A tres meses de iniciada la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y tras dos asesinatos de periodistas en Tijuana, se declaró formalmente instalado el esquema de protección
Este lunes se instaló el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, con la incorporación de autoridades de gobierno así como de los poderes Legislativo y Judicial, además de representantes de organismos y medios masivos.
El esquema se instituye a tres meses de que el gobierno estatal, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, entró en funciones y luego de que el 17 y el 23 de enero los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López fueran asesinados en Tijuana.
La subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, afirmó que con la instalación del Mecanismo es preciso revisar “los marcos normativos sobre los cuales se soportan los sistemas, mecanismos, unidades de protección” en aras de que el esquema rinda frutos.
Ello a propósito de que Lourdes Maldonado Martínez estaba inscrita en el sistema estatal de protección y en los momentos en que fue ultimada no había personal de seguridad a su resguardo.
“El primer paso es la certeza jurídica del actuar de una autoridad en aras de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, asentó la funcionaria estatal en entrevista con ZETA.
Sostuvo con la entrada en funciones del gobierno de BC se dispuso “fortalecer el Mecanismo”, en un afán de que los servidores públicos y representantes que forman parte del esquema no fallen en el otorgamiento de protección a activistas y comunicadores.
“Hicimos una revisión de las necesidades y lo primero era contar con una base normativa para que existiera un mecanismo, sumar a las autoridades competentes en materia de seguridad y obviamente también de procuración de justicia, estos convenios que se celebran para formalizar jurídicamente las alianzas estratégicas que se tienen que hacer son también una base legal para avanzar”, manifestó.
Sobre el hecho de que no se hubiera emitido la declaratoria de instalación del Mecanismo con antelación, insistió en que el sistema requería fortalecerse.
“Hay muchos motivos, hay una propuesta siempre de fortalecimiento de la política pública en materia de derechos humanos y una de las propuestas era la creación o fortalecimiento de un Mecanismo, este Mecanismo en base en decreto, en acuerdo ejecutivo nace prácticamente el viernes pasado (28 de enero), pero tiene que hacer un análisis jurídico importante con la concurrencia de las autoridades que se van a sumar y esto lleva todo un proceso”, expuso.
Además arguyó que “la ley a nivel nacional está en un proceso de transformación” y en ese contexto la administración estatal está “en conversaciones con el gobierno federal, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, con el subsecretario Alejandro Encinas para la firma de un convenio de colaboración que se ha venido preparando”.
En cuanto a número de peticiones formuladas al gobierno del estado en curso por parte de defensores de derechos humanos y periodistas para recibir protección, Olvera Rodríguez indicó que son cerca de 20.
“Todas las solicitudes están atendidas conforme a lo que han solicitado cada una de las personas, el cien por ciento está atendida, es importante reiterar que no todas las personas están de acuerdo y que cuando se hace un plan de protección la persona que lo solicita tiene que estar 100 por ciento de acuerdo con ese plan y tener una participación activa en la determinación de las decisiones sobre su propia protección”, estableció.
En el acto de declaratoria de instalación del Mecanismo, celebrado la tarde de este lunes en Tijuana, además de la subsecretaria, estuvieron presentes el secretario de gobierno Catalino Zavala Márquez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo, el fiscal general del estado, Ricardo Carpio Sánchez, el secretario de seguridad en el estado, Gilberto Landeros Briseño, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Mora Marrufo, los alcaldes de Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali, un representante del gobierno municipal de Ensenada, representantes de organismos así como de los medios.
