan su denuncia”, refirió el especialista, agregando que tal conducta debe mantenerse independientemente del nosocomio donde se lleve a cabo la intervención.
URGE DEFINIR CATÁLOGO DE DELITOS DE MÉDICOS: ELÍAS FLORES GALLEGOS
Durante 2021, la FGE recibió 29 denuncias contra profesionales de la salud por malas prácticas en Mexicali, de las cuales dos culminaron en el deceso de personas. Este año que apenas comienza ya se recibieron tres querellas, pero sólo una ha sido turnada ante las autoridades federales.
El abogado Elías Flores Gallegos -quien ya representó a una familia en un caso similar- criticó la falta de una legislación que permita castigar a los profesionales de la salud cuando cometen malas prácticas.
Y es que, aseguró, Baja California tiene un Código Penal que no contempla mecanismos para sancionar la práctica médica y tampoco se cuenta con especialistas independientes que revisen el actuar de médicos y especialistas, toda vez que instituciones como la Comisión de Arbitraje Médico (CAM) son instituciones cuya única función es solapar a sus compañeros.
En el caso particular de Keren, afirmó que no existe certeza de que dichos órganos correspondan a la víctima, pues pudieron ser cambiados para ocultar un acto negligente.
La evaluación Responsabilidad de los Profesionales de la Salud, a cargo del Congreso de la Unión, establece que Baja California cuenta con un apartado dentro de su Código Penal, donde se identifica la responsabilidad médica y técnica. Sin embargo, la entidad cuenta con las penas más reducidas en caso de una sanción por el ejercicio profesional, que van de un mes hasta dos años de inhabilitación.
El texto, disponible para su consulta en internet, sugiere que de los más de 30 delitos que se consideran a nivel nacional cometidos por profesionales de la salud, sólo cuatro están tipificados en la legislación local: la responsabilidad médica y técnica; la responsabilidad de daños indebidos; abandono injustificado y la sustitución de medicamentos.
Esto quiere decir que actos como el diagnóstico inapropiado al padecimiento, exploración ginecológica con motivos deshonestos, negar la prestación de servicios en notoria urgencia, ostentarse con una especialidad no validada legalmente, simular una intervención quirúrgica, realizar una intervención quirúrgica innecesaria, e incluso una sanción penal ante la mala práctica, no obran dentro del Código Penal de Baja California.
De acuerdo con el abogado, el hecho resulta peligroso, ya que el gobierno de Baja California es uno de los principales promotores del turismo médico, apoyando a estos profesionales para que obtengan enormes dividendos de pacientes estadounidenses y canadienses que la legislación estatal no protege ni les garantiza sanciones en caso de prácticas incorrectas del sector salud público o privado.
