Se pasaron 3 millones de pesos por un inmueble en el municipio de Tijuana, el cual se encontraba en condiciones deplorables y sin capacidad para arrancar operaciones.
Presuntos actos de corrupción en torno al arrendamiento de un inmueble donde se pretendía instalar el Centro de Conciliación de Justicia Laboral, fueron exhibidos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la conferencia de prensa mañanera realizada este jueves 2 de diciembre en las oficinas del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de Mexicali.
Ahí, la mandataria estatal dio a conocer que los motivos por los que se retrasó la implementación del nuevo esquema de justicia laboral en Baja California, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque el pasado gobierno de Jaime Bonilla Valdez, abandonó el proyecto por completo, y para el 3 de noviembre -fecha en que se tenía previsto su arranque- no se contaba con instalaciones, recurso ni proyectos al respecto, por lo que se tuvo que solicitar una prórroga.
En la conferencia de prensa, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) Alejandro Arregui, cuestionó la labor del hoy diputado Sergio Moctezuma Martínez, sobre su desempeño para impulsar este proyecto cuando fue titular de la dependencia, y afirmó que las instalaciones del local que se arrendó para instalar el centro de conciliación, no contaban con absolutamente nada para poder operar.
“Podemos observar locales destruidos y se dispuso 23 mdp para estos locales y desde el día 1 son inviables para cualquier entidad pública. Hay que dejar sin efecto los procedimientos”, refirió el ex priista.
Sin embargo, omitió mencionar que el cierre de la administración bonillista tuvo como titular de la STPS a Luis Javier Algorri.
Comentó que el contrato fue firmado días antes de concluir la administración y se destinó el pago de 3 millones de pesos por dicho concepto, de los 27 que otorgó el Gobierno de México para habilitar el inmueble y arrancar operaciones.
Mientras exponían este punto, la gobernadora y el funcionario mostraban imágenes del inmueble, el cual se encontraba en total abandono, por lo que decidieron iniciar una auditoría profunda sobre este tema para deslindar y -en su caso- fincar responsabilidades.
También comentó que el pasado gobierno desaprovechó el proyecto federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, al ubicarse en el último lugar en la recepción de apoyos de este programa, debido a la falta de gestión del mismo.
Analiza Marina poner fin al contrato del WTC de la FGE y a tres contratos plurianuales
En otro tema, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, comentó que ahora que cuenta con las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) analizarán la forma de rescindir el contrato de arrendamiento de la Fiscalía General del Estado ubicado en el World Trade Center, el cual cuesta 4 millones de pesos al mes.
Comentó que existen varias oficinas de gobierno de la propia FGE donde pudiera acercarse el cambio del inmueble, pero comentó que todavía no se cuenta con una fecha definida, toda vez que el Poder Judicial ya instaló algunas oficinas en este edificio arrendado.
“En pro de la austeridad y de un mejor servicio, lo hagamos de manera coordinada y lo traemos el análisis, lo revisa el secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, como vamos a atender el World Trade Center y hasta que encontremos otro lugar”, dijo la mandataria..
El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno, comentó que la administración actual se encuentra analizando rescindir tres contratos plurianuales otorgados durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, el primero de ellos el relativo a la proveeduría de alimentos dentro de los penales de Baja California; el segundo es el tren Interurbano en Tijuana ; y el tercero a la Planta Fotovoltáica, en los que se analiza el esquema en que fueron contratados para intentar revocarlos sin la necesidad de pagar una fuerte suma de dinero a las empresas.
