Feminicidios, asaltos a mano armada y ejecuciones continúan en BCS. “Terminamos el año con una cantidad mayor de casos que se presentaron en 2021 comparado con 2020, ahí estamos hablando prácticamente de un incremento del 75% de este tipo delitos”, dijo a ZETA el procurador estatal Daniel de la Rosa
Apenas inicia el año y Baja California Sur ya registró el primer feminicidio en Bahía Asunción, municipio de Mulegé. La víctima: Gabriela Fregoso, de 26 años, cuyo esposo, Edgar Montaño alias “El Pillín”, es el presunto agresor.
El hombre habría dado una golpiza a la joven madre de un menor, quien fue trasladada a la unidad médica y allí perdió la vida a causa de los golpes. Hasta el cierre de edición, el sospechoso era buscado por la justicia, por lo cual la familia de Gabriela ya organiza movilizaciones.
Datos preliminares refieren que diciembre de 2021 cerró con la localización 16 cuerpos en fosas clandestinas, tres ejecuciones al estilo del crimen organizado, el asesinato de una mujer quemada en su vivienda, intentos de homicidio violentos, riñas con fallecidos y múltiples asaltos a mano armada.
ESTRATEGIA FALLIDA
Apenas el 29 de noviembre, el Gobierno de Baja California Sur anunció la estrategia de combate a la violencia y la delincuencia denominado Tu Bienestar Nos Une, y dos días después se desató el ataque violento contra dos adultos mayores: Aurelia, de 90 años y su acompañante de 66, fueron salvajemente golpeados, al punto que al masculino prácticamente le amputaron una de sus manos.
Para la madrugada del 2 de diciembre las cosas empeoraron: el ataque de la delincuencia organizada se hizo presente en las calles Isla Santa Cruz y Arenales de la colonia Perlas del Golfo en La Paz, donde el militar retirado y ex agente de la Policía Municipal, José Socorro Benítez, fue asesinado a tiros a bordo del taxi con número económico 63 del sitio California.
Aunque en primera instancia agentes municipales filtraron información de que “el taxista” se habría resistido al asalto y posteriormente fue asesinado, las primeras indagatorias confirman que se trató de un ajuste de cuentas, ya que el vehículo era utilizado para mover a “chicas” dedicadas a la prostitución, actividad controlada por la delincuencia organizada.
Horas más tarde en Los Cabos, Rocío Vázquez fue privada de la vida por su pareja sentimental en la colonia Costa Dorada San José del Cabo.
El sujeto aprovechó la influencia de bandas criminales organizadas para tratar de esconder el feminicidio, Ernesto “N” fingió que a su mujer la habrían asesinado y quemado dentro de la vivienda, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En las paredes inscribió las siglas del cártel, pero las indagatorias confirmaron el feminicidio.
La madrugada del 10 de diciembre, en 5 de Mayo entre Isabel la Católica y Félix Ortega, afuera de la farmacia denominada Yza fue encontrado sin vida Felipe de Jesús Ramos Ledesma, Sargento Segundo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Testigos informaron que había protagonizado una riña, lo cual fue confirmado por fuentes policiales. El militar se enfrentó a puños con otro masculino, sin embargo, después de caer de un golpe contra el pavimento, no se levantó.
Más casos de atentados de la delincuencia organizada se presentaron el 17 de diciembre. Durante la madrugada, un joven fue ultimado a balazos a las afueras de la zona de bares del municipio de La Paz, donde sin aviso alguno, hombres dispararon contra el joven y un grupo de amigos, muriendo Eduardo León Oribio, de 22 años. Los agresores, quienes huyeron de inmediato, dejaron cuatro lesionados más:
José Heriberto Pérez Torres, agente de seguridad, con herida en brazo izquierdo.
Ángel Iván Castro Mondragón, herida en mano izquierda.
Óscar Oroña.
Jorge González, herida en pierna derecha.
Los jóvenes se encontraban a las afueras del bar conocido como Cotorritos cuando una camioneta pasó de lado y casi los atropella. Al reclamarle al conductor, uno de los ocupantes sacó un arma de fuego y disparó contra el grupo, hiriendo de muerte a Eduardo, de ocupación cocinero, quien quedó tendido sin vida en sobre la calle Agustín Arreola casi esquina con 16 de Septiembre.
