Ante la falta de acciones concretas, pareciera que la administración encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no tiene interés suficiente en responsabilizar a los funcionarios del bienio del ex mandatario y compañero morenista, Jaime Bonilla Valdez, de las irregularidades perpetradas, las cuales dejaron el erario mermado.
Si no hay un pacto entre los dos, lo parece, continúan hablando de contratos multianuales onerosos y desventajosos, de cancelarlos o modificarlos, de gastos excesivos, falta de pagos y ausencia de recursos en las arcas estatales, pero el actual gobierno continúa sin denunciar a los responsables de estas faltas.
A partir de la primera semana de noviembre, Ávila Olmeda anunció que solicitó investigar a su antecesor.
Adicionalmente, en su Artículo 6, la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California establece: “Los titulares de los poderes del Estado y Municipios y los servidores públicos que ocupen cargos hasta el nivel de director de área o su equivalente en el sector paraestatal o paramunicipal, están obligados en los términos de esta Ley a entregar al servidor público entrante un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo, al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija la materia; para la Entidad, dependencia o departamento de que se trate.
“Así mismo, el servidor público entrante, está obligado a recibir el informe y acta respectiva y a revisar su contenido.
“La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos señalados en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la firma del documento; para efectos de determinar la existencia de irregularidades, en su caso”.
Los que reciben, deben reportar las irregularidades detectadas o se convierten en corresponsables, y como los marinistas tomaron posesión el 1 de noviembre, a la fecha han transcurrido 40 días naturales y 30 laborables, sin que hayan tomado medidas formales para denunciar.
En la primera conferencia mañanera de la gobernadora, el 2 de diciembre, habló de algunos contratos abusivos firmados por la administración anterior, que invadieron su esfera y serán anulados o renegociados, pero ni una palabra de denunciar o demandar judicialmente.
Como la renta de oficinas -no aptas- en Plaza Fimbres de Mexicali y otras más en la Plaza Viva Tijuana para la instalación de cuatro Centros de Conciliación Laboral, usando 3 millones de pesos de los 24 entregados por el Gobierno Federal.
También refirió la suspensión del Tren Interurbano de Tijuana, pero el mismo día, representantes de BCE Expressway, explicaron que seguían en coordinación con el gobierno y dispuestos a renegociar.
Igual expusieron la cancelación del contrato con Worldwide Environmental Products, Inc para verificación vehicular, entregado en julio y que debió empezar a funcionar el 1 de octubre, y cuyos ingresos no están considerados en el Presupuesto 2022. Y el de La Cosmopolitana, que alimentaba a los internos de los Centros de Readaptación Social.
En al caso de la planta fotovoltaica -6 mil millones de pesos con Next Energy, dos veces más cara que otros proyectos similares – aprobada por Bonilla, el 1 de diciembre los marinistas dijeron que cancelarían la construcción y, una semana después, Ávila se retractó, argumentando que “técnicamente es un buen proyecto”.
De los malos manejos en la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), hablaron recién en la conferencia del 8 de diciembre. La gobernadora y el secretario de Hacienda estatal, Marco Antonio Moreno Mexía, expusieron que la administración anterior dejó una deuda de 5 mil millones de pesos por créditos bancarios, proveedores y pago de energía en la Comisión Estatal de Servicios Públicos.
Nada tampoco, respecto a la indagatoria de las cobranzas de presuntas deudas vencidas de agua de la empresa Fisamex, o de su supuesto trabajo en el Estado cuando ya había vencido su contrato.
Menos se ha hablado del contrato de 3 millones 763 mil 476 pesos mensuales que la Fiscalía General del Estado, encabezada por el recién renunciado Guillermo Ruiz Hernández, pagó a partir de julio de 2020 a uno de sus clientes por las instalaciones del World Trade Center, quien antes de irse, pidió a la Oficialía del Estado desalojar el inmueble, por lo menos el quinto piso, ante el próximo vencimiento del convenio.
De la investigación que lleva la Fiscalía General de la República por sustracción ilegal de medicamentos con fentanilo, en contra de empleados del Issstecali y el ex secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, la gobernadora sólo ha dicho que estará pendiente, pero no menciona alguna indagatoria adicional interna.
Los marinistas tampoco han mencionado acción alguna para suspender las notarías regaladas por Bonilla, en procesos poco transparentes a sus allegados, como a su padrino político, el hoy fallecido Xicoténcatl Leyva Mortera; a su hijo, Xicoténcatl Francisco Leyva Borja; a Jorge Alberto Larrieu Creel, yerno del fiscal Ruiz, quien también es su compadre, entre otros.
Total, que las ilegalidades e irregularidades reclamadas durante el accidentado proceso de entrega-recepción en el que los funcionarios bonillistas se resistieron a revelar información relevante que evidenciaba el desaseo de las finanzas, continúa sin ser documentado al punto de la denuncia. Y ni hablar de la identificación de los presuntos responsables.
