Vincular a proceso al ex gobernador Francisco Vega y a sus funcionarios por el quebranto financiero que generaron, descongelar el caso de los moches ocurrido en la administración de Jaime Bonilla, poner en operación la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, crear una Comisión de Víctimas acorde con las necesidades, exigir resultados a la Fiscalía Anticorrupción y contra Delitos Electorales, y reducir la impunidad en el tema de homicidios y feminicidios, son algunos de los temas pendientes que el renunciado ex fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández, heredará a su relevo, que será electo en los próximos 24 días
El 1 de noviembre de 2019, con 23 de 25 votos a favor, Juan Guillermo Ruiz Hernández, dueño de uno de los despachos de abogados más adinerados en Tijuana, y compadre del entonces gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, fue designado como el primer fiscal general de Baja California. El Congreso incluso modificó la Ley para eliminar el límite de 70 años, para que pudiera ocupar el cargo.
Ruiz Hernández fue electo como cabeza de la primera fiscalía “autónoma e independiente” por cinco años. En julio de 2021, con pretexto de homologar con el modelo federal, el ex gobernador intentó ampliar el período de su compadre a nueve años.
Ya como gobernadora electa, previo a su toma de protesta, en octubre de 2021, Marina de Pilar Ávila Olmeda al ser cuestionada respecto a la permanencia del fiscal Ruiz Hernández, ante versiones extraoficiales que le habían solicitado el cargo, respondía que era un tema que “analizaría” y sería “decisión del fiscal”.
La salida se concertó y se concretó a las 11:00 horas del martes 7 de diciembre en la reunión de la Mesa de Coordinación en el cuartel militar en Tijuana, hasta desayuno,
placa y ceremonia de reconocimiento le hicieron, para darle una “salida digna”.
La gobernadora estuvo presente para recibir el documento en el que manifestó su voluntad de renunciar al cargo para el que “fue electo por cinco años”, retiro que deberá surtir efecto el (viernes) 10 de diciembre”. A cambio, Marina Ávila lo reconoció públicamente “por su incansable y destacada labor en la lucha por la seguridad y la paz en Baja California”.
Casi cinco horas después, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el World Trade Center, el aún fiscal ofreció una conferencia en la que realizó una presentación de “sus resultados”, entre los que destacó la reducción de la incidencia homicida en Tijuana de un 15%, pero admitió el incremento en los municipios restantes, así como la disminución de la incidencia en 24% en los últimos dos años de pandemia.
Y aseguró que se va porque, “…bueno, cambiaron las condiciones políticas en el Estado, hay que entender que hay nuevos gobiernos y las políticas que van a seguir estarán a cargo de la gobernadora (…) Yo llegué aquí con un gobernante -Jaime Bonilla Valdez- que es mi amigo, es un ciclo que terminó, hicimos lo mejor, pero dejamos cimientos”.
La Legislatura recibió el documento de
renuncia el miércoles 8 de diciembre, informó el presidente del Congreso, diputado Juan Manuel Molina.
LOS PENDIENTES
Pese al balance positivo de resultados que a su salida presentó Guillermo Ruiz Hernández, el fiscal deja muchos pendientes para el hombre o la mujer que Marina del Pilar Ávila decida que ocupe su lugar.
Con más de 6 mil homicidios en dos años, la “contención” -menos 0.5%- de muertes violentas en los números estatales que llevó a Baja California del segundo al tercer lugar nacional, sigue siendo insuficiente. Tijuana continúa en los primeros cinco lugares de violencia homicida nacional, mientras en este bienio, Ensenada, Tecate y Mexicali, entraron en la lista de los 50 municipios más violentos de México.
Además, a pesar del incremento en la captura de sicarios -de 415 a 884, un 113%-, en Baja California se resuelven sólo 2 de cada 10 asesinatos. Y muchos ataques, más de 5 mil 500, continúan sin ser esclarecidos.
Tal es el caso de la ejecución del comerciante Luis Eduardo Terán Oropeza en diciembre de 2019; el ingeniero Cristian Omar Tamayo López, acribillado el 14 de mayo de 2020; José Eduardo Avilés Quintero, secretario particular del director de Desarrollo Social Municipal del Ayuntamiento de la Paz e hijo de José María Avilés Castro, diputado en Baja California Sur, cometido en agosto de 2021; y las muertes violentas de la niña Zoé, de 11 años, y un escolta del ingeniero Juan Carlos Ojeda Solorio; y el comerciante Francisco Pérez García, abatido en un mercado municipal todas perpetradas en plazas comerciales de Tijuana en septiembre. O el asesinato de Christian Eduardo García Uribe, agente de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) en San Quintín, en mayo de 2021, durante un enfrentamiento entre uniformados y Adrián Barrón Casillas “El Tatuado”, quien fue capturado, pero no ha podido ser responsabilizado por el delito.