Por la noche, los hermanos Antonio Eleazar y Delfino García fueron agredidos a tiros, muriendo el primero en el lugar, mientras que sus hermanos resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados junto con un tercer herido al hospital.
El 22 de diciembre fue asesinado un hombre, a quien encontraron con una piedra en la cara, muy cerca de la caseta de vigilancia del Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos; vestía camisa blanca, shorts azul y calzado tipo Crocs.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó las diligencias, encontrando a la víctima con heridas en nariz y mejilla. Presuntamente el agresor lo golpeó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida, por lo cual se inició una carpeta de investigación.
ROBOS A CASA HABITACIÓN
Los recientes actos delincuenciales como homicidio, feminicidio, asaltos y privaciones de la libertad violentas con el uso de armas de fuego, incluso prendiendo fuego a las víctimas, habla de una escalada violenta.
El robo a casa habitación había sido uno de los delitos muy presentes, regularmente se presentaba cuando los ciudadanos salían de sus casas a trabajar, pero la pandemia obligó a muchos a permanecer en labores de home office, lo cual llevó a evolucionar la comisión de delitos.
“Con la pandemia, que las personas están en casa, las condiciones han empujado al delincuente o lo han obligado a utilizar nuevos mecanismos, es decir, antes no tenía necesidad de utilizar la pistola para amagar y robar, y así entrar a las casas que están vacías, ahora están ocupadas, pudiera ser una de las razones del delito violento, pero hay que recordar que el delincuente violento no se genera espontáneamente; hay una escuela de esa delincuencia, una persona no sale con una pistola a la calle a asaltar, es una escuela, una cadena que se va formando, hay una escalada delictiva”, expresó Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Además de la convivencia familiar que ha empujado a más delitos de violencia familiar, que en algunos casos derivan en feminicidios, el uso de la fuerza hoy es común.
Prueba de ello es que en 2020 se cometieron cuatro feminicidios declarados oficialmente, y para el año que concluyó, la cifra se elevó a siete, seis de estos ya establecidos en el Secretariado Ejecutivo hasta noviembre, más uno registrado a inicios de diciembre de 2021, significando un incremento del 75%.
“Nos corresponde la investigación, se han venido esclareciendo los feminicidios que se han presentado, terminamos el año con una cantidad mayor de casos que se presentaron en 2021 comparado con 2020, estamos hablando prácticamente de un incremento del 75% de este tipo delitos. Las labores de prevención social del delito se están proyectando y fortaleciendo para este año, para inhibir este tipo de conductas que deriven inclusive algunas denuncias de violencia familiar y algunas otras donde no hubo denuncia, pero se llegó directamente a la comisión de estos lamentables hechos como feminicidios”, reconoció por su parte el procurador estatal Daniel de la Rosa Anaya.
Respecto a las calles, no cesan los incidentes de robo a casa, a negocio, autopartes, asaltos a mano armada en negocios y hasta transeúntes, al no contar el Estado con una estrategia de prevención. No se trata de recorrer las calles, se requieren esquemas preventivos, establecer horarios y sitios de criminalidad.
“No tenemos esquemas de geografía criminal coincidentes, los agentes municipales tienen su geografía criminal, dentro de la procuraduría hay dos esquemas, ni siquiera una misma institución tiene un mismo esquema, robos tiene una, Homicidios tiene otra. Hay demasiado celo en el uso de la información y no hay cruce de datos adecuadamente, no hay canales de comunicación interno adecuados”, lamentó Arturo Rubio Ruiz.
El 29 de diciembre se recibió el reporte de una persona herida de bala en la colonia El Mezquitito, al llegar las unidades de emergencia encontraron a Arturo Flores “El Gansy” herido de bala; en primera instancia, dijo haberse resistido a un asalto y por ello lo agredieron a disparos.
Sin embargo, horas más tarde se confirmó que en compañía de otros dos ladrones, intentaron ingresar a una vivienda del Fraccionamiento Las Garzas, donde el dueño sacó un arma calibre 22 y disparó contra ellos, impactando el abdomen y glúteo de “El Gansy”; sus compañeros huyeron del lugar.
