El Sistema Anticorrupción exhorta a la XVI Legislatura a bajar la reforma al plano estatal para que las designaciones importantes que están en vísperas, entre estas las del fiscal Anticorrupción, se realicen en total apego a los principios de transparencia que marcó la Corte
Luego que diversas personas, físicas y morales, promovieran un juicio de amparo indirecto en contra de la imposición de un mecanismo de votación por cédula secreta sobre un dictamen de reforma constitucional, atribuible a diversas autoridades adscritos al Poder Legislativo de una entidad federativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó eliminar esta barrera de transparencia en los mecanismos de elección en todos los congresos de la República.
Con cinco votos a favor, la SCJN resolvió el amparo en revisión 27/21. Ahora las y los legisladores ya no podrán ocultar el sentido de sus decisiones al momento de elegir magistrados, fiscales, comisionados de institutos de Transparencia y Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción.
No obstante, el Congreso de Baja California Sur no contempla la armonización correspondiente para desaparecer el voto secreto por cédula en la elección de cargos que recaen en el Poder Legislativo, a pesar que se aproxima la designación del fiscal Anticorrupción y el Comité encargado de llevar el proceso.
Según el documento con registro digital 2023804, quienes interpusieron el amparo calificaban el voto secreto de las y los diputados como una violación al derecho a participar activamente en la dirección de los asuntos públicos del Estado. Asimismo, enfatizaron afectaciones directas a la libertad de expresión y el acceso a la información.
La tesis de jurisprudencia 42/2021 fue aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en sesión privada, el 10 de noviembre y publicada el día19 del mismo mes en el Semanario Judicial de la Federación.
En ella, la Primera Sala subrayó que la labor de quienes ocupan una curul en los congresos locales tienen una responsabilidad de gobierno que debe configurarse bajo los principios de transparencia y acceso a la información.
La Primera Sala de la SCJN determinó que el trabajo de las y los legisladores constituye una tarea de gobierno que debe configurarse bajo los principios de transparencia y acceso a la información, en un pleno ejercicio de rendición de cuentas por parte de las y los gobernantes.
El documento expone que cuando la actividad parlamentaria se realiza sin transparencia, el Poder Legislativo deja de cumplir con su obligación de representar.
La elección más reciente en el Congreso de Baja California Sur se llevó a cabo a mediados de octubre, cuando las y los 21 diputados de la XVI Legislatura votaron de forma secreta para designar a Abigail Jiménez Montalvo como nueva magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
En este escenario, activistas y representantes del Sistema Estatal Anticorrupción ya presionan para que las siguientes votaciones no se ejecuten sin saber el sentido de las decisiones de quienes tienen en sus manos la labor de legislar y representar.
CONGRESO ARMONIZARÁ HASTA EL SIGUIENTE PERIODO
Al cuestionar sobre el tema al diputado del Partido del Trabajo (PT) que fungió como presidente de la Mesa Directiva durante el Primer Periodo Ordinario de la XVI Legislatura, Cristian Agúndez Gómez, expuso que, como sucede regularmente, esta determinación de la SCJN se debe adaptar al plano estatal.
Explicó que la reforma debe trabajarse en el Congreso local a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado José María Avilés Castro, de Morena.
Agúndez Gómez coincidió en el dicho del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “La vida pública se tiene que hacer cada vez más pública”, pronunciándose a favor de la decisión de la Primera Sala.
“La transparencia es más recurrente en estos tiempos, la claridad también con la que se da la información a la ciudadanía está aumentando. Creo que es bueno, que está bien adoptar estas medidas para que se le dé más transparencia y claridad a la ciudadanía en cualquier ámbito, en cualquier iniciativa, reforma, proyecto de decreto”, expresó.
ZETA cuestionó a José María Avilés sobre cuándo será una realidad la eliminación del voto secreto por cédula en el Legislativo. Confirmó que el tema se trabajará hasta el siguiente periodo ordinario, que inicia en marzo de 2022.
