La Secretaría de Salud volvió a recibir un presupuesto reducido para atender la pandemia de COVID-19, y en plena cuarta ola de contagios y la llegada de la variante Ómicron, han realizado cambios administrativos para cumplir con compromisos políticos, por encima de la salud pública
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La Secretaría de Salud volverá a estar limitada en su lucha contra la pandemia provocada por el virus SARS- CoV-2, así como otras enfermedades donde Baja California es líder, como el cáncer en la mujer, diabetes y obesidad, debido a la reducción de presupuesto.
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De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, en el ejercicio 2022, la Secretaría de Salud recibió 4 mil 811 millones 162 mil 871 pesos, misma cantidad que se manejó en 2021.
En 2020, el presupuesto fue de 5 mil millones, 200 millones más que en 2021. En aquel entonces, el dinero sería destinado a la creación del área oncológica en Tijuana, medicamento e infraestructura, comentaría en su momento Alonso Pérez Rico, titular de Salud en la pasada administración. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19, todo el presupuesto se destinó al personal de salud, equipo y manejo de la enfermedad, dinero que no fue suficiente.
Una vez iniciada la gestión de José Adrián Medina Amarillas en Salud, en entrevista previa con ZETA, en noviembre de 2021, afirmó que se habían solicitado 5 mil 300 millones de pesos de presupuesto para 2022, pues había distintos programas que se impulsarían.
Entre estos, caravanas de la salud, que consisten en llevar los servicios de un centro de salud a las colonias más alejadas de BC, “vamos a intentar que nos den lo que pedimos, o al menos que no nos quiten”, expresaría en su momento el funcionario estatal.
MISMO PRESUPUESTO, BENEFICIAN PROGRAMA
No lo lograron. Les volvieron a otorgar el presupuesto de 2021, a pesar de que el Estado se encuentra en una cuarta ola de la pandemia y tuvieron que pedir un préstamo de 23 millones de pesos para saldar las deudas que dejó la pasada administración, además de cubrir los meses de noviembre y diciembre.
El presupuesto asignado a la dependencia, es parte del monto destinado al Bienestar e Inclusión de 34 mil 102 millones 833 mil 153 pesos con 74 centavos, y donde el 42.05 por ciento pertenece a la Secretaría de Educación; 7. 65 a Salud; 4.10 a Bienestar; 0.37 a Cultura; y 0.05% a Inclusión Social e Igualdad de Género.
Esta cifra corresponde al 54% del presupuesto total del Estado para el ejercicio 2022, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, la dependencia afirmó que se benefició a Salud con 541 millones195 mil 768 pesos para la operación de las caravanas de la salud y asegurar la aportación estatal al Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), aunque no se especificó si dentro del presupuesto de 4 mil 811 millones o aparte.
REBASADOS UNA VEZ MÁS
Mientras tanto, los hospitales de la Secretaría de Salud vuelven a colapsar por el incremento de pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, a pesar de que, a inicios de esta semana, el Comité Científico presentó cifras alegres de que los contagios habían disminuido.
El lunes 24 de enero hubo un registro de 209 nuevos contagios, mientras que el martes 25 fueron 389; para el miércoles 26 la cifra ya había aumentado a mil 108, pero los casos activos disminuyeron a 6 mil 808. Razón por la que Óscar Efrén Zazueta Fierro y Néstor Hernández, miembros del Comité Científico, afirmaron que las medidas aplicadas estaban dando resultado en la entidad.
Sin embargo, en hospitales se vive una realidad diferente, pues el pasado fin de semana se saturaron hasta llegar al 91% de la capacidad y, para el miércoles 26, sólo había 22 camas disponibles en todo el Estado.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, instituciones como ISSSTE, Cruz Roja y los hospitales generales de Tecate y Rosarito debieron contener a pacientes COVID, pues el General de Tijuana estaba lleno y no contaban con personal de Trauma y Neurología, por lo que les pidieron esperar hasta el lunes 24 para recibirlos.
En su momento, Clemente Zúñiga Gil, director del nosocomio dijo a este Semanario que estaban dando prioridad a “pacientes de calle”, por lo que aquellos que estaban en otras instituciones debían esperar hasta el lunes.
Para el miércoles la situación mejoró para las otras instituciones, no así para la Secretaría de Salud, pues la ocupación se mantenía en 88%.
“Estamos más desahogados en cuanto a los pacientes detectados con COVID-19 que requieren hospitalización, ya hay más respuesta por parte de Hospital General; sin embargo, seguimos trabajando sin pruebas”, dijo un médico de Urgencias en el Issstecali y de primera línea en el IMSS.
Esto significa que siguen teniendo una gran afluencia que busca confirmar si son portadores del virus, y, por ende, sacar su incapacidad o descartarla, pero el 70% de los que acuden tanto al IMSS como a las clínicas de fiebre, regresan con medicamento, pero sin una prueba, por lo que siguen quedando como sospechosos.
A pregunta expresa de ZETA sobre el uso de los 4 mil 811 millones de pesos, la dependencia no ha declarado de dónde va a salir el recurso que Medina Amarillas declaró que dispondrían para atender la pandemia en el “Miércoles de Mañanera” del 5 de enero.