Arturo Flores pertenece a una banda denominada “Los Juniors”, y precisamente este joven acaba de salir de la cárcel tras haber sido imputado por robo con violencia a un empresario de La Paz en 2014. Tras su detención fue declarado culpable, y hoy de nuevo se mantiene operando estos delitos, aun cuando ya es ubicado por las fuerzas del orden.
Caso similar ocurrió apenas el 31 de diciembre, cuando unidades de la Policía Estatal Preventiva persiguieron un vehículo reportado “como sospechoso de participar en asaltos violentos”, un Nissan Versa color gris modelo 2019, placas RCR612A, el cual fue perseguido por Avenida Pino Payas del fraccionamiento Villas del Encanto.
Los oficiales vieron personas armadas, incluso se realizaron detonaciones de arma de fuego. Los presuntos delincuentes, que en primera instancia se denunció a tres ocupantes, ingresaron la calle Villa Flores, entre Villas del Encanto y Villa Sebastián, allí los oficiales golpearon el auto y, al estrellarse, descendieron los ocupantes.
Los agentes detuvieron a Christian Martínez Gallegos, originario de Monterrey, Nuevo León, quien irónicamente, había estado en manos de la justicia cuatro días antes, el 27 de diciembre, junto a tres acompañantes. Los policías informaron que los habían denunciado como presuntos asaltantes, pero fueron puestos en libertad.
“Algo que sí que encontramos registro oficial, es que la mayoría de los asaltantes violentos no son nativos del Estado, vienen del exterior, y eso nos hace suponer que tenemos todavía muchas cosas positivas que podemos obtener, es decir, evitar que se genere la escuela de la delincuencia violenta en la entidad, que la escalada del nivel de agresividad del delincuente no los lleve a la violencia como medio comisivo de los robos y se convierta en habitualidad”, comentó Arturo Rubio Ruiz, del Consejo Ciudadano.
ADIÓS A LOS FILTROS
En diversas ocasiones, los ciudadanos han denunciado la ausencia de unidades de la Policía Federal -ahora Guardia Nacional- en las carreteras y filtros policiacos en los que se les veía con normalidad, pero no sólo estas unidades; también las fuerzas del Gobierno del Estado se retiraron de los filtros carreteros, incluso el que se localiza a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Se habían colocado dos filtros en La Paz, uno en el Kilómetro 21 de la carretera al Norte, y el colonia Calafia al Sur, justo afuera de las instalaciones de la secretaría. Ambos fueron extinguidos a pesar de que eran sitios de aseguramiento de armas, droga y detención de miembros de la delincuencia organizada.
“Tenemos un enorme vacío en este momento respecto a la Policía Federal, nuestras carreteras están sin vigilancia, pasas por las comandancias de la Guardia Nacional y están en esta transición, y vas a ver las unidades estacionadas. Aparentemente no tienen recursos o no hay voluntad política de ponerlas en circulación. Mientras no se ve esa transición, vamos a seguir con estas carreteras desprotegidas, toda la fuerza civil fue retirada de las carreteras, esa corporación era la que tenía los mejores canales de inteligencia civil”, detalló Arturo Rubio Ruiz.
El procurador De la Rosa asegura que los puntos de revisión secundaria brindan buenos resultados -hablando de los colocados en terminales aéreas y portuarias-, que hacen la misma labor de los puntos carreteros. Sin embargo, los puntos carreteros conectan con Baja California, uno de los principales puntos de trasiego de droga y armas, el filtro de revisión de la terminal de Santa Rosalía en Mulegé también fue retirado, y pudiera ser punto de entrada y conexión carretera a La Paz y Los Cabos.
“En el caso de los puntos de revisión secundaria, hay personal por parte de la procuraduría en coadyuvancia con las instancias de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, sobre todo ahorita en el tema dirigido a los mandamientos judiciales que se pudieran detectar en esos puntos de revisión, y prevenir conductas ilícitas de personas que tengan antecedentes o investigaciones”, explicó De la Rosa.
Por su parte, el integrante del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito argumenta que la falta de una estrategia preventiva y la apertura al flujo indiscriminado de armas, droga y delincuentes vía carretera, mantendrá la escalada violenta.
