“Apóyennos” para evitar la solicitud de ampliaciones presupuestales durante el año, planteó el presidente del TSJ a diputados locales este lunes en comparecencia ante Comisión de Hacienda y Presupuesto; solicitó partida para elementos armados en juzgados de Tijuana
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López, compareció este lunes 13 de diciembre ante diputados de la XXIV Legislatura del estado para exponer el Proyecto de Presupuesto 2022.
El magistrado refirió que para el año entrante el Poder Judicial requerirá mil 422 millones de pesos, a destinarse a gasto corriente y proyectos especiales.
Explicó que para tratar cada uno de los 94 mil asuntos anuales que absorbe el Poder Judicial, se requiere asignarle a cada cual 40 mil 700 pesos, con lo que el financiamiento ascendería a 4 mil millones de pesos, equivalentes al 6% del presupuesto del gobierno del estado.
Sin embargo, mencionó que la administración estatal cuenta con un presupuesto “estresado”, de manera que se inclinó por solicitar los mil 422 millones de pesos, que en comparación con el presupuesto otorgado para 2021 comporta una diferencia de 335 millones.
Recordó que para el año en curso el Congreso del Estado le aprobó al Poder Judicial mil millones de pesos y que en virtud de una serie de comparecencias emprendidas ante legisladores locales en el ánimo de obtener ampliaciones presupuestales se logró un monto total de mil 087 pesos, lo que constituyó el 1.7% del presupuesto de BC.
“Apóyennos”, solicitó Fragozo López a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a propósito sugirió que de aprobarse la cantidad establecida en el Proyecto, pudiera evitarse que a lo largo de 2022 el Poder Judicial recurriera a la necesidad de emprender comparecencias del propio magistrado presidente en el Congreso para pedir que se incremente el presupuesto.
Fragozo López manifestó que para 2022 la cantidad que solicita por el Poder Judicial para Gasto Corriente sube a mil 166 millones de pesos, los cuales se destinarían a la estructura del órgano del Estado (lo ha de absorber 91% del presupuesto) así como a su operación (equivalente al 9% en materia presupuestaria).
Sostuvo que, además, para Gasto Operativo Adicional Regularizable, se requiere 132 millones de pesos, y para Gasto Adicional No Regularizable, 59.8 millones, en tanto que para Gasto Corriente Fondo Auxiliar, 63.4 millones.
Destacó que en el caso de Gasto Corriente, el Proyecto contempla 40 millones de pesos para las plazas de nueva creación por la implementación de la reforma laboral, en cuyo caso las actividades inician el 3 de febrero de en Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín, según puso de manifiesto.
Dijo que de esa cantidad (mil 166 millones de pesos), también se cubriría lo correspondiente a las plazas en los juzgados familiares, en El Hongo y los centros de convivencia familiar que se abrieron este año.
En cuanto al Gasto Operativo Adicional Regularizable expuso que 18.8 millones de pesos irían a Regularización de personal, 18.3 a Juzgado Especializado en Violencia Familiar, 15.2 a Incorporación al Régimen de seguridad social de personal de confianza, 9.9 a Implementación de Seguridad en Edificios, con personal armado, en Tijuana; en este caso recordó que “hace un par de semanas” el Poder Judicial padeció “la sustracción de una abogada de adentro de un juzgado”.
Como parte del mismo rubro 42.3 millones de pesos irían a Reserva para incremento de sueldos y 27.6 a Presupuesto Regularizable Timbrado de nómina, propuso el magistrado presidente.
En el caso del Gasto Adicional No Regularizable, indicó que los 59.8 millones de pesos se contemplan para la construcción de estacionamiento para los Juzgados Civiles de Tijuana. Deploró que hay casos en que los abogados deben esperar más de 30 minutos para estacionarse, lo que ocasiona que se demoren en sus diligencias.
Para el rubro de Gasto Corriente Fondo Auxiliar, Acosta Fragozo expuso que de los 63.4 millones de pesos en cuestión, 63% corresponde a administración de personal, 20% a capacitación y desarrollo y 12% a equipo de administración y otros materiales.
El magistrado definió que el “eje central” del Proyecto de Presupuesto 2022 para el Poder judicial es de “justicia cercana a la gente” y definió el planteamiento presupuestario como “austero y sensato”.
Estableció que en distintas ocasiones se ha reunido con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien expresó que se ha mostrado interesada y “muy empática” a propósito de las necesidades del Poder Judicial.
