En 2019, la célula de narcotraficantes de “Los Viagra” en Michoacán, decidió talar áreas protegidas para sembrar y tratar de apoderarse de la producción e industria de exportación del aguacate- valuada en 350 millones de dólares-, esa fue una de las tantas acciones violentas de los criminales, más denunciadas públicamente respecto al tema.
A principios de febrero de 2022, uno de los 30 inspectores encargados de supervisar las exportaciones, recibió una llamada amenazante a su celular, y el día 11, el gobierno de Estado Unidos suspendió temporalmente el cruce del aguacate, hasta que se garantizara la seguridad se sus empleados.
El 14 de febrero, Michoacán contabilizó 23 asesinatos en un solo día y, el día 16, ciudadanos de Caborca, Sonora, reportaron haber vivido una noche de terror, porque durante seis horas, hombres con armas largas y en camionetas realizaron balaceras, recorrieron casas, tumbaron puertas y privaron de la libertad a varias personas, antes que las autoridades reaccionaran.
En la colonia Juárez de Pénjamo, Guanajuato, el 17 de febrero se anunció que elementos del Ejército que patrullaban la zona fueron atacados a balzos y una patrulla fue incendiada.
Decenas de familias que residían en Palmas Altas en Jerez, Zacatecas, fueron escoltados por el Ejército el pasado fin de semana, desplazados ante el dominio de los grupos criminales.
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La noche del sábado 19, Paula Ruiz fue asesinada em San Cristóbal de las Casas, al tratar de impedir que ladrones se llevaran la moto de su hijo, quitándole la vida al mismo tiempo que ella tomaba una imagen de los delincuentes.
Y cómo olvidar la mañana del 6 de enero, cuando diez cadáveres torturados fueron dejados en una camioneta frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas.
Aunque en algunos de estos casos ya hay detenidos, el tema es que estos hechos violentos y centenares más sucedieron mientras el Gobierno Federal habla de mejoría.
Con 2 mil 427 homicidios violentos, 78 asesinatos por día, enero de 2022 se convirtió en el mes menos violento, en los más de tres años de administración de Andrés Manuel López Obrador. Y aun con esa tremenda cantidad de cadáveres, no se limitaron para echar campanas al vuelo.
Incluso el 23 de febrero, en la carta enviada por Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al llamado de atención hecho por la violencia homicida contra periodistas al secretario de Estado en la Unión Americana, Antony John Blinken, también publicitó “la nueva estrategia de seguridad”, que ha resultado por primera vez en una tendencia a la baja en los delitos, “incluyendo los homicidios”. Evidentemente no se mencionó el incremento de 28% en violaciones y en extorsiones, y del 12% en robos a persona y en transporte público.
Pero batir los tambores por ese 3.6% menos de muertos en la estadística total del año 2020 contra 2021, como lo ha repetido entre enero y febrero la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, resulta condescendiente cuando es evidente que se continúa en etapa de contención.
De entrada, porque en el último año mataron a 2.7% más niños y adolescentes.
Además, no se puede evitar considerar que, como resultado de esa “nueva estrategia”, la violencia y las víctimas de homicidio aumentaron en 24 de los 50 municipios de atención prioritaria en los últimos seis meses. Tal fue el caso de Fresnillo, Zacatecas; León, Guanajuato; Cajeme, Sonora; Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco; Acapulco, Guerrero; Zamora, Uruapan y Morelia, Michoacán; Mexicali y Rosarito, Baja California; Irapuato, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Netzahualcóyotl, Ecatepec y Tlajomulco de Zúñiga en Estado de México; Benito Juárez en Quintana Roo… y la lista sigue.
Luego, no se puede omitir recordar que si bien, algunos ayuntamientos en entidades como Baja California Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, han presentado disminuciones ligeras en el número de homicidios, los estados siguen el top 5 de mortalidad dolosa.
Tener lo que el gobierno llamó “un buen mes” y una reducción marginal y selectiva, es insuficiente para empezar a aplaudirse, cuando la violencia se muda de una entidad federativa a otra. Evidentemente llegó la hora de analizar, porque lo que funciona en unos municipios, no está resultando en otros.
Sobre todo, es hora que el gobierno y la Fiscalía General de la República empiecen a combatir la delincuencia organizada y a los traficantes, porque no habrá policías locales que se den abasto si la Federación no saca de circulación a aquellos que ordenan las muertes, mueven el dinero y pagan la corrupción.