Argumentó que la prioridad en el cierre del año se enfocó en los presupuestos de egresos del gobierno estatal y de los cinco ayuntamientos, no obstante, “me parece que, en términos de cualquier asunto, sobre todo en el Congreso, que tenga ser más público, que se tenga que plantear qué es lo que estás votando y qué es lo que no estás votando, creo que es mejor el hecho de que sea abierto en lugar de que sea secreto.
“Espero que sí, acuérdate que es un asunto de que tenemos que ir tomando las decisiones en cada uno de los grupos políticos, vamos a tocarlo en la propia Junta de Coordinación Política y el pleno habrá de decidirlo”, concluyó.
URGE QUE CONGRESO LEGISLE EL TEMA: CPC
El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Moore Valdivia, enfatizó que la transparencia es un tema de urgencia. Por ello, exhortó a las y los legisladores para que lleven a cabo la legislación correspondiente para desaparecer este opaco mecanismo de selección a la mayor brevedad posible.
“Vimos con muy buenos ojos esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el que a través de una jurisprudencia mencionan la necesidad de que los ciudadanos podamos contar con congresos en los cuales se legisle a favor de que se elimine el voto secreto por cédula y tener así decisiones públicas”, manifestó.
Moore recalcó que se trata de la transparencia que necesita la ciudadanía de los representantes al momento de tener designaciones públicas. Esto, reitera, ayudará a conocer perfiles de prospectos de altos funcionarios: estudiarlos, si tendrán capacidad moral, profesional, ética para ocupar un cargo público y saber quiénes son las y los legisladores que los respaldan con el voto.
“Es muy importante para nosotros como sistema, contar con designaciones públicas, transparentes, abiertas, para que así los ciudadanos estemos enterados, en primera instancia, de quiénes son los candidatos o candidatas que vayan asumir una responsabilidad pública y que en un momento dado vayan a ser designados por alguna autoridad del Poder Ejecutivo o Judicial”, dijo.
“Otro sentido: favorecer la transparencia que busca el Sistema Estatal Anticorrupción, es saber qué hacen por la población que están representando”, agregó.
En ese contexto, la figura más importante que está en vísperas de ser elegida es la del fiscal Anticorrupción, por lo que el CPC interviene para que, cuando se realice la votación, se apliquen las jurisprudencias que mandata la Corte.
“Pero no sólo en este cargo, sino en todos, existe urgencia para que el Congreso acelere la legislación como se debe hacer”, sostuvo Jorge Moore.
DESIGNACIÓN DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN, ESTANCADA
A pesar de que las y los integrantes del CPC han insistido y presionado al Poder Legislativo tanto en la XV como en la XVI Legislatura, el proceso de designación del fiscal Anticorrupción ha quedado en exhortos.
Hubo reuniones con diputados y diputadas, también pronunciamientos en tribuna para recalcar la urgencia de poder emitir la convocatoria, pero “hasta ahí”, asegura Jorge Moore Valdivia.
“Hasta ahí vamos, lo vemos con muy buenos ojos, sin embargo, hasta este momento no ha avanzado de esos pronunciamientos que se han mencionado en el Congreso. Hasta ahí vamos, no hemos tenido, al menos yo como presidente del Comité de Participación Ciudadana, todavía la invitación para conformar el Comité de Selección”, señaló.
¿Cuál es el procedimiento? Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Baja California Sur fundamentan que, para nombrar un fiscal, la Mesa Directiva del Congreso del Estado debe nombrar una Comisión de Selección, la cual estaría conformada por un representante del Poder Judicial del Estado, el presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, un representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), un representante de la Asociación o Colegio de Abogados con mayor número de miembros y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Una vez conformada correctamente, la Comisión de Selección emitirá la convocatoria en toda la entidad.
Para ser titular del Sistema Estatal Anticorrupción se exigen diversos requisitos, entre ellos, haber cumplido 35 años de edad al día de la designación, tener título de Licenciado en Derecho y haber ejercido profesionalmente como mínimo durante 10 años.
“Es muy importante que el nombramiento de este próximo fiscal sea transparente, abierto, público; que no haya estos votos secretos, que finalmente se llegue a nombrar a alguien sin haberlo estudiado, sin haberlo conocido, sin saber quién va a estar a cargo del combate de la corrupción”, finalizó.