También existe una lista de homicidios de policías sin resolver. Lo mismo sucede con las muertes de abogados. Y en Tecate, las muertes del regidor Alfonso Zacarias y el activista Oscar Eyraud Adams.
De acuerdo con datos publicitados por Ruiz Hernández, las capturas de delincuentes de todos delitos aumentó de 8% -más de 8 mil 300 en dos años- y generó una reducción del 24% en la incidencia total, pero esto sucedió durante el encierro parcial en el bienio de pandemia, por lo que el siguiente fiscal será responsable de sostener esta tendencia en semáforo verde.
Sólo la semana que concluye, cuatro niños fueron asesinados en menos de 24 horas en Tijuana, así que otro tema inacabado son los más de 60 menores de edad que han sido acribillados.
Mientras, esperan los resultados positivos de dos proyectos preventivos, las Preparatorias Militares que pusieron marcha este año con 640 alumnos, el plantel de Natura terminado y Tecate a punto de concluir; y el combate a los puntos de venta y reclutamiento de menores para narcomenudeo, con casi 500 órdenes de cateo ejecutadas, y 5 mil maquinitas retiradas y destruidas.
Sin resolver también quedó el primer caso de corrupción del gobierno bonillista, denunciado en noviembre de 2019, en el que se involucró la ex secretaria de Bienestar, Cinthya Gissel García Soberanes; al ex oficial mayor, Jesús Núñez; e incluso al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Expediente que fue congelado por “falta elementos” en abril de 2020.
Asimismo, después de dos años, sigue en proceso la carpeta en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus funcionarios por peculado y un posible quebranto patrimonial por más de mil 700 millones de pesos, “ya judicializamos, el juez dio audiencia para enero de 2022”, expresaría Ruiz Hernández, pero sólo en el caso de los subsecretarios, “porque fueron las primeras denuncias recibidas”.
La atención a los delitos de género también se sostiene como gran pendiente, con más de 620 mujeres asesinadas en poco más de dos años, de las cuales 47 se clasificaron como feminicidio. Asesinatos como el de la enfermera Lucero Rubí en Vicente Guerrero a manos de su ex pareja, Pedro Martínez Castro -se suicidó-, el 24 de septiembre de 2020, después un largo historial de reportes y denuncias penales relacionadas con violencia intrafamiliar, que dio como resultado la Alerta de Género dictada en junio de 2021, se repiten.
Apenas el 11 de agosto, fue asesinada en su consultorio en Tijuana, la dentista María Fernanda Hernández Viera, también por su ex pareja, a quien había denunciado y tenía orden de restricción.
Otro problema que se siguió aplazando, fue la falta de antropólogos forenses, requieren mínimo tres y en dos años únicamente lograron contratar una plaza, justo este mes de diciembre.
Diferida y como responsabilidad para el fiscal entrante, quedó la operatividad de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), creada para perseguir y judicializar delitos como lavado de dinero, a la que se asignaron recursos desde febrero de 2021, pero no ha empezado a trabajar y no tiene resultados.
Igual, Ruiz deja incompleta la mejora de indicadores, el trabajo y los resultados de la Fiscalía Anticorrupción y contra Delitos Electorales, que habían nacido “autónomas”, pero fueron reasignadas a la FGE en abril de 2021, que las unió.
Con los familiares y colectivos de desaparecidos también existen deudas grandes a pesar de las reuniones realizadas este año, y de la habilitación, a partir del 5 de agosto, de la página https://www.fgebc.gob.mx/localizadossinvida, con imágenes de víctimas ingresadas al Servicio Médico Forense, e identificadas por sus huellas digitales.
“Obtuvimos muchas mentiras y promesas a medias”, han reclamado, mientras exigen se apruebe la terna para una verdadera Comisión de Víctimas y un apoyo de la FGE en la búsqueda de desaparecidos sin vida, porque no han recibido respaldo y han debido escarbar y encontrar cuerpos por sus medios.
Como pendiente queda también la responsabilidad de evitar que la FGE sea usada como instrumento de control y revancha por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, como lo hizo su antecesor Bonilla que, apoyado por Ruiz, judicializó carpetas en contra de los ex alcaldes Arturo González Cruz (Tijuana) y Zulema Adams (Tecate), cuando estos no estuvieron dispuestos a seguir sus instrucciones políticas.
PROCESO DE SELECCIÓN
Tras informar que recibieron la renuncia de Guillermo Ruiz Hernández el 8 de diciembre, Juan Manuel Molina, presidente de la mesa directiva del XXIV Legislatura de Baja California, y asegurar que por Ley nadie puede ser obligado a permanecer un puesto público, explicó que se turnó a Comisión y la salida sería aceptada en una próxima sesión plenaria, lo que dará inicio al proceso para elegir a quien ocupará su lugar.
