Por unanimidad del Cabildo de Rosarito, se aprueba la reforma constitucional que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, convirtiéndose en el cuarto y último municipio necesario para concretar la reforma.
El miércoles 1 de diciembre, la votación del Cabildo, convirtió a Rosarito, en el cuarto ayuntamiento en avalar la reforma constitucional propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y respaldada por el Congreso del Estado, que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), por lo que dicha iniciativa ya cumplió con todos los requisitos necesarios para iniciar funciones a partir del primero de enero del 2022.
Toda reforma constitucional requiere el aval de la mayoría calificada de los diputados -es decir, 17 votos- y el respaldo de dos terceras partes de los cabildos, y este miércoles primero de diciembre, el Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa morenista, Araceli Brown Figueredo, se unió a los gobiernos de Mexicali, San Quintín y Tecate; los municipios de Tijuana y Ensenada no han emitido un posicionamiento formal, pero el voto a favor de Rosarito los vuelve irrelevantes jurídicamente hablando.
Regidores del PAN como Silvano Abarca, se manifestaron a favor del proyecto presentado por la gobernadora, toda vez que se trata de un esquema similar al que propuso el PAN en su tiempo, además de que es necesario buscar mecanismos que vengan a beneficiar las carencias que se han generado con la eliminación del Fortaseg.
La regidora Sandra Rocío Jiménez, de Movimiento Ciudadano, aseveró que se ha registrado una cifra importante de homicidios, además de los constantes casos denunciados de policías cometiendo actos irregulares por medio de redes sociales.
El respaldo del resto de las fuerzas políticas fue unánime y sólo se tuvo un pequeño altercado cuando la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, hizo un comentario referente a que los regidores deberían apoyar también así su propuesta para secretario de Seguridad Pública de su municipio.
Esto ocasionó un breve intercambio de palabras entre regidores con la alcaldesa, pero no pasó a mayores ni representó una afectación a la votación, la cual se dio de manera unánime, con el respaldo -incluso- de la presidenta municipal de Rosarito, cuya afinidad se identificaba más con el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien estuvo presionando en contra de la propuesta marinista.
Este aval representa un voto en favor de la actual gobernadora y un desaire a su antecesor, así como un empujón más a la figura del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, cuya fiscalía, en el mes de enero, operará con la mitad del recurso y del personal, cediendo gran parte de su estructura al próximo titular de la SSC, Ricardo Iván Carpio.
En las próximas semanas, los cabildos de Tijuana y Ensenada deberán emitir una opinión al respecto y de no hacerlo, será avalada por medio de la figura de “positiva ficta”, para posteriormente ser nuevamente enviada al Congreso para que los diputados emitan la declaratoria y finalmente sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
