El juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza resolvió que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), permanezca en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht, al considerar que no han variado las condiciones para fijar la medida cautelar, toda vez que existe un elevado riesgo de fuga.
La resolución del juez se dio después de que el Tercer Tribunal Unitario ordenara reponer parcialmente la audiencia en la que Zúñiga Mendoza determinó la prisión preventiva justificada en noviembre de 2021, cuando Lozoya Austin ingresó al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte en la Capital del país.
En la audiencia del 26 de enero de 2022, el juez federal ratificó que Lozoya Austin debe permanecer en prisión preventiva justificada por contar con recursos suficientes para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto, ya que tiene 2 millones de euros en una cuenta que pertenecen a la empresa JG Holding, su esposa se encuentra en Alemania y anteriormente ya se había evadido de la justicia.
En ese sentido, Zúñiga Mendoza refirió un informe de migración, el cual indica que Lozoya Austin salió de México el 1 de mayo de 2019 y meses después tuvo que ser aprehendido en España, para posteriormente, en 2020, ser extraditado a México (donde permaneció en libertad condicional como un testigo colaborador).
Fue hasta el 3 de noviembre de 2021, cuando a raíz de unas fotografías publicadas en redes sociales en las que se le ve cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) revirtió la libertad condicional y logró la prisión preventiva de Emilio Lozoya Austin.
La resolución del juez mantiene en la cárcel al ex director de Pemex, pese a que en el caso de la compra de la planta de Agronitrogenados -que también se encuentra en el Juzgado de Zúñiga Mendoza- logró que se le colocara un brazalete electrónico para enfrentar ese proceso fuera del penal.
La FGR acusa a Lozoya Austin de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para que se le entregaran contratos. Los delitos que se le imputan, son operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por los cuales podría permanecer 39 años en prisión de encontrársele culpable. Mientras que por el caso de la planta de Agronitrogenados, la fiscalía federal solicitó 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero.
