El 26 de noviembre de 2007, a través de la resolución A/RES/62/10, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración del Día Mundial de la Justicia Social el 20 de febrero de cada año; en esta reconoce que el desarrollo y la justicia sociales son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad, que es necesario erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad y el acceso al bienestar. Para la celebración de este día las Naciones Unidas invitan a promover actividades que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
La referida Cumbre establece, entre otros, los siguientes objetivos:
*Poner al ser humano en el centro del desarrollo y orientar la economía para satisfacer más eficazmente las necesidades humanas.
*Promover la democracia, la dignidad humana, la justicia social y la solidaridad; velar por la tolerancia, la eliminación de la violencia, el pluralismo y la no discriminación.
*Promover la distribución equitativa de los ingresos y un mayor acceso a los recursos mediante la equidad y la igualdad de oportunidades.
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*Asegurar que las personas y los grupos de atención prioritaria estén incluidos en el desarrollo social.
*Poner de relieve la importancia del buen gobierno y de la administración transparente y responsable en todas las instituciones.
La justicia social es un gran tema de derechos humanos, se concibe dentro de la igualdad de oportunidades más allá del concepto tradicional de justicia legal; por tanto, busca el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Para ello, ésta protege los derechos a la educación, libertad de pensamiento, religión y de expresión, vivienda, igualdad, seguridad y certeza jurídica, no discriminación, salud, alimentación, trabajo y cultura; en consecuencia, la justicia social es una expresión que agrupa, al menos, tres principios constitucionales que deben ser garantizados por parte de las instituciones: el Estado de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades.
La académica Nancy Fraser establece que la justicia social tiene que contemplar dos dimensiones de injusticias: La distributiva, que atañe a desigualdades socioeconómicas arraigadas en la estructura económica-política; y la de reconocimiento, que atañe a desigualdades culturales arraigadas en los modelos sociales.
Uno de los mayores retos que enfrentamos para lograr la justicia social, es el atender la desigualdad histórica de los grupos que hemos llamado vulnerables y que hoy han de ser entendidos como de atención prioritaria sin caer en políticas asistencialistas; estos grupos, debido a las injusticias socioeconómicas y culturales, necesitan de una atención especial, urgente y diferenciada para gozar de sus derechos en las mismas condiciones que el resto de las personas.
Como sociedad necesitamos del progreso y la justicia social, sin que las diferencias entre las personas sean un factor de riesgo para la exclusión, la discriminación o la desventaja, social, laboral o educativa, sino más bien, una oportunidad en la diversidad.
Para el logro de la justicia social, existen diecisiete objetivos específicos a nivel internacional: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamado a toda la comunidad internacional para adoptar medidas concretas con el propósito de erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad; garantizar el acceso a la salud, la educación, agua y saneamiento, trabajo decente e igualdad de género; proteger el medio ambiente, promoviendo energía no contaminante, un desarrollo industrial y consumo responsables, y una mejor calidad de vida en ciudades sostenibles. Todo lo anterior dentro del marco de un Estado de derecho que asegure la paz y la justicia, y la cooperación internacional.
La anhelada paz social, un derecho de las personas, no se logra sin la justicia social y esta interdependencia como característica de los derechos humanos nos lleva a adoptar una visión más amplia de los problemas que obstaculizan lograr ambos derechos; pero también de las estrategias para su consecución, en las cuales los gobiernos y las sociedades han de comprometerse y avanzar con corresponsabilidad.
Promover la justicia social en mi querido país fue la primera meta que me llevó a trabajar desde una trinchera no gubernamental para lograr los cambios que se vislumbraban urgentes ya desde hace tres décadas. Y una vez defensora, siempre defensora de derechos y promotora de paz y justicia social.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
