Imaginemos que estamos en el sexenio de Felipe Calderón y un día se le ocurre al mandatario nacional exhibir los montos que ingresan a las cuentas personales de la directora de La Jornada, Carmen Lira o Julio Scherer, quien hasta antes de su muerte se desempeñó como líder del semanario Proceso. Como es dominio público, ambos periodistas a través de sus medios de comunicación fueron muy críticos contra el gobierno calderonista, muy en particular en los temas de inseguridad.
Ahora situémonos por un momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien también en alguna rueda de prensa decidió difundir lo que gana Carmen Aristegui después de que publicara el reportaje sobre la famosa “casa blanca”, propiedad de Angélica Rivera, entonces esposa del presidente priista.
Los dos ejemplos anteriores no sucedieron, pero de existir hubieran sido no solo escándalo nacional, sino objeto de rechazo y manifestaciones públicas de todos; pero muy en particular de la izquierda mexicana.
Lo que sí pasó fue que el mandatario actual Andrés Manuel López Obrador aprovechó una de sus mañaneras para que los mexicanos conociéramos los ingresos que recibe el periodista Carlos Loret de Mola; lo anterior después de que este último difundiera un reportaje sobre el supuesto conflicto de interés de uno de los hijos y su nuera con una empresa petrolera ubicada en Houston, Texas, que sostiene una relación contractual con Pemex.
Mi intención no es escribir del reportaje de Loret de Mola, para algunos serán datos contundentes que pegan en la línea de flotación del mandatario y para otros será información carente de veracidad lo difundido en algunos medios de comunicación, muy en particular en redes sociales.
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Más allá de la nota en sí misma lo que preocupa es la reacción del Presidente López Obrador; no pretendo defender a Loret, quien también tiene en su haber publicaciones dudosas o susceptible de controversia, como el famoso caso “Florence Cassez” donde Televisa y la autoridad federal montaron un operativo al estilo Netflix para aparentar una captura de supuestos secuestradores en vivo y a todo color.
Estoy seguro que López Obrador está muy molesto -entendible- por las publicaciones del periodista contra su hijo, pero utilizar a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, para difundir ingresos y posiblemente facturas emitidas por el comunicador raya en una persecución de índole política-personal.
Ningún presidente u autoridad debe utilizar el aparato del Estado para exponer información protegida legalmente con el propósito de exhibir a alguien trátese de Carlos Loret, gobernadores, dirigentes partidistas, dueños de una tienda o comercio, empresarios o quien sea. Lo que sí puede hacer el mandatario y tiene todo el derecho es defenderse por las vías legales y permitidas si no le parece lo publicado o siente que daña su imagen y la de su familia.
¿Por qué no aclarar inmediatamente la información ante los medios? ¿Por qué utilizar al SAT no solo para exhibir a alguien, sino para mandar un mensaje a los demás periodistas y todo aquel que no comulgue con su proyecto? ¿Por qué no demandar por las vías permitidas a Carlos Loret y en todo caso a los medios donde se difundió la información? ¿Por qué infringir la Ley de datos personales?
Si hay algo que llama la atención es el silencio de activistas, columnistas y seguidores que en su momento salieron a defender el abuso a otros periodistas años atrás.
Comulgo con la lucha que el Presidente de México sostiene contra la corrupción, pero de ninguna manera puedo estar de acuerdo en utilizar el poder ignorando las leyes, así sea para defender a un miembro de su familia. Así no, Presidente.
Alejandro Caso Niebla es consultor en comunicación y políticas públicas.
@CasoAlejandro
