Armas burlan aduanas

Edición Impresa lunes, 31 enero, 2022 3:10 PM

Unas 252 mil armas de fuego ingresan clandestinamente a México, según estimaciones de estudios. Las 49 aduanas instaladas en el país apenas aseguran menos de 400 armas en promedio anualmente. En tres años, agentes aduanales incautaron mil 024 instrumentos bélicos. Nuevo Laredo, Sonoyta, Tijuana, Nogales y Reynosa, las aduanas que más armas aseguran. Las peores aduanas son las de los puertos marítimos donde no hay decomisos en la materia. Al fin, órdenes de aprehensión por el operativo Rápido y Furioso que autorizó el ingreso de más de 2 mil armas hace 12 años al país. Ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, sin certeza de que se gane judicialmente la demanda contra las armerías estadounidenses

Autoridades mexicanas han argumentado en su discurso contra el tráfico ilegal de armas de fuego, que por lo menos 200 mil de estos artefactos ingresan anualmente al país en forma clandestina; sin embargo, la eficacia para su detección y aseguramiento a través de las aduanas establecidas zonas fronterizas, puertos marítimos, aeropuertos y ciudades estratégicas, no es el fuerte de México en este combate.

Así se advierte de los resultados rendidos por las 49 aduanas con las que cuenta el país y que durante los últimos tres años apenas han asegurado mil 024 armas, de las cuales 691 son revólveres y escuadras, y 333 armas largas, como fusiles de asalto, rifles, mosquetones, escopetas y subametralladoras. De hecho, los aseguramientos se realizaron en 31 de los recintos aduanales, pues en otros 18 no fue incautada una sola arma de fuego.

El tráfico de armas se encuentra entre las tres primeras fuentes de ingreso de los grupos delincuenciales en el país, junto con el tráfico ilícito de drogas y el tráfico de personas. De acuerdo con informes oficiales, el armamento ilegal que abastece a células del crimen organizado ingresa por la frontera norte limítrofe con Estados Unidos, por la legalidad que existe en esa nación para adquirirlas sin mayores requisitos; y por la frontera Sur, por las facilidades que otorgan en países centroamericanos para su posesión y traslado.

Los aseguramientos más importantes de armas de fuego y explosivos en México los realiza el Ejército Mexicano en puestos de revisión o la Fiscalía General de la República, con la colaboración de las Fuerzas Armadas durante la ejecución de cateos autorizados por un Juez de Control, pero esto ya ocurre muy al interior del país y no en las aduanas de los territorios por los cuales pasó dicho armamento de manera ilícita a México.

 

Durante 2019 fueron detectadas y aseguradas por agentes aduanales 239 armas de fuego (186 cortas y 53 largas); en 2020, en aduanas cayeron en poder de las autoridades 393 armas (234 cortas y 159 largas); mientras que de enero a septiembre de 2021, fueron incautados 392 instrumentos bélicos (271 cortas y 121 largas). Sin embargo, en estos como en los casos de aseguramientos efectuados por cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno difícilmente se imputa a personas por el delito de tráfico de armas, cuando mucho por portación de armas de fuego o acopio de las mismas.

Las aduanas con mejores resultados en este sentido fueron, en esos tres años, la de Nuevo Laredo, con 166 armas de fuego localizadas ocultas en equipajes, dentro de aparatos, vehículos o entre ropas de las personas. Le siguieron, Sonoyta, con 119; Tijuana, la frontera con mayor cruce de personas, con 118; Nogales, 106; Reynosa, 70; Ciudad Juárez, 69; Mexicali, 53; Matamoros, 49; Piedras Negras, 48; y San Luis Río Colorado, 43.

Increíblemente, las aduanas establecidas en puertos marítimos cuentan con escasos o nulos aseguramientos de armas y municiones. Por ejemplo, La Paz, la aduana marítima más destacada, retuvo apenas seis armas de fuego; Guaymas, tres, todas largas; Acapulco y Veracruz, una. Pero las aduanas de Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Progreso y Salina Cruz, ninguna entre 2019 y 2021.

INEFICIENTE INVESTIGACIÓN

Durante las últimas décadas, difícilmente las autoridades ministeriales imputan a delincuentes el delito de tráfico de armas. Por lo general, el Ministerio Público de la Federación pone a disposición de jueces de Control a las personas detenidas por su relación con armas de fuego, bajo señalamientos de posesión o portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, acopio de armas o, cuando mucho, introducción al territorio nacional en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Quizá uno de los pocos enjuiciados a la fecha por el delito de tráfico de armas, entre otros varios ilícitos relacionados con delincuencia organizada, es Mario Alberto Cárdenas Medina “El Betillo”, sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, de quien heredó paulatinamente (después de otros familiares) el control y liderazgo del Cártel del Golfo. Le detuvieron un par de ocasiones, la última en 2020, cuando ya rastreaban sus comunicaciones y se le ocurrió divertirse en el Salón Tenampa de la Ciudad de México.

A través de la intercepción del número telefónico del tamaulipeco y de otros de sus contactos, se advirtieron llamadas que fueron grabadas y que mencionaban sobre inventarios y entregas de “dulces”, “chivos” o “tostones”, refiriéndose a algunos tipos de armas de fuego, cantidades de dinero por esas ventas y otros movimientos relacionados con estos ilícitos ordenados a diferentes miembros de la organización criminal por parte del “Betillo”, utilizando un lenguaje a base de terminologías que la Fiscalía General de la República logró descifrar.