CAMBIOS EN MEDIO DE CUARTA OLA; IMPONEN RECOMENDADOS DE DIPUTADA MONTSERRAT
Baja California vive la cuarta ola de COVID-19, reflejada en la cantidad de contagios, hospitalizaciones y casos activos que, aunque en decremento, se siguen contando por miles.
En medio del aumento de tales indicadores, la Secretaría de Salud ha hecho cambios internos, sobre todo en la Jurisdicción Sanitaria Número 2, con el fin de cumplir con compromisos políticos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dejando de lado la salud pública.
Uno de los primeros cambios, se hizo en el área de Comunicación Social de la Jurisdicción, al quitar al coordinador de Zona Costa, Raymundo Aguilera, ya que el puesto estaba prometido para un “recomendado” de la diputada Montserrat Rodríguez.
Otro de los cambios fue el de la doctora Remedios Lozada Romero, quien fungía como jefa de la Jurisdicción, a pesar que se le prometió que sería ratificada por seis años más.
Sin embargo, el 16 de enero, Salud informó al personal que Lozada Romero tampoco continuaría en el cargo, y el nuevo director era José Abel Delgado Peraza, quien, a diez días de su nombramiento, no ha dado declaraciones a la prensa.
“A mí también me despidieron, incomodé a varios políticos porque no permití que decidieran sobre mis trabajadores, ellos estaban confundidos porque los habían mandado a hacer caravanas de salud, porque así lo había ordenado la diputada (Montserrat Rodríguez)”, dijo un ex empleado de la Jurisdicción.
“Ella aseguró que había patrocinado las campañas de la caravana de la salud, y que por eso podía disponer del personal cuando quisiera, lo que hice fue pedirles que me enseñaran un oficio, porque si a mi gente le pasaba algo en el trayecto, algún accidente o algo, no iban a estar asegurados, además, ¿cuál patrocinio? Nosotros no podemos aceptar dinero, somos una institución pública y no estoy para complacer a políticos, que es todo lo que les importa, cumplir con sus compromisos, pero la salud pública y la pandemia les vale”, comentó molesto.
José Abel Delgado Peraza trabajó en el Seguro Social y en el Issstecali, y trabajadores de la Jurisdicción y contemporáneos en el Seguro Social, afirmaron que es cercano a Rodríguez, por lo que su puesto se lo debe al apoyo que le dio a la gobernadora durante su campaña.
“El trabajo que se ha hecho con las jornadas de vacunación y el manejo de la pandemia se ha retrasado y hasta obstaculizado por estos favores que tienen que pagar, estamos en plena ola, sin presupuesto, sin personal y, aun así, nos las hemos arreglado porque ya sabemos cómo trabajar; vienen y cambian a personal que ha sido funcional por compromisos pactados”, indicó un ex empleado de la Jurisdicción que deberá continuar con su formación académica en otra entidad federativa.
Mala idea contagiarse a propósito: especialista
Laurie Ann Ximénez Fyvie, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Autónoma de Baja California, dio a conocer que contagiarse de COVID-19 a propósito, sobre todo con su variante Ómicron, es una mala idea que puede perjudicar a todos, incluyendo a los vacunados.
Durante su participación en la sesión semanal de Grupo 21, la especialista mencionó que tanto el contagio intencional como la llamada inmunidad de rebaño, son acciones que podrían contribuir a más mutaciones del virus SARS-CoV-2, cuando aún no se tiene un control y conocimiento completo de la enfermedad.
Varias regiones del mundo fueron afectadas por distintas variantes, y en México, las predominantes fueron Alfa, Beta, Delta y ahora Ómicron, mientras que en otros países como Brasil, la primordial fue la Gamma.
Aunque Ómicron presenta una reproducción efectiva de 12 personas por cada infectado, ahora se cuenta con el factor vacuna, por lo que este hecho puede esconder ciertas características que sí se vieron con Delta.
Sin embargo, el simple hecho de que haya más contagios, aunque no todos terminen en el hospital en primera instancia, ya es motivo de preocupación, pues las hospitalizaciones sucederán eventualmente, como ya está pasando en los hospitales generales de Baja California.
“La estimación ahorita es que tiene -Ómicron- entre sarampión y viruela, es decir, entre 18 y 20 -personas contagiadas por cada infectado-, tal vez. Esto nos dice que estamos ante el microorganismo más transmisible que ha conocido la humanidad, eso es hoy COVID-19”, mencionó Ximénez Fyvie.
“Entonces, ningunearlo y decir que es una llamarada de petate es muy peligroso, porque si algo nos han enseñado tres años de pandemia, es que deberíamos tener un poco de humildad y respeto por lo que puede hacer, después de haber matado a millones de personas y haber puesto a todas las sociedades de rodillas”, subrayó.
Por otro lado, expuso que quienes siguen impulsando la idea de inmunidad de rebaño es algo criminal, “porque la inmunidad de rebaño nunca se ha referido a dejar a la gente infectar de manera intencional, de una enfermedad potencialmente mortal, sino se ha referido a hacer cálculos, especialmente, de la vacunación”.
Para concluir, Ximénez Fyvie calificó al Gobierno de México de negligente, al ser el único país que no ha autorizado la inmunización a menores de 5 años sin justificación alguna, lo que sólo propiciará que en el transcurso de las semanas se vuelvan a saturar los servicios médicos, o bien, ante los contagios sin control, el virus vuelva a mutar.
