Es un hecho que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, está trabajando para dar marcha atrás al carísimo contrato para una planta fotovoltaica que Jaime Bonilla antes de concluir su bienio, no sólo porque es oneroso para la administración de Baja California -al costar 44 mil 300 millones de pesos que se deben pagar en los próximos 30 años-, sino que además es inconveniente e irregular, al no contar con los permisos que otorga la Secretaría de Energía del Gobierno de México. Pero resulta que Bonilla y el grupo Next Energy, que concentra a empresas a “trabajar” en el proyecto, dejaron “amarrado” su proyecto, determinando que en caso de cancelación se deberían pagar unos certificados de inversión por 6 mil 493 millones de pesos. Pero tales certificados de inversión, se pagarían dos veces, pues en el contrato se ajustaron en una fórmula al “avance financiero teórico” del proyecto, con lo que los certificados por 6 mil 493 millones de pesos, se convierten en una obligación de repago de 11 mil 886 millones de pesos a partir de marzo. Tan seguro estuvo Bonilla de su amarre del contrato, que dejó un fideicomiso irrevocable ante Hacienda, que garantiza esos pagos a partir del tercer mes del año, con el 19.5% proveniente de participaciones federales, dos tercios del Impuesto Sobre Nómina y la totalidad de los ingresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Así nada más la ventajosa medida de Bonilla, que quitar recursos a la actual administración, para entregarlos a un grupo que no tiene ni permisos para el desarrollo de la obra. En este trabuco financiero y legal, trabajan actualmente en la administración de Marina para destrabarlo y cancelarlo, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y expertos abogados. Ahora sí que, a costa del erario, de las participaciones federales y de la CESPT, Bonilla institucionalizó el abuso para su último capricho: la planta fotovoltaica.
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