El siguiente paso es notificar formalmente a la gobernadora -quien se enteró antes que el Congreso-, ella tendrá un término de veinte días para enviar la terna con sus propuestas. Posteriormente los diputados contarán con cuatro días para decidir.
Ávila Olmeda puede enviar hasta tres ternas, si los legisladores las rechazan, la mandataria puede designar a quien ella considere conveniente, siempre y cuando el candidato cumpla con los requisitos establecidos por Ley.
“En mi consideración, no creo que se tarde tanto tiempo, pero está en manos de la gobernadora”, comentó Molina, quien a la par, expuso que, dada la renuncia, ya no le corresponde a Ruiz comparecer con relación a su Segundo Informe.
En caso que la Junta de Coordinación Política del Congreso lo requiera, el encargado de despacho dará la cara.
— ¿Hasta dónde llegan las facultades de este encargado?, se le cuestionó a Juan Manuel Molina.
“Su cargo es para cubrir una falta”.
— ¿Puede contratar o retirar personal, modificar políticas o programas?
“Éticamente, no debe hacerlo, él fue dejado en lugar de un fiscal que renuncia, pero entendemos que debería seguir la misma línea y mantener el proyecto mientras llega el titular. Aunque en la Ley, no hay un distingo especifico respecto a los alcances”.
ENCARGADO DE DESPACHO
El fiscal central Hiram Sánchez Zamora, quedó como encargado de despacho en la FGE, de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley Orgánica de la fiscalía. Su permanencia queda determinada por los tiempos de selección del nuevo fiscal general de Baja California.
Durante el proceso de elección, deberá asumir las funciones que tenía Ruiz y las propias.
Una de sus responsabilidades es trabajar en la transición que divide a la FGE para volver a crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), proceso en el que llevan más de tres reuniones con la Secretaría General de Gobierno, Hacienda y Consejería Jurídica, para separar los recursos humanos, financieros y materiales, y transferirlos al Ejecutivo.
Aún no concluye, pero del presupuesto de 3 mil 100 millones de pesos, poco más del 60% corresponderán a la FGE. En cuanto a los agentes, la GESI se quedará con 640 y la Agencia Estatal de Investigación con mil 300.
De acuerdo con los transitorios de la reforma constitucional, la SSC entrará en vigor el 1 de enero de 2022, pero desde el 6 de diciembre se estableció un comité intersecretarial encabezado por la Secretaría General de Gobierno, que no va a concluir el primer día del siguiente año.
“Creo que el proceso de transferencia podría llevarse uno o dos meses para concluirse plenamente, no quiere decir que la SSC no vaya a operar, sólo que algunos trámites financieros podrían llevar más tiempo”, comentó el fiscal Sánchez.
“La idea es que sea el menor tiempo posible, por eso como fiscalía, al integrar el Presupuesto 2022, se dividió por ramos (14), de manera que rápido pueda identificarse cuál recurso es de la FGE y cuál de la SSC”.
— ¿Cuáles serán las funciones como encargado de despacho?
“Hay un plan de persecución penal y un Plan Operativo Anual (POA), con metas que estamos siguiendo y las hemos superado, me falta alguna fiscalía, como la de Rosarito, que va aún en números rojos, los demás van a cumplir y exceder la meta establecida de integración de carpetas de integración, judicializaciones, obtención de órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias.
“De parte de los agentes del Ministerio Público encontramos un abandono de los juicios de amparo que se promovían en su contra -lo que resultaba en la liberación e imputado-, no se enteraba; se estableció una Dirección de Amparos, que apenas está en crecimiento, para que los analice e intervenga y el MP asuma su rol de defender el caso en los juicios de amparo.
“También continuaremos el trabajo de empatar el de los agentes del Ministerio Público con los agentes estatales de Investigación, para abatir el rezago en las carpetas y los estamos midiendo en eficiencia y efectividad. Estamos trabajando con los agentes y la Unidad de Ciencias Forenses, que está sobresaturada, para que soliciten sólo los dictámenes que realmente requieran para la investigación para que eficienticen el proceso, y no lo hagan sólo por protocolo. Que no se la pasen enviándose solicitudes que tardan dos meses en responder”, respondió Hiram Sánchez Zamora.
“Una de las quejas ciudadanas, es por la demora en la integración de las carpetas que genera impunidad, y la base para reducir la incidencia, es reducir la impunidad, y sólo se puede hacer judicializando sin simulación los expedientes”, agregó.
Para el encargado de despacho, actualmente el mayor avance de la FGE es la integración, judicialización y vinculación de imputados. “Al cierre de este año hemos logrado muchísimas sentencias condenatorias, el 7 de diciembre se dictó una sentencia de 60 años por un delito de carácter sexual, que va a ser histórico”, puntualizó.
