Los derechos humanos y los militares

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Columnaz viernes, 14 enero, 2022 8:00 AM

Recientemente la organización internacional Human Rights Watch (HRW, sus siglas en inglés, y el Observador de Derechos Humanos, en español), dio a conocer su informe mundial 2022. En el Capítulo México, donde se consideran -al igual que el resto de los países- los casos y estadísticas generadas en 2021, el país no sale bien librado.

Particularmente por la política pública del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de utilizar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ejército y Marina, en responsabilidades civiles.

El informe recuerda los hechos registrados en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, cuando los militares y marinos realizaron, fuera de Ley, labores de persecusión a civiles, y las miles de quejas ante organismos de Derechos Humanos que los excesos de la milicia provocaron.

Hoy día, es oficial en México que los militares están no sólo a cargo de la seguridad a partir de la creación de la Guardia Nacional, la eliminación de la Policía Federal civil y la confirmación presidencial al solicitar que fuese la Secretaría de la Defensa Nacional, la encargada del manejo de la Guardia Nacional, sino también de otras labores.

Por ejemplo, militares y marinos han sido designados titulares y responsables de las aduanas del país, militares en el caso de las aduanas terrestres y marinos en los puertos marítimos. También las Fuerzas Armadas fueron encomendadas con la construcción de obras, como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, por mencionar algunas obras.

En desarrollo social, son militares quienes habilitan los bancos del Bienestar, y también parte de la milicia se encarga del transporte y distribución de medicamentos, así como de vacunas ante la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

Para supervisar, vigilar y monitorear las instalaciones de Petróleos Mexicanos, y combatir el robo de combutible, también fueron habilitados militares.

Es evidente que cuando al Presidente se le presenta una nueva tarea para dictar una política pública, no confía en la estructura civil federal, como sí en las Fuerzas Armadas. En ese contexto, prácticamente redujo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a un órgano administrativo y de estadística, en lugar del área operativa, de prevención e investigación que era, dejando esas tareas en mandos castrenses para aplicación en áreas civiles.

Esta política pública presidencial es el centro de la primera parte del informe de HRW. Un tema que también preocupa a analistas e intelectuales mexicanos: la cada vez más amplia gama de responsabilidades civiles en mandos militares, lo que asumen como una peligrosa militarización del gobierno. La vulnerabilidad del Estado.

El informe de HRW, inicia así:

“Las violaciones de derechos humanos -incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos- han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. Estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”.

Como parte del sustento refieren, por ejemplo, la estadística de la organización México Evalúa, que determina que del total de delitos cometidos en el país, únicamente el 5.2 por ciento son resueltos en el ámbito ministerial y judicial, por lo que el nivel de impunidad en la República Mexicana, se sitúa en 94.8%

Respecto los atentados a los derechos humanos contra la libertad de expresión, de acuerdo con la organización Artículo 19, desde el inicio del sexenio de López Obrador, 25 periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su ejercicio profesional. La estadística oficial, la de la Secretaría de Gobernación, indica que más de 45 comunicadores han sido víctimas de atentados fatales.

A los crímenes contra periodistas, que suelen estar alojados los motivos en ataques a la libertad de expresión por parte de grupos del narcotráfico, el crimen organizado y gobiernos locales corruptos, se suma la andana de hostigamiento público desatada desde la propia Presidencia de la República, cuando su titular decidió que los días miércoles dedicaría una parte de su conferencia matutina para “evidenciar” el “Quién es quién en las mentiras”, pero que se concentra exclusivamente en medios de comunicación, periodistas, analistas y columnistas calificados como “adversarios”, “detractores” y “conservadores” por colaboradores y el propio mandatario nacional.

Los señalamientos y las agresiones verbales, se vierten principalmente cuando desde los medios de comunicación, se critica a los funcionarios públicos del Gobierno Federal de Morena, o se señalan los yerros en los programas federales, se resalta la estadística de los errores, de la fatalidad en el caso de la inseguridad.

El informe de HRW coincide en que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en cuanto a cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.

“En 2020, periodistas registraron 692 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Este sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento. La organización Artículo 19 informó sobre cinco periodistas asesinados en circunstancias relacionadas con su trabajo entre enero y septiembre de 2021.

“Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde su creación en 2010 hasta agosto de 2021, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar delitos contra periodistas, ha iniciado más de 3 mil 362 investigaciones, presentando 265 cargos por delitos y obteniendo 25 condenas”.

Ciertamente, en ZETA tenemos tres casos de atentados a la libertad de expresión, con víctimas fatales, que permanecen en la impunidad. El primero de ellos data de 1988, el segundo de 1997 y el tercero de 2004, sin contar las posteriores amenazas contra la vida al equipo editorial que actualmente lidera el Semanario.

¿Qué tan vulnerables estarán los derechos humanos de los mexicanos ante la militarización de responsabilides civiles en el Gobierno de la República? ¿Cuánto afectará la no investigación de los crímenes contra los periodistas ante el alto nivel de impunidad para los atacantes? Son respuestas que, desafortunadamente, conoceremos en la medida que se vayan evidenciando casos de abusos, de ataques y las respectivas denuncias ciudadanas.

Hasta la fecha, en su rápido andar de la mano de la milicia, el Presidente de la República no se ha hecho acompañar de una nueva política de respeto a los derechos humanos, o de una estrategia de combate a los delitos y a la impunidad.

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