Ahora, de manera más reciente, en enero de 2022, el Ministerio Público de la Federación obtuvo órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal en contra de siete involucrados en el operativo Rápido y Furioso, que entre 2009 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas de fuego a territorio mexicano. Entre los perseguidos se encuentran el encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa; Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, también preso en Estados Unidos; y Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, cautivo en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 Altiplano.

Esta operación fue realizada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) durante la administración de Barack Obama y consistió en autorizar el tráfico de unas dos mil armas de alto poder desde EU a México, con la intención de rastrearlas en la frontera a través de un chip. Sin embargo, muchas de estas llegaron a manos de miembros de grupos criminales mexicanos, la mayoría del Cártel de Sinaloa y no se pudo tener el control planeado, siendo usadas en múltiples homicidios.

Presuntamente el operativo se realizó de manera unilateral por parte de las agencias norteamericanas, pues el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa negó tener conocimiento de la distribución del armamento en territorio nacional. Lo anterior llevó al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, a declarar en mayo de 2020 que el gobierno de Estados Unidos debería ofrecer una disculpa a México: “Que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el Presidente, pero a final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos el que tiene que explicar esta situación”.

 

CONTRA EL ARMAMENTISMO

De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara baja, 80 por ciento de las armas utilizadas en México proviene de la Unión Americana y las autoridades nacionales sólo confiscan el 14% de las 252 mil armas que cada año cruzan por la frontera Norte. Por ello el tema se encuentra en una lista de siete objetivos prioritarios de la agenda bilateral con EU desde hace muchos años, junto con el libre flujo de las remesas, los acuerdos comerciales y los derechos de los migrantes.

Según datos de la ATF, en el vecino país del Norte se tienen registradas 9 mil 811 armerías, la mayoría establecidas en los estados de California, Arizona y Texas. Tan sólo en la última de las entidades existen 538 tiendas que comercializan fusiles de alto poder y armas de fuego cortas pistolas de todos los calibres.

Cuestionada por ZETA durante su participación en la charla “Las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos”, organizado por El Colegio de México el 12 de enero, Martha Bárcena, primera mujer ex embajadora de México en ese país, aseguró que el tema no es nuevo.

“Digamos que este gobierno le dio mayor relevancia, y se los cuento porque yo entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace 40 años, y uno de mis primeros cargos fue jefe de Departamento de Cooperación Fronteriza y Trabajadores Migratorios, y había en ese entonces dos temas: el saneamiento del Río Tijuana y el cruce de Mesa de Otay, que siguen 40 años después. Y también estaba el del tráfico de armas. ¿Cuál es la desesperación de este gobierno, pese a que el tema de tráfico de armas ha estado ahí durante 40 años? Pues que México siente, con cierta razón, que Estados Unidos nunca nos había hecho suficiente caso para darle prioridad a este tema. Y cuando nos han hecho caso, han tomado decisiones tan desafortunadas como el proyecto Gunrunner, que después terminó en Fast and Furious o Rápido y Furioso, ¿verdad? Y pues salió peor el remedio que la enfermedad”, planteó la ex diplomática.

Bárcena advierte que lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es insistir que parte de la violencia en México obedece al tráfico ilícito de armas, “y se tomó la decisión en la cancillería, creo yo que es una apuesta muy fuerte, que no estoy muy segura que vayamos a ganar en términos judiciales, pero que sí ha servido para traer este tema a los medios; muy importante, que fue la demanda en contra de los fabricantes en la Corte de Boston, Massachusetts”, dijo.

“Aquí muchos se preguntan sí la demanda debió haber sido contra los fabricantes o más bien contra las armadoras que venden, porque la idea de que producen una pistola con el nombre del ‘Chapo’ (Guzmán) y otros, pues sí, pero pues eso no es lo importante del tráfico ilícito de armas. Yo fui de incógnito a varias ferias de venta de armas en Virginia y en Texas, y es increíble lo que te venden, y luego, todavía te anuncian ‘rifles automáticos’ y dicen ‘aquí los vendemos sin número de serie’, o sea, para que no tengan trazabilidad”, agregó.

“Entonces, el problema en Estados Unidos es enorme. Ellos tienen también un incremento en violencia. Aquí lo interesante va a ser cómo el avance de este juicio está relacionado o no con el cambio de mentalidad también en Estados Unidos para volver a un mayor control de armas, sobre todo empezando por las armas automáticas de alto poder. Y aquí, fíjate que teníamos también otras opciones internacionales. Con Noruega, México estuvo promoviendo las convenciones en contra de las minas antipersonales y de las municiones en racimo, desde el punto de vista de la sombrilla del Derecho internacional humanitario, y estuvimos en su época, hace algunos años, explorando con Noruega pasar a ver el tema del tráfico ilícito de armas, particularmente las que producen un gran daño en la población civil, parecidas a las municiones en racimo, como derecho internacional humanitario”, destacó la también docente.

La mujer que formó parte del personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1979 aseguró que la opción con Noruega era interesante: “Ya no lo exploramos, se decidió ir por esta demanda en las cortes de Estados Unidos. Yo, en términos generales, estoy a favor de que sepamos utilizar como Gobierno de México el sistema judicial americano para defender nuestros derechos, y lo hemos hecho mucho, sobre todo para defender el derecho de los trabajadores y de los mexicanos en Estados Unidos, entonces, vamos a ver cómo evoluciona”.

Para concluir, Martha Bárcena reflexionó:

“Creo que lo principal de esta demanda ha sido el efecto mediático, en ponerlo en primera línea el tema. ¿Qué tanto éxito judicial va a tener? No lo sé, pero no hay que olvidar que el tema del tráfico de armas ha estado en la mesa desde hace muchos años”.

 

 

 

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