SCJN admite controversia de AMLO contra el INE por posponer revocación de mandato

Destacados lunes, 27 diciembre, 2021 3:53 PM

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite, este lunes 27 de diciembre, una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato.

Las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa dieron entrada a la controversia y concedieron la suspensión a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, no se aclara cuáles son los alcances de la medida cautelar otorgada, ya que todavía no se ha publicado la versión pública de su resolución.

Según fuentes citadas por algunos medios nacionales, el recurso contiene los mismos efectos que la que se concedió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 22 de diciembre, que ordenan al INE realizar el proceso y ajustarse a los mil 503 millones de pesos que le fueron asignados como presupuesto para el 2022.

Las ministras reiteraron el pronunciamiento de que el acuerdo del órgano electoral es violatorio del derecho democrático de la ciudadanía a decidir si quiere o no que el presidente López Obrador continúe en el cargo el resto del sexenio.

A través de la lista de notificaciones, Esquivel Mossa y Ríos-Farjat informaron de la admisión del recurso y notificaron al INE como parte demandada y a las Cámaras de Senadores y Diputados, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) como terceros interesados.

“Vistos el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal [María Estela Ríos González], quien promueve controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, señalaron.

En la SCJN existen otras dos controversias constitucionales relacionadas con la revocación de mandato, una promovida por INE en contra de San Lázaro, en la que reclama el recorte presupuestal de casi cinco mil millones de pesos que realizaron los legisladores a su presupuesto en 2021 y que le impide realizar la consulta.

La otra controversia (224/2021) fue promovida en por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del INE por haber decidido, en una sesión del Consejo General de dicho Instituto, aplazar la realización de la consulta hasta en tanto la SCJN no resuelva si deben otorgársele más recursos.

“En cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de demanda y sus anexos. Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo; y hágase la certificación de los días en que transcurren los plazos otorgados en el presente proveído”, señalaron.

AMLO CELEBRA FALLO DE SCJN QUE OBLIGA AL INE, AJUSTAR PRESUPUESTO PARA REVOCACIÓN DE MANDATO

El pasado 15 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución de José Fernando Franco González-Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Instituto Electoral Nacional (INE) a ajustar su presupuesto para la realización de la revocación de mandato, o de lo contrario caería en responsabilidades penales.

“El INE acudió a la Corte señalando que no tiene presupuesto para realizar la consulta. La Corte resolvió que se tiene que llevar a cabo la consulta, con el presupuesto que cuenta. Que no puede ser ese un motivo o excusa, pretexto, para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia”, señaló.

“[La SCJN] resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación de mandato, se tiene que instalar casillas y se le preguntará a la gente si quiere que continúe en la Presidencia de la República quien ya saben ustedes, si yo continúo en la Presidencia”.

“Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico. Entonces, eso es lo que la Corte está permitiendo, es un avance, porque nos ha costado mucho, se ha batallado bastante para que se establezca la revocación de mandato”, señaló el presidente.

“En el periodo neoliberal, en el discurso demagógico de lo políticos y de los intelectuales orgánicos siempre se habló de la democracia participativa, puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña: consulta, plebiscito, pero era puro choro mareador”, agregó el mandatario nacional.

“Es hasta ahora que se permite para que cualquiera que esté en la Presidencia, a mitad de su mandato se someta a una consulta, y si está mal, para afuera. El que se haya logrado esto es un hecho histórico”, consideró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño hizo un llamado a la ciudadanía a “preparase” para el ejercicio “histórico”, incluyendo a movimientos de oposición, tales como el del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

“Hasta los de FRENAA, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están inactivos, apostando que no se lleve a cabo la consulta me refiero al bloque conservador, en una de esas van a llamar a no votar, imagínense, la antidemocracia al descubierto”, detalló el mandatario nacional.

LA RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE LA SCJN

“El INE deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el Transitorio Cuarto del Decreto de reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación [DOF] el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”, según se publicó, el pasado 14 de diciembre, en las notificaciones de la SCJN.

“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) [cuyo artículo transitorio advierte que el INE debe hacer ‘los ajustes presupuestales que fueren necesarios’ para la realización de la consulta]”, agregó la resolución de Franco González-Salas.

Además, el ministro estableció -en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional que el INE promovió, contra el recorte a su presupuesto de 2022- que tampoco es procedente eximir al Instituto y a su personal de sanciones administrativas, penales o de diversa índole, en caso de que lleguen a incumplir con su responsabilidad legal, al menos hasta que no resuelva de forma definitiva.

Sin embargo, el ministro de la SCJN sí autorizó lo referente a cómo se debe calcular las remuneraciones de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, por lo que podrán mantener los salarios y prestaciones que perciben, tal como lo marca la Ley.

En otra parte del acuerdo, el ministro Franco González-Salas sí le otorga al INE la suspensión provisional, pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejeros y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el presidente de la República, por lo menos hasta que la SCJN resuelva el fondo de esta controversia constitucional.

INE PRESENTA CONTROVERSIA ANTE LA SCJN POR RECORTE DE PRESUPUESTO PARA 2022

El pasado 7 de diciembre, el INE promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -admitida a trámite con el número 208/2021-, en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022), el cual contempla un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por dicha institución.

Según el organismo autónomo, el recorte hecho por el Poder Legislativo “careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal”. Además, señaló el INE, impide el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, como el posible proceso de revocación de mandato que, en caso de ser aceptado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados a la Cámara de Diputados.

El INE agregó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, se incluyó un monto como precaución, tanto para realizar la eventual revocación de mandato como para una nueva consulta popular. Esto siguiendo la resolución de la SCJN, en la que determinó que el INE tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.

“Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna […] Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede por mucho la solicitud, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a los que está obligado”, indicó.

El Instituto Nacional Electoral reiteró que “para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios de legalidad y certeza”. La Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó un ajuste al presupuesto del organismo para 2022 que deberá ser aprobado por el Consejo General, ante el recorte que impuso la Cámara de Diputados, de 4 mil 913 millones de pesos.

El objetivo de esta nueva propuesta es economizar para cumplir con compromisos como las elecciones en seis estados y la organización de la Revocación de Mandato, ya que pesar de los ajustes, faltarían 2 mil 554 millones de pesos para la realización de dicho ejercicio, que requiere de cuando menos 3 mil 830 millones de pesos.

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