“En esa escalada delictiva había un control de las corporaciones, que ahorita están en transición algunas, porque están desapareciendo otras, hay mucho movimiento, ese descontrol de los cuadros de control de las calles han propiciado estos fenómenos violentos”, sentenció Arturo Rubio.
De igual forma, además de no aplicar la estrategia de contención de violencia, el Gobierno del Estado tampoco está aplicando programas de prevención del delito, “no de que haya detenidos y cumplimentación de órdenes de aprehensión”, sino que se tiene que trabajar de raíz el problema, a través de programas para prevenir posibles conductas delictivas de atención integral a las familias e incluir la participación ciudadana.
“En el incremento de la violencia en cuestiones tradicionales, encontramos un vacío muy grande en programas de prevención, la prevención es la inversión que le da sentido a la participación ciudadana en el combate de la delincuencia, pasa desapercibido, tenemos 30 o 40 años en el combate a la delincuencia y únicamente nos centramos en comprar camionetas, armamento y en tratar de combatir, sin atacar la base y el origen de los problemas. Están ignorando a las asociaciones vecinales, todos los grupos de asociaciones vecinales te pueden informar por dónde pasa el ratero, a qué hora pasa, quién vende cosas robadas, quién las compra; no se toma el parecer o la participación del ciudadano comprometido con su comunidad, en las colonias dónde están organizados los vecinos, se ha disminuido la incidencia delictiva”, subrayó el representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
PGJE, POR REDUCCIÓN DE IMPUNIDAD
En delitos de toda índole en Baja California Sur, es visible que las cifras sobrepasarán aquellas de 2020, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó 18 mil 254 delitos cometidos; y hasta noviembre de 2021, 17 mil 097. Una diferencia de mil 157, pero el promedio mensual de 2021 es de mil 554, por lo tanto, se espera superar el registro.
Para el procurador Daniel de la Rosa, en homicidio doloso, en comparación a nivel global con 2020, “tenemos una disminución del 18%, aunque las cifras se tienen contabilizadas al momento hasta el 15 de diciembre, se tiene una disminución del 15% de la incidencia delictiva a nivel global de todos los delitos, de todas las denuncias en los diversos Ministerios Públicos de la entidad, particularmente en los hechos registrados en diciembre, hubo algunos homicidios dolosos en riñas, también tuvimos dos homicidios por armas de fuego, el de aquí de La Paz está por judicializarse el caso, ya lo tenemos esclarecido, también el que aconteció en Vizcaíno, llevamos importantes avances”, indicó.
En los meses completos de octubre y noviembre, que competen al gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, las cifras anuncian el incremento de delitos, sobre todo los violentos, feminicidios, asaltos a mano armada, lesiones y de índole sexual.
En octubre de 2020 se denunciaron mil 601 delitos y, para noviembre del mismo año, mil 482; en los mismos meses, pero de 2021, las cifras fueron de mil 662 para octubre y mil 667 para noviembre (8% más delitos cometidos en los primeros meses de Castro Cosío en comparación al año pasado de su antecesor Carlos Mendoza).
“Lo que se tiene proyectado para este año es resolver, aproximadamente el año pasado se resolvió el 60% de las denuncias, de las carpetas de investigación que se han presentado, estaremos resolviendo ese 40% restante en este año, y por supuesto las que vayan ingresando a partir del primero de enero a la fecha, es el objetivo principal. Y desde luego, la especialización de cada área de investigación, para que se tenga mayor capacidad de resolución”, adelantó el procurador.
De acuerdo con el funcionario estatal, el 40% de los delitos que se cometen en la entidad llegan ante el juez, el resto se queda en el camino por resolutivo a través de justicia alternativa, no hubo delito o siguen en espera de judicializarse.
“Estamos hablando de que prácticamente incrementó el 70% la judicialización de casos respecto a 2020, estaríamos hablando de que se judicializaron más de 3 mil 200 carpetas de investigación, aparte son las otras determinaciones que llegan por justicia alternativa. En obtención de sentencias condenatorias, se tuvo un incremento, estamos hablando de que prácticamente la capacidad de resolución con sentencia condenatoria es del 90 al 92.5%, de los casos que llegaron a juicio, este trabajo es para evitar se genere impunidad y se haga justicia a los ciudadanos”, puntualizó Daniel de la Rosa Anaya.
